La líder opositora está en prisión preventiva desde octubre del año pasado por recibir, presuntamente, aportes de la brasileña Odebrecht durante sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La jueza suprema peruana Susana Castañeda anunció que el próximo 12 de septiembre revelará su voto dirimente, respecto a la posibilidad de que la líder opositora Keiko Fujimori reduzca la prisión preventiva dictada en su contra de 36 a 18 meses, en una audiencia realizada este miércoles, 28 de agosto, en Lima.
Castañeda fue convocada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para dirimir el recurso de casación presentado por la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, que buscaba revocar la prisión preventiva que cumple desde octubre pasado por haber recibido presuntamente aportes de la brasileña Odebrecht en la campaña electoral de 2011 y 2016.
No obstante, en una sesión anterior, cinco de los seis jueces de la sala que recibieron el recurso rechazaron la excarcelación y tres de ellos votaron a favor de reducir la medida a 18 meses.
En tal sentido, Castañeda debía escuchar a las partes hoy y emitir el voto dirimente que resuelva definitivamente el recurso de casación.
La abogada de la excandidata presidencial declaró, tras la audiencia, que «para Keiko no hay justicia, han pasado 10 meses y lo único que existe aquí es una cadena constante de presiones, de abusos y arbitrariedades».
Loza añadió que «no podemos defender que para Keiko se mantenga la prisión preventiva».
A su vez, el esposo de Fujimori, Mark Vito, confió en que «la sala haga una reconsideración, revocando la prisión preventiva».
Vito criticó que la jueza haya sido cortante al declarar que no habrá una revocación de la prisión, sino una decisión sobre el plazo de la misma, y por ese motivo se preguntó «¿dónde está el derecho de defensa?» para su esposa.
En la víspera, el fiscal que investiga a Fujimori por lavado de activos, José Domingo Pérez, recibió la autorización del juez Víctor Zúñiga para buscar e incautar documentos que, según reveló un testigo a la fiscalía la semana pasada, fueron sacados irregularmente de la sede del partido en 2017 cuando ésta fue registrada por el Ministerio Público.
Las viviendas registradas son las de Giannina Delgado y Rocío Pardo-Figueroa, trabajadoras de confianza de la entonces tesorera del partido, Adriana Tarazona, hoy bajo arresto domiciliario, que, siempre según ese testigo, habrían recibido órdenes de resguardar esa documentación.
Las autoridades entraron sin problemas en la residencia de Delgado, sin embargo al llegar a la casa de Pardo-Figueroa, según denunció el propio fiscal Pérez a los medios, se encontraron con que la casa había sido abandonada «la semana pasada» y que por tanto iba a pedir al juez permiso para descerrajar la puerta.
Fujimori habría incurrido en lavado de activos al intentar ocultar el dinero irregular recibido, entre otras fuentes, de Odebrecht para financiar sus campañas electorales, tal como han admitido representantes de la constructora y colaboradores eficaces a la fiscalía peruana.
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