La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó que entre las denuncias se incluyen al menos 8 casos de asesinatos, más otros de violencia sexual, torturas, detención ilegal, negligencia médica, amenazas, así como tratos inhumanos, crueles y degradantes.
La CPDH enmarcó las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la crisis que estalló en abril de 2018, cuando nicaragüenses se alzaron contra el Gobierno para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Según la CPDH, el 70 por ciento de las denuncias de los primeros seis meses de 2019 fueron hechas contra la Policía Nacional, y el 30 por ciento contra «personas afines al Gobierno y miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, partido en el poder)».
«La Policía Nacional se ha convertido en la punta de lanza de la represión», advirtió el secretario ejecutivo adjunto de la CPDH, Denis Darce, quien además calificó al Poder Judicial y al Ministerio Público como «instrumentos» dedicados a garantizar «la impunidad» de los violadores de derechos humanos.
La directora de Asesoría Legal de la CPDH, Carla Sequeira, destacó que en 239 detenciones ilegales se han necesitado hasta 365 recursos de «exhibición personal» o «habeas corpus», ya que la Policía se niega a cumplir las órdenes del Poder Judicial, que a su vez, asegura, nombra como jueces ejecutores a personas no aptas.
La CPDH afirmó que las 1.749 denuncias del primer semestre de 2019 superan las 1.200 reportadas en el mismo periodo de 2018.
«La restitución de derechos humanos todavía no se da en Nicaragua, hay más restricción del derecho de expresarse (que en 2018) e incluso se ha incrementado la represión, intimidación y amenazas», resaltó Darce.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 326 personas han muerto en el marco de la crisis de Nicaragua, y ha responsabilizado al Gobierno de Ortega de cometer crímenes «de lesa humanidad» desde abril de 2018.
Organismos humanitarios locales han reportado hasta 594 muertos. Por su parte el Gobierno reconoce 200 víctimas