Capriles será destituido, pero puede apelar ante el Tribunal Supremo

La Contraloría General de la República inhabilitó políticamente por 15 años para ejercer cargos públicos al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles. El también líder de la oposición y ex candidato presidencial será destituido del cargo, de acuerdo con el procedimiento. También podrá recurrir la sanción extrema en los próximos 15 días ante el propio Contralor General y en última instancia en 180 días ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según el oficio en el que se le notificó la decisión de esta dependencia del gobierno de Nicolás Maduro.

Capriles será destituido, pero puede apelar ante el Tribunal Supremo

El oficio N 08-01 793, de la Dirección de Procedimientos Especiales de la Contraloría, fechado este 7 de abril, recoge la notificación de «inhabilitación del ejercicio de funciones públicas» por 15 años a partir de la fecha.

Tiene 15 días para recurrir ante el contralor general de la República y 180 días para hacerlo ante el TSJ, el mismo organismo controlado por el chavismo que libra una encarnizada batalla legal en contra de la ya aniquilada Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría absoluta.

La resolución 01-00-000239, firmada por el contralor Manuel E Galindo, cita una serie de lo que califica como «irregularidades administrativas», ocurridas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y en el primer trimestre de 2013 en sus funciones como gobernador de Miranda.

Se le acusa de haber actuado de manera negligente con el presupuesto del estado Miranda; de haber celebrado sin permiso tres convenios de cooperación internacional con las embajadas de Polonia y de Gran Bretaña para acondicionar canchas deportivas y financiar proyectos promotores de la paz escolar, «lo que trajo como consecuencia ingresos extraordinarios a la gobernación» por Bs 96.630 en los ejercicios de 2010 y 2011, que fueron reflejados como donaciones y subvenciones.

También se le culpa de haber seleccionado contratistas se servicios por adjudicación directa y no por concurso abierto, y de cometer irregularidades en la adquisición de un seguro funerario para los trabajadores de la gobernación.

Más temprano, el propio  dirigente opositor había informado de la sanción a través de su cuenta en Twitter y posteriormente convocó una rueda de prensa.

«URGENTE: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una INHABILITACIÓN por 15 años», escribió Capriles en Twitter.

La inhabilitación contra el gobernador se conoce luego de que la Contraloría General multara al funcionario por «reconducción presupuestaria» el pasado martes 4 de abril.

Esta medida supone que el dos veces candidato presidencial no podrá postularse para las elecciones presidenciales de 2018.

De acuerdo al Código Penal Venezolano, la inhabilitación política es una sanción administrativa grave que impide al sancionado el ejercicio de los derechos políticos.

El artículo 65 de la Constitución Nacional contempla que no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes «hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito».

El alcalde de Baruta y constitucionalista, Gerardo Blyde, expresó a través de Twitter: “Solo mediante condena penal puede haber inhabilitación política (65CN). La Contraloría usa ley vieja e inconstitucional”.

Henrique Capriles es señalado por los jerarcas del chavismo de impulsar con sectores de la oposición un golpe de Estado con las manifestaciones en contra del «golpe de Estado» que -afirman- dio Nicolás Maduro mediante dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que asume las funciones del legislativo y disuelve la inmunidad parlamentaria.

Políticos de la disidencia al chavismo, como el exjefe del legislativo Henry Ramos Allup, han advertido que sectores del oficialismo tomarán medidas legales contra políticos de oposición a los que vincula en las recientes manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro.

Capriles, uno de los políticos más populares de la oposición, fue uno de los que dirigió la multitudinaria protesta del jueves en Caracas que intentó llegar por la mayor autopista de la capital a la sede de la Defensoría de la Pueblo, pero fue reprimida por policías y militares entre gases lacrimógenos, chorros de agua y gas pimienta.

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