En julio pasado, la disidente venezolana, que tiene asilo en Praga desde noviembre de 2014, presentó en La Haya el primer «Informe sobre casos emblemáticos de torturas y métodos utilizados en Venezuela en los años 2002-2016».
En este documento, redactado en el formato del relator especial de la ONU contra la tortura, figuran 55 casos documentados de vejaciones y malos tratos.
Ahora se añaden nuevos nombres y apellidos de víctimas, instituciones implicadas y personas que participaron en supuestos actos de tortura, como la ex ministra de Defensa y de Interiores Carmen Meléndez, el gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, y los generales Néstor Reverol y Gustavo González López.
Según el pliego presentado, estas personas son sospechosas de un delito de tortura, tipificado de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la CPI, y aparecen involucradas en el recién creado comando «Antigolpe».
Ese comando, creado por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha supuesto «una nueva ola de persecución e intimidación y ya tiene seis nuevos presos políticos», aseguró Sujú.
Entre los nuevos casos están los del diputado Gilbert Caro, su novia Steyci Escalona y el abogado venezolano-chileno Braulio Jatar, gerente del portal de noticias «Reporte Confidencial».
Este se encuentra detenido por publicar un vídeo del «cacerolazo» que le dieron a Maduro en el barrio Villa Rosa de Isla de Margarita el 4 de septiembre pasado, informó.
El nuevo dossier de CASLA menciona que el Ejecutivo venezolano «prorroga la tortura física y psicológica de presos políticos», negándoles asistencia médica oportuna y adecuada.
Entre ellos, cita a Lorent Saleh, Efrain Ortega, Vasco de Costa y Rolando Guevara.
CASLA, fundado en el año 2007, es un instituto de estudios latinoamericanos y actúa como asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa.