HRW: gobierno emplea tácticas brutales contra los venezolanos

Humans Rights Watch (HRW) publicó su informe de 2019 la organización describió el Estado crítico de Venezuela, que es ya similar al de un Estado fallido.

Humans Rights Watch (HRW) publicó su informe de 2019 la organización describió el Estado crítico de Venezuela, que es ya similar al de un Estado fallido.

Según el informe desde hace dos años existe un «impasse» político. El informe en su capítulo Venezuela reza:

«No quedan instituciones independientes en el gobierno de Venezuela que puedan actuar como contrapoder del Ejecutivo. Una serie de medidas emprendidas por los gobiernos de Maduro y Chávez controlaron a cortes y jueces que no tienen independencia», indica.

«El gobierno reprime a los disidentes que manifiestan en las calles, muchas veces por vía violenta, también encarcela a opositores y los procesa ante la justicia militar. También arrebató el poder al Parlamento que controla la oposición».

Asimismo señala: «En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución para crear el primer mecanismo de investigación internacional para investigar las atrocidades cometidas en Venezuela».

Por último también se refiere a la severa escasez de medicinas, insumos médicos y alimentos. «La escasez deja a los venezolanos sin capacidad de alimentar adecuadamente a sus familias o de tener acceso a cuidados médicos básicos. El éxodo masivo de venezolanos hace que el el país sufra la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina».

El texto explica que en el país hay una política de prácticas brutales contra la ciudadanía, malas condiciones de prisiones, impunidad ante las violaciones de derechos humanos, acoso de funcionarios a defensores de derechos humanos y de medios independientes.

Estos son algunos de los puntos que señala HRW:

Crisis de los refugiados

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que, hasta noviembre, aproximadamente 5 millones de los 30 millones de venezolanos estimados huyeron de su país desde 2014. Muchos más que no han sido reportados por las autoridades también se han ido.

Las causas del éxodo incluyen crisis políticas, económicas, de derechos humanos y humanitarias simultáneas. Además de aquellos que califican para el estatus de refugiados por temor a ser perseguidos, muchos no pueden o no quieren regresar debido a la emergencia humanitaria que enfrentan en su país, que incluye la dificultad de acceso a alimentos, medicinas y tratamiento médico.

Muchos están en condición irregular lo que los expone a explotación e impide que puedan acceder a planes de refugio y asistencia de países receptores.

Persecución de oponentes políticos

El gobierno venezolano encarceló a los opositores políticos y los descalificó para que se presenten a las elecciones. En noviembre, las prisiones y las sedes de inteligencia venezolanas albergaron a casi 400 presos políticos, según el Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penales.

Las fuerzas de inteligencia y seguridad venezolanas han detenido y torturado a personal militar acusado de conspirar contra el gobierno. Las autoridades también han ido por los familiares de algunos sospechosos para determinar su paradero.

Algunos detenidos fueron torturados para obligarlos a proporcionar información sobre presuntas conspiraciones.

Ataques contra manifestantes

En dos acciones de represión en 2014 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados progubernamentales llamados «colectivos» -bandas paramilitares y parapoliciales- atacaron las manifestaciones, a algunas de las cuales asistieron decenas de miles de manifestantes.

El personal de las fuerzas de seguridad disparó a los manifestantes a quemarropa con municiones para controlar los disturbios, golpeó brutalmente a las personas que no ofrecieron resistencia y realizó violentas redadas en edificios de apartamentos.

Las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra los detenidos, que en algunos casos equivalen a tortura, como palizas severas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.

En 2019, las fuerzas de seguridad respondieron con violencia a las protestas en apoyo de Guaidó, disparando perdigones o munición real a corta distancia contra los manifestantes. Cientos de personas fueron detenidas y docenas asesinadas en varios incidentes en enero y mayo.

El Foro Penal cuenta más de 15.000 personas detenidas desde 2014 en relación con las protestas, entre manifestantes, transeúntes y personas que fueron sacadas de sus casas sin orden judicial.

Alrededor de 8.900 fueron liberados condicionalmente hasta noviembre, pero siguen siendo objeto de enjuiciamiento penal. Más de 840 civiles han sido procesados por tribunales militares, en violación del derecho internacional.

Muchos otros detenidos en relación con las protestas o el activismo político siguen bajo arresto domiciliario o detenidos, en espera de juicio. Otros se han visto obligados a exiliarse.

Asesinatos extrajudiciales

La policía y las fuerzas de seguridad han matado a casi 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta “resistencia a la autoridad” desde 2016.

El Ministro del Interior Néstor Reverol informó en diciembre de 2017 que había 5.995 casos de este tipo en 2016 y 4.998 en 2017. Las fuerzas de seguridad venezolanas mataron a cerca de 7.000 personas en incidentes que, según ellas, eran casos de «resistencia a la autoridad» en 2018 y en los primeros cinco meses de 2019, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).

Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas arrasaron con comunidades de bajos ingresos durante lo que se conoció como la «Operación de Liberación y Protección del Pueblo» (OLP).

Las fuerzas de seguridad que participaron incluyeron a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Científica, Penal y de Investigación Criminal (CICPC) y la policía estatal.

Estas redadas dieron lugar a denuncias generalizadas de violaciones como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, malos tratos a los detenidos, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

La FAES, una fuerza policial especial creada en 2017 para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazó a las OLP en las operaciones de seguridad. Han cometido violaciones atroces, incluyendo asesinatos y torturas, con impunidad en comunidades de bajos ingresos que ya no apoyan a Nicolás Maduro.

Impunidad por los abusos

Las autoridades venezolanas informaron de que, hasta junio de 2019, 44 personas habían sido detenidas y se habían emitido 33 órdenes de detención contra personas presuntamente responsables de asesinatos durante las manifestaciones de 2017 y 2019.

Las autoridades afirman que se condenó  a 5 agentes de las FAES por intento de asesinato y otros delitos perpetrados en 2018, y que se investiga a otros 388 agentes de las FAES por supuestos delitos cometidos en 2017 y 2019.

Sin embargo, la impunidad por los abusos de los derechos humanos sigue siendo la norma.

Independencia judicial

Desde que el ex presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo una toma de posesión política del Tribunal Supremo en 2004, el poder judicial dejó de funcionar como una rama independiente del gobierno.

Los miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de la separación de poderes y han defendido sistemáticamente políticas y prácticas abusivas.

Emergencia humanitaria

Los venezolanos y venezolanas se enfrentan a una grave escasez de medicinas, suministros médicos y alimentos, lo que socava gravemente su derecho a la salud y a la alimentación.

En 2017, el ministro de Salud venezolano dio a conocer datos oficiales que indican que durante el año 2016 la mortalidad materna se había incrementado en 65%, y la infantil en 30%. Días después, despidieron al ministro de salud. Desde entonces, el gobierno no publica boletines epidemiológicos.

El sistema de salud venezolano está en total colapso, con la reaparición y propagación de enfermedades prevenibles por vacunación previamente declaradas eliminadas, como el sarampión y la difteria, y el aumento de los brotes de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis.

Las investigaciones realizadas por organizaciones y universidades venezolanas documentan altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil entre los venezolanos.

Asamblea Constituyente

En 2017, el presidente Maduro convocó una «asamblea constituyente» por decreto presidencial, a pesar de que la Constitución exige que se celebre un referéndum público antes de cualquier esfuerzo por reescribir la Constitución.

La asamblea está compuesta exclusivamente por partidarios del gobierno elegidos a través de una elección que, según Smartmatic, una empresa británica contratada por el gobierno para verificar los resultados, había producido resultados cuya exactitud no podía garantizar.

La asamblea constituyente ha reemplazado en la práctica a la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, como el poder legislativo del país. En 2019, levantó la inmunidad parlamentaria de varios legisladores de la oposición y extendió su mandato hasta diciembre de 2020.

Libertad de expresión

Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y abusado de su poder para regular los medios de comunicación y reducir el número de medios de comunicación disidentes.

El gobierno puede suspender o revocar las licencias a los medios privados si «conviene a los intereses de la nación», suspender arbitrariamente los sitios web por el delito vagamente definido de «incitación» y penalizar la expresión de «falta de respeto» a los altos funcionarios del gobierno.

Aunque unos pocos periódicos, sitios web y emisoras de radio critican al gobierno, el temor a represalias hizo que la autocensura sea un problema grave.

Durante los hechos del 30 de abril en el que hubo un movimiento cívico militar, las autoridades venezolanas quitaron la CNN y la BBC de la televisión por cable. Los principales grupos de defensa de la libertad de prensa en Venezuela informaron de amenazas de muerte y ataques a periodistas que cubrían manifestaciones, incluyendo palizas y disparos de perdigones a quemarropa.

Defensores de los Derechos Humanos

Las medidas del gobierno para restringir el financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales combinadas con las acusaciones infundadas de funcionarios del gobierno y partidarios de que los defensores de los derechos humanos tratan de socavar la democracia venezolana crean un ambiente hostil que limita la capacidad de los grupos de la sociedad civil para promover los derechos humanos.

En 2010, la Corte Suprema dictaminó que las personas u organizaciones que reciben financiación extranjera se procesaran por traición.

Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impedía que las organizaciones que defienden los derechos políticos o monitorean el desempeño de los organismos públicos recibieran ayuda internacional.

Discriminación política

Las personas que apoyaron los referendos sobre las presidencias de Chávez y Maduro se les despidió de sus puestos de trabajo en el gobierno. Un programa del gobierno que distribuye alimentos y productos básicos a precios reducidos se le señala, con credibilidad, de discriminar a los críticos del gobierno.

Condiciones carcelarias

La corrupción, la débil seguridad, el deterioro de la infraestructura, el hacinamiento, la insuficiencia de personal y los guardias mal entrenados permiten a las bandas armadas ejercer un control efectivo sobre las poblaciones de reclusos. El uso excesivo de la detención preventiva contribuye al hacinamiento.

"La crisis venezolana es una de las peores en la historia latinoamericana"

El economista y director de la banca de inversión Torino Capital, Francisco Rodríguez, lamenta que el gobierno no haya aplicado algunas de las recomendaciones de la Unasur en materia económica. Dijo que de ejecutarse “el plan de estabilización expansiva, la economía iba a crecer de manera rápida”. Sostiene que el BCV forma parte de un equipo económico y de un gobierno que no sabe qué hacer con la economía.