Luis Ernesto Fidhel, autor de este articulo, señala que el ideal democrático venezolano surge en un ambiente adverso y hostil, en las primeras décadas del siglo XX. Revisa el itinerario político nacional, desde el tramo final del gomecismo hasta que la civilidad política “sucumbió democráticamente” frente a las tendencias antisistema, en 1998
Si bien no se puede ignorar los ideales federales y republicanos gestados en los primeros años del proceso de independencia, estos no se concretaron en la naciente República de 1830. Contrariamente, se instaló “la barbarie”, expresada en distintas y sucesivas dictaduras «de origen y totalitarias”, como negación de la civilización y de la expresión política.
Puede tomarse como fecha de inicio del proceso democrático en Venezuela el año 1928. Su fin se produce en 1998, exactamente 70 años después. La fase de consolidación tiene un hito fundamental en 1958, con la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez, y se ratifica con la presidencia de Rómulo Betancourt y la vigencia de la Constitución de 1961. Un antecedente de relevancia es el “Trienio Adeco” (1945-1948).
En las primeras décadas del siglo XX, se verifica la ausencia de organizaciones políticas y sociales. Estas eran prácticamente inexistentes durante el gomecismo, a pesar de que, con el inicio del “capitalismo venezolano”, hubo algunos movimientos sindicales, específicamente en los campos petroleros y en las áreas de servicios en los incipientes centros urbanos. El movimiento democrático tendría un carácter fundamentalmente intelectual y universitario. Sin embargo, a partir de 1928 conviviría con movimientos adversos al gomecismo, de carácter burocrático y de origen militar. Uno de ellos fue el que encabezó Román Delgado Chalbaud en la expedición del Falke (1929-).
El “ideal democrático”, inicialmente influenciado por la “ideología de izquierda”, tomaría forma en el exilio, a la espera del fallecimiento del general Gómez, hecho que ocurriría en 1935. La explotación petrolera comenzaba a cambiar la estructura social y económica del país, incluso a sustituir a la decimonónica economía agraria, considerada “injusta”. Paulatinamente, cobraría importancia el trabajador fabril sobre el campesinado. La influencia política de las transnacionales, vistas como expresiones del imperialismo norteamericano, determinó la renegociación de los términos de los contratos petroleros. No se produjo una temprana nacionalización de la industria, como sucedió en México por la Ley de Expropiación de 1936.
De manera súbita, comienzan a manifestarse las primeras organizaciones políticas de oposición planteando el ideal de país y de democracia. Es paradigmático el programa del Partido Nacional Democrático (PND), antecedente de Acción Democrática. Este contexto se ve reforzado con la fundación del Comité de Organización Político Electoral Independiente (Copei), de orientación socialcristiana, y de Unión Republicana Democrática (URD), organizaciones que cimentaron la instauración del sistema democrático representativo.
La Revolución del 18 de Octubre de 1945, que derrocó al gobierno del general Isaías Medina Angarita, significo la concreción de la ruptura con el posgomencismo. La protagonizó la dirigencia de Acción Democrática, aupada por un movimiento militar de “oficiales jóvenes”. Betancourt reivindicaría este hecho al aseverar enfáticamente: “Nunca nos hemos arrepentido” pues sería apreciado como “hito del progreso en la historia nacional y cambio hacia lo mejor que reclamaba el país”. La candidatura presidencial del general Eleazar López Contreras, considerada un retorno a las tendencias autoritarias, aunada con el hecho contar -como se ha sostenido- con mayoría en el Congreso, una vez descartada la candidatura Diógenes Escalante, que era vista como “de consenso” entre oposición y gobierno, favorecería este acontecimiento.
La “república democrática civil” consagraría, en la Constitución de 1947, un sistema de elección directa, popular, universal y secreta del presidente de la República. Gradualmente, abarcaría otros cargos deliberativos de representación popular. Se eliminó la fórmula de sucesión presidencial gomecista (“gran elector”), mediante la cual el presidente saliente elegía a su sucesor calificado, el cual era ratificado por el Congreso, mayoritariamente correligionario. Esto llevaría a calificar a las opciones opositoras de “simbólicas”, al no tener posibilidad real de hacerse con el poder, lo que forzaba las vías conspirativas.
Se señala a Betancourt y a Acción Democrática de haber caído en el “radicalismo” y el “jacobinismo”, al desplazar o ignorar a sus posibles “aliados civiles” en las decisiones políticas. Esto sirvió de justificación para que los socios militares, sustento de fuerza del movimiento de 1945, dieran el golpe de estado “restaurador” de noviembre de 1948 contra el presidente Rómulo Gallegos, al considerarse “árbitros” de la diatriba política y estar obligados a convocar a un nuevo proceso eleccionario.
El gobierno militar, afectado por el magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud (1950), mostró su vocación totalitaria y providencial. Así, Marcos Pérez Jiménez se proveyó de una nueva Constitución (1953). La “validó” mediante un proceso electoral para designar una asamblea constituyente -que fue considerado fraudulento por la oposición (1952)- y proponer un plebiscito general. Este incluía el cargo presidencial para eximir la participación política de los partidos de oposición (1957).
La perseverancia de objetivos de la oposición civil, a pesar de los “distanciamientos ideológicos” que posteriormente harían crisis, minó las bases del “perezjimenizmo”, cuyo fundamento se sustentaba en el desarrollo material de la nación. Pérez Jiménez es desalojado de la presidencia en enero de 1958.
Entre las circunstancias que favorecieron el inicio de la “democracia representativa” destacan: la presidencia de transición de Wolfgang Larrazábal Ugueto, ejemplo inédito en Venezuela de “militar civilista”. Larrazábal propiciaría la transición al gobierno civil, el Pacto de Puntofijo, acuerdo mínimo de funcionamiento de esta cuando los militares formalmente se retiraran del poder. El pacto, suscrito por líderes y partidos políticos, dio inicio al régimen constitucional en 1961.
Betancourt, para 1945, era optimista respecto del inicio del sistema democrático en Venezuela. Sustentaba ese optimismo la coyuntura internacional de expansión de las libertades occidentales, tras la Segunda Guerra Mundial. Pronto advertiría la vocación totalitaria del comunismo soviético, como lo había hecho tempranamente con el comunismo vernáculo por negador de la democracia. No ocurría así en 1958, época en que regímenes totalitarios, de izquierda o de derecha, se habían establecido y consolidado en el continente. De allí que los socios democráticos eran contados.
Los movimientos insurreccionales internos, en principio, reivindicaban la restauración de la vigencia de la Constitución de 1961. Esta era producto del denominado “espíritu del 23 de Enero”. Fue un consenso de partidos y líderes políticos, incluso ideológicamente opuestos, cuyo objetivo era poner fin a la “última dictadura militar”, como expresan las referencias de la época. Cabe observar que la opinión pública extranjera mostraba sorpresa de que la presidencia de Betancourt hubiera superado el primer año de gobierno, cuando la coyuntura parecía sugerir lo contrario.
La consolidación de la democracia representativa en Venezuela había sido en parte un hecho independiente del desarrollo económico, por lo menos hasta 1973. El cambio estructural y físico del país se iniciaba movido por un afán y una inspiración “desarrollista”. Se promovió la industrialización desde el inicio de la explotación petrolera para dejar de ser subsidiario y distribuidor de mercancías importadas. Estas podían producirse con capital y mano de obra nacional (Betancourt). Entre otros hitos relevantes, se concretó la fundación de la Corporación Venezolana de Fomento, en 1946. Durante el gobierno militar (1948), la continuidad de esta tendría expresión en la doctrina del Nuevo Ideal Nacional.
Los demócratas reconocerían los avances en materia económica y de infraestructura. Sin embargo, denunciaban el atraso político y democrático. Este no se compaginaba ni guardaba coherencia con el desarrollo económico y los retos por enfrentar en el futuro. El desafío fue impulsar un desarrollo moderno de la política, con base en la democracia, tal como había sucedido con la economía.
A partir de 1958, los pactos de elites tuvieron como objetivo el “desarrollo nacionalista”, independientemente de las interpretaciones que sobre su contenido daban los sectores involucrados. Eran varios los obstáculos por resolver. Entre estos, estaban la alta natalidad de la población vulnerable, el desequilibrio grave entre lo urbano y lo rural, así como un posible fin de la etapa petrolera, entre otros.
En consecuencia, un primer diagnóstico de la democracia en Venezuela estuvo guiado por el ideal de libertad, en oposición a la tiranía, como un antecedente republicano. Incluso, por encima de los ideales de “justicia social” que inspiraron movimientos populistas autocráticos, como el peronismo en Argentina.
Por haber sido 1973 un año electoral, debemos considerar ciertos acontecimientos. Entre ellos, la consolidación del bipartidismo como fundamento del sistema democrático. Su base de sustentación fueron los partidos Acción Democrática y Copei y sus caudillos fundadores: Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, respectivamente. Se institucionaliza la alternabilidad o entrega de poder a un partido opositor de forma “pacífica”. El segundo caso en la historia de Venezuela tuvo como protagonistas a Rafael Caldera y a Carlos Andrés Pérez.
La política de “pacificación” de los movimientos de izquierda, a pesar de su naturaleza antisistema y con un reciente pasado subversivo, se incorpora a la institucionalidad y a la competencia política. Pero, irónicamente, se impide la postulación presidencial al general Marcos Pérez Jiménez, con lo cual se da por concluida la tendencia militarista surgida en el año 1945.
El auge de los precios del petróleo y el consecuente aumento de los ingresos del Estado reforzaron la preponderancia de este producto en la economía venezolana. De este modo, se reivindicó la dirección e intervención del aparato estatal. Pero también se enfatizó en la sujeción a los ciclos petroleros de bajos y altos precios. Otro aspecto es la consolidación del modelo de “democracia occidental”, en oposición a otros modelos “inestables”, considerados incluso como “alternativos y progresistas”, pero no democráticos.
El “fundamento pactista” o “piedra angular” del mantenimiento del sistema, que se asienta en un conjunto de relaciones del poder entre “componentes históricos” de diverso grado, de conflicto o cooperación -no necesariamente equitativas y que en cierto modo determinan la estabilidad del sistema-, se manifiesta de una manera mejor acabada en 1973.
Las décadas venideras serían una etapa de decadencia. La dinámica del endeudamiento externo afectó los niveles de bienestar que se generaron durante el proceso de conformación del sistema democrático. Ello obedeció, principalmente, a políticas populistas y dádivas generadas merced a los ingresos petroleros. El país se vio envuelto en una mayor inestabilidad, lo que resquebrajó los cimientos del “pacto de elites” que la sostenía. Esa debilidad “sucumbió democráticamente” ante las tendencias antisistema, particularmente el militarismo y la ideología de extrema izquierda, en 1998.
LUIS E. FIDHEL GONZALES
Abogado UCAB. Lic. Estudios Internacionales UCV.
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