La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos es consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.
Los abogados del expresidente colombiano Álvaro Uribe anunciaron que solicitarán que se levante la orden de la Corte Suprema de Justicia que el 4 de agosto ordenó su detención domiciliaria, ahora que el caso pasó a la Fiscalía General. «Pediré a la mayor velocidad dicha libertad porque es lo que el derecho impone», comentó el abogado Jaime Granados en una entrevista en el canal NTN24. «Esperamos que lo hagan a la mayor celeridad respetando todos los procedimientos».
Tras dicho trámite, confirmado este martes por la Sala Especial de Instrucción de la Corte, Granados argumentó que «si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal», como es el caso de Uribe, «no puede estar una persona privada de la libertad». Uribe, contra quien la Corte ordenó de manera preventiva la detención domiciliaria, permanece en El Ubérrimo, una vasta hacienda de su propiedad situada en el departamento de Córdoba y desde allí renunció a la Cámara Alta.
Desde ese momento la defensa del expresidente solicitó que su expediente pasara a manos de la Fiscalía, citando entre otras cosas supuesta falta de garantías judiciales en el alto tribunal. Según Granados, Uribe «se presume inocente; recordemos que tiene una serie de garantías que el sistema penal acusatorio le da a él y a cualquier otra persona en su lugar y recordemos que hay que cumplir con la estructura básica del procedimiento».
Este proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
Cepeda anunció el lunes que recusará al fiscal general Francisco Barbosa para llevar el caso y solicitará uno ad hoc porque considera probable un conflicto de intereses, ya que Barbosa es amigo del presidente colombiano, Iván Duque, quien en varias ocasiones ha defendido públicamente a Uribe, y en su opinión eso no da garantías de un proceso transparente.
Este artículo fue publicado originalmente en The Objective.
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