La diplomacia internacional ha sido muy lenta en la resolución del caso venezolano. Ante la urgencia de la crisis humanitaria que azota a Venezuela, la parsimonia que caracteriza las mediaciones de los organismos y grupos internacionales es viento a favor del régimen, toda vez que le permite ganar tiempo y prolongarse en el poder.
La OEA ha sido la instancia internacional donde se ha considerado con más frecuencia e intensidad la crisis venezolana. Pero las alternativas planteadas tienen en contra la dificultad estructural para adoptar decisiones rápidas y eficaces.
Estados Unidos busca un procedimiento expedito para sacar a Maduro, pero ni siquiera las amenazas del uso de la fuerza al dejar abiertas “todas las opciones” o los intereses electorales de Trump han acelerado la definición de la crisis venezolana. De cara a su aspiración para la reelección presidencial, el caso venezolano le puede generar a Trump efectos contraproducentes. Si a pesar del alto perfil que ha jugado no logra separar a Nicolás Maduro del poder, el costo político le puede resultar muy alto.
Para salirse de la jugada con el menor costo posible, Trump seguramente proyectará la responsabilidad a la actitud vacilante del Secretario General de la ONU, a falta de decisión de la Unión Europea o a la ineficacia de la OEA, del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto que, con su falta de consenso, abortaron la solución de fuerza que Trump incluyó al hablar de “todas sus opciones”.
El ámbito de actuación de Organización de las Naciones Unidas (ONU) son los conflictos internacionales. Este Foro no tiene un claro mandato para intervenir en la solución de controversias nacionales, tal asunto no está directamente contemplado en la Carta de la Organización. Por eso, el Secretario General, Antonio Guterres, se muestra reacio a asumir un papel activo como mediador en la crisis venezolana. Guterres siente que esa no es su función, aunque no deja de manifestar su disposición de ofrecer sus buenos oficios para superar la crisis venezolana.
La mediación del Secretario General de la ONU está llamada a facilitar acuerdos políticos entre el Oficialismo y la Oposición que abran paso a unas elecciones libres para que la ciudadanía finalmente decida quien quiere que lo gobierne. El cambio político tiene que ser resultado de un acuerdo entre las fuerzas en conflicto. Logrado el acuerdo político, los órganos internacionales pueden acompañar la transición y, sobre todo, asistir la organización y observación de las elecciones.
Tomando en cuenta las divisiones en el seno de la comunidad internacional con respecto a la crisis venezolana, luce difícil lograr un pronunciamiento consensuado de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto solo sería posible si, a raíz de la crisis nacional de Venezuela, se genera un conflicto internacional que atente contra la paz y la seguridad de los Estados miembros. Solo en este caso estaría planteada la intervención del Consejo de Seguridad.
El accionar de la OEA debe estar orientado por la Carta de la Organización y por la Carta Democrática Interamericana. Pero entre los Estados miembros de la OEA se pueden identificar al menos cinco tipos de motivaciones que impiden una acción más efectiva para superar la crisis venezolana:
La de Estados Unidos que responde a sus intereses en Venezuela y a los intereses electorales de Trump.
Países afectados socialmente por la ola migratoria y políticamente enfrentados al gobierno venezolano.
Los países del ALBA que comparten el modelo venezolano y apelan al principio de la no intervención.
Los pequeños estados del Caribe que también defienden la no intervención porque se sienten débiles.
México y Uruguay que asumen posiciones independientes y neutrales para poder ser reconocidos como mediadores por ambas partes.
Aunque el Secretario General, Luís Almagro, ha asumido una posición de abierta confrontación con el régimen venezolano, su beligerancia ha sido cuestionada por los países del Caricom, Bolivia, Nicaragua y otros gobiernos que no comparten la posición que ha asumido el Secretario General de la OEA en favor de uno de los polos del conflicto venezolano.
Alineado con los sectores más radicales de la oposición venezolana, Almagro continúa desplegando una intensa actividad para lograr el cese de la usurpación. Pero hasta ahora, lo que se ha evidenciado es que la Secretaría General no tiene fuerza suficiente para lograr resultados concretos, como tampoco la tienen otros órganos de la OEA relacionados con derechos humanos.
En la UE se impone el principio de respaldo a la democracia y de repudio al régimen de Maduro. Pero también la política exterior de la Unión Europea hacia América Latina que se diferencia de la política abiertamente injerencista de la Administración Trump. Las intervenciones de Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio y Mario Díaz Balart plantean que el único diálogo que se debe realizar en Venezuela es para determinar cómo será la salida de Maduro del poder.
La UE prefiere una solución política que evite una espiral de violencia civil y la desestabilización de la región, con sus consecuencias sobre la geopolítica mundial. Influye en la UE la necesidad de proteger la integridad física y los intereses económicos de las colonias europeas en Venezuela, en especial las de España, Italia y Portugal que son las más numerosas.
En la UE no ha sido fácil concertar a todos sus miembros para endurecer las sanciones económicas y financieras. Hasta ahora ha aplicado sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro, pero es muy cauta a la hora de arreciar las sanciones, sobre todo si tienen un impacto negativo sobre la población.
Al igual que la ONU y la OEA, la UE también ha demostrado ser una organización poco ágil para poder generar los consensos y medidas urgentes que requiere la superación de la crisis venezolana.
Ante la parálisis institucional e ineficacia de la OEA para lograr una solución a la crisis venezolana, se conformó el Grupo de Lima con el fin de provocar un cambio político en Venezuela. La actuación de este Grupo de Lima en gran medida es motivado por la nueva orientación política de América Latina en la que han perdido espacio e influencia los gobiernos de izquierda y revolucionarios.
Sin embargo, sus acciones se agotan en los pronunciamientos diplomáticos, carece de fuerza para aplicar sanciones contundentes y, en su última declaración, dejó claro que no participará en una operación militar internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Fue concebido por la UE aunque también está integrado por países latinoamericanos. Tiene como objetivo lograr una posición común entre interlocutores internacionales con capacidad de influir en el diseño de una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana.
Este Grupo tiene poco margen de maniobra toda vez que el régimen de Maduro utiliza el diálogo para someter al escarnio público a los líderes de la Oposición que participan en las conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, por su bajo perfil puede aportar a una solución a que conjure la amenaza de una intervención militar.
El Grupo de Contacto se estableció un plazo de 90 días y si en este lapso no logra resultados concretos, entonces se disuelve. En este lapso se propone contribuir a crear condiciones para que los ciudadanos venezolanos determinen su futuro a través de elecciones libres, sometidas a verificación internacional.
A la luz de los hechos concretos, ni la ONU, ni la OEA, ni la UE, ni el Grupo Lima, ni el Grupo de Contacto han demostrado contar con la capacidad para lograr una solución política y electoral a la crisis venezolana. Incluso, la resolución que se sometió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ingresar la ayuda humanitaria y convocar elecciones libres fue vetada por Rusia y China.
Ante el poder de veto que ejercen las grandes potencias, la actuación de los foros y mecanismos internacionales son muy poco efectivos. Mientras tanto, la escasez, la hiperinflación, el colapso generalizado de todos los servicios públicos y la inseguridad azotan cada vez más a los hogares, empresas e instituciones y recrudecen la diáspora de millares de venezolanos que ya no pueden seguir esperando por las gestiones de la diplomacia internacional.
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