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Juristas critican a la CPI por rechazo a investigar la guerra de Afganistán

Juristas critican a la CPI por rechazo a investigar la guerra de Afganistán

Cuatro expresidentes del órgano legislativo de la Corte Penal Internacional (CPI), el exfiscal Luis Moreno Ocampo y distintos juristas han criticado en las últimas semanas a este tribunal por su rechazo a investigar la guerra de Afganistán.

Las pesquisas para la revisión de los supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por autoridades afganas, talibanes, tropas estadounidenses y miembros de la CIA, no fueron autorizadas por las pocas perspectivas de asegurar la cooperación de las autoridades pertinentes, según el auto judicial.

«Es una forma de decirle a Estados Unidos que tiene razón, que como han bloqueado todo, la investigación no es posible», explicó el especialista en derecho internacional Thijs Bouwknegt.

Cuatro expresidentes del órgano legislativo del tribunal de La Haya, la Asamblea de Estados Partes, firmaron esta semana una carta titulada «La CPI necesita ser reformada» en la que criticaron abiertamente a la institución judicial.

«Nos sentimos decepcionados por la calidad de algunos de sus procedimientos judiciales, frustrados por algunos de los resultados y exasperados por las deficiencias de gestión», dijeron Zeid Raad Al Hussein, Bruno Stagno Ugarte, Christian Wenaweser y Tiina Intelman en la misiva publicada en la web del laboratorio de ideas Consejo Atlántico.

Señalaron que el rechazo a investigar la guerra de Afganistán es un buen ejemplo de la necesidad de que un pequeño grupo de expertos internacionales haga un análisis independiente del trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) y ponga fin a sus interminables disputas internas.

El objetivo central del tribunal, procesar a altos mandos por crímenes de guerra o de lesa humanidad, no suele coincidir con su desempeño como institución judicial, añadieron los firmantes, que aprecian una brecha creciente entre el trabajo diario de la CPI y la esencia del Estatuto de Roma, su carta fundacional.

Otra figura que ha criticado recientemente a la CPI es su exfiscal general, Luis Moreno Ocampo.

«Los jueces están brindando impunidad a los sospechosos que pueden ejercer suficiente poder político para afectar la cooperación de Estados Partes relevantes», dijo el jurista argentino en un artículo publicado esta semana en la web Justsecurity.org.

Según Ocampo, los magistrados han transformado una consideración política en un requisito legal, como si fuera una nueva regla del Estatuto de Roma, pues los jueces nunca habían expuesto la falta de cooperación de los Estados como un requisito para rechazar una investigación.

El jurista sugirió que más de 30 países que desplegaron tropas en la guerra de Afganistán, en el marco de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, podrían haber aportado evidencias sobre los crímenes de guerra denunciados por la fiscal general.

Los jueces de la CPI rechazaron el 12 de abril investigar el conflicto armado a pesar de reconocer que se cumplían los criterios requeridos de jurisdicción y admisibilidad.

La noticia se produjo en el marco de una escalada de tensión entre Washington y la CPI, pues Estados Unidos amenazó al tribunal con sanciones económicas y le retiró el visado de entrada al país a la fiscal general Fatou Bensouda, que de momento no ha anunciado si recurrirá la decisión de los jueces.

Desde su puesta en funcionamiento en 2002, la CPI sólo ha condenado en firme a tres dirigentes por crímenes de guerra o de lesa humanidad: Thomas Lubanga y Germain Katanga, de la República Democrática del Congo, y el yihadista Ahmad Al Mahdi, de Mali.

«Nueve de los diez países investigados actualmente son africanos, por lo que la investigación en Afganistán era también una oportunidad para operar fuera de este continente», indicó Thijs Bouwknegt.

Venezuela tiene abierto un proceso en etapa preliminar, en el que la CPI  recaba datos sobre los supuestos crímenes y estudia si tiene o no jurisdicción para posteriormente proceder a una futura investigación de crímenes de lesa humanidad por las protestas y represión del gobierno desde 2014.