La familia como rehén de los perseguidos por el régimen

En Venezuela, los allegados de los perseguidos políticos sufren un asedio constante, algunos hasta fueron secuestrados para que el objetivo del régimen se entregara. Los organismos del Estado no cobran rescate, porque usan a las personas de interés como moneda de cambio. Las siguientes historias son un ejemplo de ello

La familia como rehén de los perseguidos por el régimen

Por las  estrechas relaciones con el costosísimo bufete de abogados de Alex Saab, encabezado por Baltazar Garzón, el régimen chavista sabía que no había vuelta atrás y por lo tanto, el empresario colombiano sería extraditado a Estados Unidos. Acto seguido, las fuerzas de seguridad de Venezuela allanaron la casa del periodista Roberto Deniz en Caracas, aunque es de conocimiento público que el comunicador no vive en el país desde 2018.

Deniz estaba “solicitado” por las fuerzas de seguridad del Estado. Esa fue la excusa para allanar la propiedad en la que vive el  hermano del periodista, con su esposa y un niño. Pero es obvio que se trata de una retaliación contra el comunicador de Armando.info, quien investigó y reconstruyó todo el entramado de empresas off shore de Alex Saab y se trata de un claro ejemplo de lo que durante años viene haciendo el régimen contra quienes disienten de sus ideas e indagan en sus actuaciones.

Lo propio ocurrió con los seis directivos de Citgo, quienes estaban cumpliendo arresto domiciliario en sus casas en Caracas, por supuestos hechos de corrupción, y tan pronto se hizo pública la información de la extradición del colombiano Saab, salió una patrulla del Helicoide a buscarlos para regresarlos a una celda en el vetusto edificio de Puente Hierro.

Los trabajadores de Citgo poseen nacionalidad estadounidense, y es por ello que el régimen los utiliza para tratar de presionar a Estados Unidos en diferentes aspectos, al igual que en las conversaciones en México y en las negociaciones por el tema de las sanciones. El chavismo los tiene allí a su disposición como fichas de cambio, o de pataletas, como en este último caso.

Secuestraron al papá para que se entregara

En el año 2018 sí se materializó un allanamiento y un secuestro para que otra persona se entregara. Es decir, un intercambio de rehén por un perseguido. El abogado residenciado en Estados Unidos, Carlos Marrón Colmenares, recibió una llamada telefónica desde Venezuela, en la que le indicaban que su padre había sido secuestrado y que él debía presentarse en el país si quería volver a verlo con vida.

El 11 de abril de ese año, Marrón Colmenares tomó un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en el estado Vargas, para ir a Caracas y cumplir con presentarse para que su padre quedara en libertad. Quien tenía a su progenitor era la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Apenas se bajó del avión, fue detenido y desaparecido.

Al día siguiente, según relató Marrón a la agencia AP, mientras a él lo estaban torturando, Tarek William Saab hablaba en televisión sobre su captura. “Carlos Eduardo Marrón Colmenares es un verdadero delincuente al que no le ha importado poner el dólar paralelo a precio casi terrorista”, decía el fiscal a través del canal de Estado, Venezolana de Televisión.

A Marrón le imputaron divulgación de información falsa, legitimación de capitales y asociación para delinquir, al vincularlo con una cuenta denominada Dólar Pro, que diariamente publicaba el precio del dólar de forma paralela al que mostraba el BCV. Estuvo detenido durante dos años en la Dgcim.

Se fugó de Ramo Verde y su familia sufrió las consecuencias

El capitán del Ejército venezolano Ángelo Heredia Gervacio estaba privado de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), mejor conocido como cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, a donde fue trasladado el 2 de abril del 2017 acusado de traición a la patria, instigación a la rebelión y de atentar contra el orden de la nación. El capitán había denunciado el contrabando de combustible por parte de un superior en el estado Táchira.

Para sorpresa de los militares que prestan custodia en este retén penitenciario, la mañana del 25 de diciembre de 2019 Heredia Gervacio no estaba en su celda, se había fugado. La huida trajo como consecuencia la persecución injusta de familiares; la Dgcim se llevó a su padre, su hermana y su cuñado, un sargento mayor de la aviación y un niño de 8 años de edad. La intención de este secuestro era que Heredia se entregara, cosa que no ocurrió. En su momento, la abogada Tamara Sujú hizo la denuncia en twitter.

Según el director de Provea, Marino Alvarado, uno de los casos más emblemáticos de este tipo de proceder del régimen fue la acción contra el hijo del alcalde merideño, Omar Lares, el joven Juan Pablo Lares, quien fue “secuestrado” por el Sebin en 2017. “Estuvo 10 meses preso en el Sebin Helicoide, nunca se le presentó en tribunales. Lo único que querían era presionar al padre para que se entregara, en esa época el Ministro del Interior era Tareck El Aissami”, afirmó Alvarado.

Indicó Alvarado que la Misión de Determinación de Hechos, en su informe de septiembre de 2020, narró dos casos en los que fueron detenidos familiares con el objetivo de chantajear a las personas perseguidas y que se entregaran. “Así se han ido documentando otros casos y se ha convertido en un patrón represivo, así como también se convirtió en un patrón represivo las desapariciones forzadas denominadas por algunos organismos de Naciones Unidas como “de corto tiempo”, una semana, 15 días, o un mes. Estas desapariciones forzadas en las que se detiene a una persona, se le aísla totalmente, no existe la posibilidad de que los abogados puedan verla también se ha convertido en un patrón”, comentó el defensor de derechos humanos.

Agregó que algunos de los familiares que han sido detenidos para presionar la entrega de la persona o del perseguido, han sufrido víctimas de esta práctica ilegal.  “Todo esto ocurre con pleno conocimiento del Ministerio Público en complicidad con el Defensor del Pueblo y con conocimiento de las altas autoridades. Es preocupante porque lo que empezó siendo como un hecho aislado se fue convirtiendo en un patrón, pero no solo se aplica a presos por motivos políticos, hay un caso en el año 2019 en el estado Táchira, el Conas se llevó a un niño de tres años para que el padre, que supuestamente estaba inmiscuido en el robo de un vehículo se entregara. El niño estuvo 10 días secuestrado por el Conas hasta que lo dejaron abandonado en un centro comercial”, contó Marino Alvarado.

Los abogados de distintas organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, a su salida de la reunión con la Alta Comisionada de la ONU, Michel Bachelet, en su visita a Caracas en 2019, dijeron que había sido sorprendente escuchar los testimonios de los familiares de los llamados presos políticos en Venezuela. “Se llevaron a mi hijo y le colocaron una pistola en la boca para que su papá dijera lo que ellos querían para que quedara grabado en un video”, comentó un familiar tras la una reunión con Bachelet.

“Lo que vemos en estos casos de persecución, sobretodo en casos de militares, realizado por la contrainteligencia militar, es que utilizan cualquier medio para perseguir al que de alguna manera disiente de la politización de la fuerza armada, y vemos como este organismo que tiene carta blanca para detener y torturar, actúa secuestrando y torturando a los familiares para presionar a quien persiguen para que se entregue o confiesen delitos que no han cometido”, aseveró la abogada Ana Leonor Acosta.

Aseguró que Naciones Unidas está al tanto de esta práctica porque los funcionarios de Michell Bachelet en Venezuela han documentado múltiples casos. “Lo que preocupa es que las autoridades internas, el Ministerio Público o el Defensor del Pueblo no hacen nada, porque parecieras que estos órganos de seguridad están por encima de la constitución y las leyes y que pareciera que tienen el aval del Presidente de la República para actuar o delinquir sin ningún tipo de consecuencias”, dijo la directora de la ONG Coalición por los DD.HH y la Democracia.

Según Acosta, en muchos casos la Dgcim pareciera tener más poder que un juez y creen que pueden utilizar estas estrategias o herramientas de persecución sin ningún tipo de consecuencias ni de sanción porque nadie los va a investigar. “Hay fallas en el sistema de justicia, porque no hay investigación previa; hay detenciones arbitrarias, porque hay desapariciones forzadas y no se hacen correcciones y entonces venezolanos inocentes, mujeres e incluso niños, terminan en manos de funcionarios de contrainteligencia, para obligar a sus propios compañeros de armas que se entreguen y sean sometidos a procesos injustos”, afirmó Acosta.

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