Un equipo integrado por defensores de derechos humanos, exconcejales, abogados penalistas y criminalistas reveló este 14 de mayo en un informe realizado sobre la investigación del ganadero Carlos Manuel Tarazona, que el comerciante tachirense fue asesinado por el las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) grupo perteneciente a un comando de la Policía Nacional.
Al cumplirse un año del asesinato del productor agropecuario del municipio Junín del estado Táchira, Carlos Manuel Tarazona, este martes se hace público que «Cocha» -como lo llamaban- fue asesinado por un escuadrón del grupo de Fuerza de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La muerte de Tarazona no fue producto de un enfrentamiento, como lo afirmaron, sino de un ajusticiamiento como lo reveló la investigación realizada por un equipo conformado por el diputado jubilado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, legisladores municipales de Junín, abogados penalistas, expertos en ciencias criminales e investigación periodística.
Márquez asegura que la investigación determinó que “Cocha” estaba desarmado y el arma que le colocaron forma parte de un expediente y corresponde a un arma hurtada hace más de 40 años y precisamente “se la sembraron”.
«Según el levantamiento planimétrico, la recopilación de testimonios por parte de varios testigos, la fijación fotográfica del sitio y el análisis de criminalística, se concluye que: (Tarazona) fue asesinado por este comando del crimen y escuadrón de la muerte como podemos denominar a las FAES”, puntualizó el defensor de los derechos humanos.
El trabajo de investigación señala que quien accionó el arma y disparó a quema ropa contra Carlos Manuel Tarazona, fue el funcionario de las FAES -y supervisor José Márquez, al mando del comisionado de la PNB-, Héctor Morales, explicó el ex parlamentario.
La comisión también la integraban el supervisor agregado Hugo Méndez y los oficiales Erick Martínez, Luis Fonseca y Jesús Candelo, además de otros funcionarios no identificados. En los documentos reposa que fueron ellos quienes actuaron en el operativo y que fue Márquez quien disparó a quema ropa en contra del ganadero.
En el informe presentado se cumplieron las fases que señala el documento oral del 20 de marzo de 2019, expuesto por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michel Bachelet, el cual indica que la FAES actúa sin orden de allanamiento. Posteriormente aparece que la persona murió en un enfrentamiento y los testigos señalan que la persona no tenía armas, hay simulación de hecho punible y no actúa la Fiscalía, indicó Walter Márquez.
“En el caso de ‘Cocha’, las FAES llegaron sin orden de allanamiento, simularon un hecho punible, un enfrentamiento, -lo que en Colombia se le llama falso positivo- y hasta la fecha la Fiscalía tiene totalmente paralizada la investigación. Estamos en presencia de varios delitos: homicidio intencional, simulación de un hecho punible, apropiación indebida calificada de pertenencias familiares, el trato cruel inhumano y degradante al que fueron sometidos sus empleados”.
Se solicitó públicamente al actual protector del Táchira, Freddy Bernal, que ejerciendo su autoridad política, exija a la Fiscalía la inmediata detención del funcionario señalado en el hecho.
“El alcalde de Rubio, Ángel Márquez también debe participar en la solicitud para que se haga justicia porque de no hacerlo sería corresponsable de este crimen alevoso que fue reprochado ampliamente por la comunidad regional y nacional”, agregó Márquez.
Ninguna de las acusaciones que le hicieron a Tarazona -que era contrabandista y paramilitar- han sido comprobadas. Tampoco hay autorización de ningún tribunal para que las Fuerzas de Acciones Especiales actuaran, por lo que se trata de un hecho punible y una agresión moral contra él y su familia.
El presidente de la Fundación El Amparo anunció que esta investigación será remitida a la Fiscalía General de la República, a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que se indague por tratarse de un asesinato dentro de un plan sistemático que ha conducido tanto la FAES como las PNB.
El ganadero tachirense fue asesinado el 11 de marzo de 2018.
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