«Vamos a adelantar investigaciones a los autores de encuestas que no han cumplido con los parámetros legales, con el objetivo de que no se altere la opinión pública frente al electorado y prevalezca el ejercicio democrático para todos los candidatos», manifestó el presidente de la Comisión de Encuestas del CNE, Alexander Vega.
El funcionario indicó en una rueda de prensa que la investigación se llevará a cabo después de las denuncias formuladas por la candidata a la Alcaldía de Bogotá por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López, y la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.
El CNE investigará además a medios de comunicación como El Tiempo y La República, de Bogotá; El Colombiano, de Medellín; El País, de Cali; y Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, por presunta «falencia a la hora de divulgar la información», añadió Vega.
Advirtió por otra parte que el 32 % de los sondeos registrados ante la Comisión de Encuestas hasta septiembre pasado no cumplen con los requisitos legales.
«Actualmente se han recibido 253 encuestas en todo el país las cuales son estudiadas con posterioridad por la Comisión y de esas, 171 han obtenido el visto bueno del CNE mientras que 82 han incurrido en irregularidades», señaló Vega.
Entre las faltas encontradas por el CNE se encuentra la publicación incompleta de fichas técnicas, el envío de documentos de manera extemporánea y la no presentación de formularios para la aplicación.
El funcionario detalló que las firmas que incurrieron en estas faltas son Analizar & Asociados Mercadeo y Opinión, Centro Nacional de Consultoría, Centro Regional de Consultoría y Proyección de Imagen, Centro Regional de Consultoría Urabá y Cifras y Conceptos.
También serán investigadas las encuestadoras Colombia Global Group Mining & Business, Corporación para la investigación y el fomento empresarial, Datexco, Mediciones y Medios, Fredy Armando Revelo, Gallup, Ipsos Napoleón Franco, MCW y Progestión Internacional.
Las sanciones económicas que la CNE podría aplicar a estas firmas oscilan entre los 16 y 25 millones de pesos (unos 5.517 y 8.620 dólares) o la «prohibición del ejercicio de estas actividades».
Vega anticipó que en el caso de las investigaciones contra los medios el CNE no puede imponer sanciones.