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Francia verificará honradez de altos cargos antes de su nombramiento

Recordó que el Parlamento está trabajando sobre la forma en que se puede controlar a los candidatos electorales.

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El presidente francés, François Hollande, anunció este martes un reforzamiento del dispositivo contra la corrupción que incluye, entre otras medidas, la verificación de la honradez de las personas que vayan a ocupar un alto cargo antes de su nombramiento.

«Habrá que proceder a verificaciones antes de todos los nombramientos más importantes» para evitar que se descubran irregularidades cuando ya estén en funciones, señaló Hollande en un discurso ante los cuerpos constituidos y ante los órganos de dirección de las dos cámaras parlamentarias.

Se da la circunstancia de que el presidente, en septiembre pasado, tuvo que destituir a un secretario de Estado, Thomas Thévenoud, sólo nueve días después de su nombramiento cuando se supo que no había hecho su declaración de impuestos durante años.

Además, a comienzos de 2013 había tenido un caso políticamente más grave con su entonces ministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, al descubrirse que había evadido impuestos a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Hollande avanzó que «se ampliarán las reglas deontológicas a todos los actores públicos, tanto funcionarios como magistrados», y que eso se recogerá en un proyecto de ley que se debe tramitar próximamente.

A ese mismo respecto, recordó que el Parlamento está trabajando sobre la forma en que se puede controlar a los candidatos electorales.

El presidente indicó igualmente que ha encargado a su ministro de Finanzas, Michel Sapin, la preparación de una proposición legislativa «sobre la transparencia» en la economía.

En paralelo, reactivó la idea de una reforma constitucional para dotar al Consejo Superior de la Magistratura (el órgano de gobierno de los jueces) de competencia para la designación de los fiscales que incremente la independencia del Ministerio Público.

El jefe de Estado hizo hincapié en que desde su nombramiento en mayo de 2012 ha vigilado para que el Ejecutivo «no interfiera nunca» en los procedimientos judiciales ni tampoco en el nombramiento de los fiscales, porque es «la garantía de una relación de confianza» entre los dos poderes.

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