Human Rights Watch acusó este miércoles a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía venezolana de cometer ejecuciones extrajudiciales, especialmente en comunidades de bajos recursos, y señaló que desde 2016 casi 18.000 personas murieron en lo que denominaron como resistencia a la autoridad.
«En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa en Washington.
«En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro», subrayó Vivanco.
En concreto, citó el caso del barrio de Petare, en el este de Caracas.
Desde 2016, explicó, casi 18.000 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta resistencia a la autoridad, según el cómputo de datos oficiales aportado por el propio Ministerio del Interior venezolano.
El ministro de Interior, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 4.998 de esos casos ese mismo año, frente a los 5.995 de 2016.
En 2018 la cifra ascendió a 7.000, y en los primeros cinco meses de 2019 se han registrado 1.560, de acuerdo a datos del propio Gobierno venezolano.
Vivanco señaló que las circunstancias de las ejecuciones en los casos que documentó HRW son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet.
Por ello, urgió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear una misión especial de investigación para Venezuela dedicada a identificar a los responsables de esta violación de los derechos humanos.
Venezuela atraviesa una escalada de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de seis años, que no reconocen ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional.
