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Unión de Partidos Latinoamericanos mira con malos ojos el proceso contra María Corina

La organización denuncia los "atropellos de que está siendo objeto la diputada Machado", que evidencia el abuso de poder y el uso de arbitrario de la normativa legal para intimidar a la oposición política. 

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Fotografía de AP

La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) condenó la imputación de la opositora venezolana María Corina Machado por «conspiración» y reclamó a la comunidad internacional que se «involucre activamente» en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

En una declaración firmada por el presidente de la UPLA, el exgobernante salvadoreño Armando Calderón Sol (1994-1999), la organización denuncia los «atropellos de que está siendo objeto la diputada Machado, los que constituyen un claro abuso de poder y una utilización arbitraria de la normativa legal venezolana para intimidar y menoscabar a la oposición política en ese país».

El Ministerio Público (Fiscalía) de Venezuela imputó el miércoles 3 de diciembre a Machado el delito de conspiración, castigado con penas de ocho a 16 años de cárcel, en relación con un supuesto plan para asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

UPLA: es la sección latinoamericana de la Unión Internacional Demócrata, formada por partidos de derecha. Aglomera partidos conservadores, democristianos, liberales y centroderecha. Tiene más de 20 años.

«Estas maniobras (contra Machado) sólo pretenden encubrir la grave crisis económica e institucional que vive el país, al tiempo que pretenden amedrentar a otros dirigentes opositores que quieran alzar la voz en contra de los abusos y la opresión en Venezuela», añade la declaración.

También exhortó «a la comunidad internacional para que se involucre activamente en este y otros casos de atentados a los derechos humanos y políticos que se están cometiendo en Venezuela constantemente».

La organización política reiteró su «compromiso» «con el respeto irrestricto al Estado de Derecho, al debido proceso, la Constitución y demás normas legales que otorgan el marco jurídico y permiten la convivencia pacífica de los países verdaderamente democráticos».

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía de Venezuela formalizó el miércoles 3 de diciembre la acusación contra la opositora involucrada en el supuesto plan magnicida que incluía a varios opositores y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.

Por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión los opositores Henrique Salas Römer, Diego Arria, Ricardo Emilio Koesling, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli y Robert Alonso, quienes están fuera del país.

El plan para asesinar a Maduro fue denunciado a finales de mayo por el alcalde de Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, que mostró varios correos atribuidos a Machado en los que se decía que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener «la financiación para aniquilar a Maduro».

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