«Cuarentena disciplinada, voluntaria y consciente», son las palabras que repite en cada comparecencia el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Mientras, efectivos de seguridad recorren las calles en vehículos oficiales, megáfono en mano, para recordar la «obligación» de no salir de casa.
Algunas excepciones permiten romper el confinamiento. Ir a comprar comida o medicinas, o a trabajar, siempre que se cuente con un salvoconducto o justificación que respalde la salida. Esto es válido para personal sanitario, empleados de supermercados o tiendas de alimentos, entre otros.
El 16 de marzo, fecha en que comenzó la cuarentena, varios establecimientos de diversos sectores abrieron sus puertas al público. Se vieron obligados a cerrar al recibir la visita de agentes policiales ordenando el cese inmediato de su actividad.
Todo esto se ve con mayor énfasis en algunas zonas de Caracas, especialmente en las populosas del Oeste, como Catia y el 23 de Enero.
Un mes después del comienzo de la cuarentena, Maduro continúa con la misma premisa: «cuarentena disciplinada, voluntaria y consciente», pero los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) siguen ejerciendo el control social en cada rincón del país.
Las FAES por un lado y Maduro por otro. A los venezolanos les resulta difícil entender la contradicción, puesto las FAES dependen directamente de la Policía Nacional Bolivariana, adscrita al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, comandada al más alto nivel por el presidente.
Maduro se muestra «orgulloso» de los ciudadanos por la «responsabilidad» al quedarse recluidos en sus casas, dando «ejemplo al resto del mundo».
Esta premisa salta en pedazos en determinadas zonas del país. Solo el uso de mascarillas marca la diferencia respecto a cualquier jornada previa al decreto de cuarentena: calles y locales atestados de gente, donde es materialmente imposible mantener la distancia de seguridad de metro y medio entre personas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
El gentío se dispersa cuando llegan las FAES u otros efectivos gubernamentales, quienes, con tono autoritario, ordenan volver a casa. Silencio. Nadie se atreve a rechistar ni contradecir a los funcionarios, pese a que el presidente dice todo lo contrario.
Tras un mes de confinamiento, todo el mundo sabe que quedarse en casa es una orden y su incumplimiento puede tener serias consecuencias.
Al comienzo de la cuarentena, se produjeron varias detenciones con gran repercusión pública, como esas 18 personas que hicieron una fiesta en Altamira, acomodada zona al este de Caracas. Dos dieron positivos al Covid-19.
«18 personas violaron la cuarentena social para celebrar una fiesta en Altamira, urbanización que pertenece al estado Miranda, el estado con más casos de coronavirus en Venezuela», publicó en su cuenta de Twitter el grupo de investigación Misión Verdad, respaldado por el chavismo.
El control a la sociedad venezolana para el cumplimiento de la cuarentena se prolonga tanto como los tentáculos del Gobierno hasta el último rincón de las comunidades.
En el oeste de Caracas, miembros de los consejos comunales creados por el chavismo hacen entrega de un «pase de movilidad» a las familias para que lo usen en caso de tener que salir de sus hogares. De ese modo nadie se escapa del control establecido en la cuarentena en Venezuela.
Los consejos comunales están formados por miembros designados para controlar el censo de habitantes, con la idea inicial de repartir las cajas de comida conocidas como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción)-
En esta época de pandemia, sus funciones se han ampliado, hasta el punto de vigilar quien sale de su casa con el permiso que le otorga ese papel que deja claro quién manda con las frases «Pase de Movilidad», «Eje del Gobierno Popular» y «Plan Especial de Control de la Movilidad».
Mientras tanto, Maduro insiste: «Cuarentena disciplinada, voluntaria y consciente».
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