Desde hace 16 años la Corte Penal Internacional (CPI) ha recibido denuncias, informes y casos documentados sobre violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sin embargo, los casos parecen no avanzar y la actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha pedido tiempo para conocer los expedientes documentados por distintas organizaciones como la ONU, la OEA y las ONG que han llevado a esa corte gran número de pruebas sin que exista hasta ahora un claro proceso investigativo.
Las trabas apuntan a una Fiscalía que desde el año 2003 está controlada por magistrados ligados a la izquierda, en especial la actual fiscal Bensouda, quien tardó cuatro años, entre 2014 y 2018, para ordenar que se abriera un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad de las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro; y aun en octubre de 2020, no se ha dado inicio a un proceso de juicio.
Por tal razón, Walter Márquez, presidente de la ONG “El Amparo de tus derechos” y el Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) introdujeron este mes de octubre una nueva denuncia ante el juez O-Gon Kwon, de la CPI, presidente de la Mesa de Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, en la que señalan las trabas, el retardo de que han sido objeto las denuncias introducidas en el caso venezolano; así como la ausencia de imparcialidad. También solicitan que se investiguen las faltas de la fiscal Bensouda. La denuncia la suscriben, además del diputado jubilado de la Asamblea Nacional, el abogado William Cárdenas, presidente del CICIVEN, quien desde España ha venido trabajando estas denuncias en la CPI.
El documento consignado, según informó Cárdenas, fue el resultado de una investigación coordinada por Walter Márquez y un grupo de abogados, quienes recabaron pruebas que, a su juicio, “comprometen a la fiscal Bensouda; además de plantear su complicidad con el régimen de Nicolás Maduro, en la tramitación y resolución de al menos 120 denuncias que se han presentado”.
Ya en septiembre de 2019, Márquez estuvo en La Haya y presentó denuncias contra Bensouda ante la CPI. En esa oportunidad sostuvo una reunión con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI para hablar sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya había sido admitida a trámite.
El abogado William Cárdenas explicó que las denuncias por violación a los Derechos Humanos contra Hugo Chávez y su gobierno comenzaron en el año 2003 en la Audiencia de España. En esa oportunidad la denuncia cayó en el Juzgado número 4 de la Audiencia, cuyo magistrado remitió el expediente a La Haya. Lo que dio origen a toda esta historia que da la posibilidad de denunciar estas situaciones en la CPI.
“Allí ha habido omisión, negligencia y una cantidad de circunstancias que hacen pensar que hay un retardo doloso del proceso”, dijo Cárdenas a El Estímulo: “Si el retardo es doloso tiene que ser sancionado como lo establecen el Estatuto de Roma y las reglas del procedimiento y pruebas y eso es lo que se persigue con estas denuncias que se acaban de presentar”.
Refiere el abogado del CICIVEN que en 2003 estaba como fiscal el argentino Luis Moreno Ocampo, un magistrado muy ligado a los Kirchner. Desde el año 2004, con su respaldo, fue designada Bensouda como vicefiscal. Es decir Bensouda conoce los hechos que se han desarrollado en Venezuela desde 2003, hace 16 años. Es una historia muy larga y todavía esta funcionaria aun pide tiempo para pronunciarse.
La Fiscal del dictador
Antes de llegar a la CPI, Bensouda fue fiscal del Ministerio Público en su país natal, Gambia, bajo la dictadura de Yahya Jammeh, el ex militar, político y dictador, quien llegó al poder tras un golpe de Estado y gobernó a ese país africano desde 1994 hasta 2017. En su larga dictadura fue acusado de numerosas violaciones a los Derechos Humanos. Entre 1998 y 2000 fue también ministra de Justicia en su país.
Las denuncias contra la dictadura señalaban que Yahya Jammeh controló el poder judicial, el cual se convirtió en un instrumento de persecución y terrorismo, en el que Bensouda fue funcionaria. Utilizó el miedo como instrumento para mantener a la sociedad sometida en un puño.
Bensouda estuvo en el Poder Judicial de Gambia durante casi 10 años del mandato de Jammeh hasta que en 2004 fue designada vicefiscal de la CPI.
El gobierno de Estados Unidos anunció a comienzos de septiembre sanciones contra la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, por una investigación destinada a determinar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán. Las sanciones también incluyeron al jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso Mochochoko, por haber trabajado con Bensouda en las pesquisas sobre soldados estadounidenses.
Bajo las nuevas sanciones, quedan bloqueados los bienes que Bensouda, originaria de Gambia, y Mochochoko, nacido en Lesoto, Suráfrica, puedan tener bajo control estadounidense y a partir de ahora no podrán hacer transacciones con ciudadanos de esa nación.
Los fiscales de la CPI cumplen períodos de 9 años. Moreno Ocampo tomó posesión en el año 2003 y estuvo hasta 2012. La vicefiscal Bensouda ingresó en 2004, a pedido de Moreno Ocampo y lo sustituyó en el cargo el 15 de junio de 2012. Fue electa por aclamación por la Asamblea de los Estados Partes. Su período vence en junio de 2021.
Y el kirchnerista
Resalta el abogado Cárdenas que Luis Moreno Ocampo, después de abandonar la Fiscalía de la CPI, (2003-2012) fue señalado de haber recibido dinero de personas que estaban investigadas en la CPI. Eso dio lugar a una entrevista que le hiciera un periodista español quien le señaló que tenía en su poder la constancia de una transferencia por alrededor de 700 mil dólares a una cuenta suya. En ese momento lo negó; pero luego lo reconoció cuando el periodista le mostró el número de cuenta a nombre de Moreno Ocampo y su esposa. Moreno Ocampo justificó esa operación debido a que el sueldo de la Fiscalía era insuficiente para cubrir los gastos que le generaba residir en La Haya.
En septiembre de 2017 los Panamá Papers revelaron la existencia de sus empresas offshore: Yemana Trading de Islas Vírgenes Británicas, Tain Bay en Panamá y Lucia Enterprises, en Belice.
Asimismo, en octubre de 2017 un reportaje periodístico de la Red Europea de periodistas de investigación (EIC) reveló que Moreno Ocampo había trabajado para Hasán Tatanaki, un magnate libio cercano al dictador libio Muamar el Gadafi (1969-2011) que cambió de bando cuando comenzaron las revueltas de la llamada Primavera Árabe en 2011.
Ese mismo año el Consejo de Seguridad de la ONU le pidió a la CPI que evaluara los indicios de posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos en Libia. En ese momento, Moreno Ocampo todavía era fiscal jefe del tribunal. Un año más tarde, cuando se separó de ese cargo habría aceptado una oferta de tres millones de euros para asesorar a Tatanaki y “protegerlo de procesos penales”. Tatanaki mantenía una estrecha relación con el general Jalifa Hafter, el jefe del Ejército Nacional Libio, a quien llamaba “compañero”.
Cuando Moreno Ocampo ya no formaba parte de la corte de La Haya, un empleado de la Fiscalía del tribunal se habría puesto en contacto con él para advertirle que Hafter estaba por ser investigado en la CPI por posibles crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos
La CPI emitió un comunicado en el que anunciaba la implementación de “medidas cautelares” contra dos de sus empleados para “proteger” los intereses de la institución mientras se realiza una investigación interna. Se sospecha que los funcionarios filtraron información al ex fiscal Moreno Ocampo; comprometiendo el funcionamiento y la reputación de la institución. Al utilizar su red personal de contactos en la organización en beneficio de su cliente puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal.
Eso generó un escándalo que dio lugar a que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien había escogido a Moreno Ocampo como moderador en la OEA para determinar en panel de expertos si en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, lo retirara de esa función.
Señala Cárdenas que pasados tres años no ha habido ningún tipo de respuesta sobre la investigación sobre Moreno Ocampo en la CPI: “Esas son situaciones que no hablan muy bien de los procesos de evaluación de la conducta de los funcionarios de la CPI”.
El camarada Garzón
Cárdenas destaca los vínculos de Luis Moreno Ocampo y la CPI con el ex magistrado español Baltasar Garzón. Señala que “son tan amigos que Garzón era su candidato para sucederlo en la Fiscalía”; algo que no se pudo materializar debido a que Garzón fue separado de la carrera judicial e inhabilitado cuando fue acusado por delito de prevaricación en el ejercicio de su cargo.
Asegura Cárdenas que Bensouda heredó esa relación con Garzón. Y recuerda el encuentro de ambos en un viaje que hizo la fiscal de la CPI a un país de África.
“Todos sabemos que eso tiene una explicación en la sincronía ideológica entre ellos. Moreno Ocampo está ligado al kirchnerismo en Argentina, y Baltasar Garzón es un hombre que ha demostrado cercanía con Podemos y los movimientos de izquierda española. Todo esto explica lo que está pasando y la manera cómo estos vínculos se han convertido en abono fértil para que a través de esas complicidades se garantice la impunidad del régimen que hay en Venezuela”, señala Cárdenas.
El Aissami en La Haya
Para completar el cuadro de influencias en la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) resalta la presencia de la hermana de Tareck El Aissami, Haifa El Aissami, embajadora de Venezuela en los Países Bajos y representante de Venezuela en la CPI. Refiere Cárdenas que las relaciones cercanas entre El Aissami y Bensouda han sido públicas. “Esta gente ha penetrado la CPI”, afirma.
A su juicio, haberla acreditado en 2016 como embajadora representante permanente en la Misión de Venezuela ante la CPI; y al mismo tiempo designarla embajadora en los Países Bajos en 2010, es una prerrogativa que ningún otro país tiene.
Cárdenas recuerda que la abogada Haifa El Aissami fue fiscal con competencia nacional del Ministerio Público y participó en el caso del 11 de abril de 2002. En el proceso pidió una pena de 30 años para Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, los comisarios de la Policía Metropolitana.
