La frontera colombo-venezolana sin paradiplomacia

El término "paradiplomacia" hace referencia a la internacionalización o actividad internacional de los Gobiernos no centrales: ciudades/municipios y entidades intermedias (estados, departamentos, provincias), distintas al Gobierno nacional del país.

La región transfronteriza que comprende el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander -Región TNS-, ha sido tradicionalmente la más activa entre ambos países, con mayores flujos de personas, mercancías y vehículos, así como de comunicación entre las autoridades regionales. Por décadas recibió la denominación de “frontera más viva de América Latina”, si bien tras la creación del Mercosur en 1991 sus intensas dinámicas intrabloque, en especial en zonas de frontera, otras regiones pudieron rivalizar en algunos flujos e intercambios.

La paradiplomacia es un término acuñado en 1984 por el teórico Ivo Duchacek, que hace referencia a la internacionalización o actividad internacional de los Gobiernos no centrales, es decir, de las ciudades/municipios y entidades intermedias (estados, departamentos, provincias), distintas al Gobierno nacional del país. Es, a un mismo tiempo, un campo de acción para las autoridades y de estudio para los académicos y expertos, pero que debe ser asimilado por la sociedad civil en todos sus niveles, para así opinar con propiedad y sobre todo influir en las decisiones y relaciones que establezcan las regiones con sus vecinos fronterizos o con el mundo.

La Región TNS podríamos señalarla como una adelantada de las relaciones paradiplomáticas, siquiera oficiosas. Por el Acta de San Cristóbal de 1987 se creó la Asamblea Regional Fronteriza (ARF), compuesta por parlamentarios regionales de los cuerpos legislativos del Norte de Santander y Táchira, que se convirtió en un espacio para el debate e intercambio institucional y político, y que servía para delinear determinadas políticas públicas para la región transfronteriza, para luego, hacer lobby ante los Gobiernos centrales de Venezuela y Colombia y buscar incidir de manera conjunta en las decisiones que concernieran a la vida de la región.

Actuando de esta manera, los miembros de la ARF intentaban, y a veces lograban, bordear la legislación de ambos países que en la época no permitía de manera explícita las acciones exteriores de las autoridades regionales, ni siquiera con sus vecinos. Por su parte, los gobernadores de ambas entidades político territoriales se reunían con frecuencia, intercambiaban pareceres e información, e intentaban aliarse de manera extraoficial, porque no podían firmar acuerdos de manera independiente. La ARF dejó de existir cuando los Gobiernos colombiano y venezolano crearon, cada uno, la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos (COPAF), en un intento desde el poder central por diluir la voz regional.

En 2005 se adelantó un estudio que ofreció una definición y delimitación de una zona de integración fronteriza (ZIF) en parte de los territorios del Táchira y del Norte de Santander. La investigación la llevaron a cabo el Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) de la Universidad de Los Andes de Venezuela, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Libre, campus Cúcuta, ambas de Colombia, siguiendo los lineamientos de la Decisión 501 de la Comunidad Andina (CAN) y en consulta con la sociedad civil y los gobiernos regionales.

El resultado final sirvió a los Gobiernos nacionales de Venezuela y Colombia para crear la ZIF-TNS en enero de 2006, en la que podían desarrollarse programas y proyectos de manera conjunta y compartida; sin embargo, ésta no se logró llenar de contenido porque el presidente Hugo Chávez decidió abruptamente denunciar el Acuerdo de Cartagena, y por tanto, Venezuela salió de la CAN en abril de ese mismo año. Lo que vale la pena resaltar es que ambas experiencias, la ARF y la ZIF-TNS demuestran que determinadas autoridades han sostenido relaciones que pueden entenderse como ‘paradiplomacia transfronteriza’, oficial y oficiosa, incluso en forma pionera.

En la actualidad, no existen relaciones paradiplomáticas en la región transfronteriza TNS. Desde que Venezuela salió de la CAN no hay una base legal para que las autoridades puedan vincularse porque la Constitución venezolana, a diferencia de la colombiana, no permite las relaciones entre autoridades locales o regionales con sus homólogas de los países vecinos, tampoco a escala global; el marco y amparo legal eran las normas andinas.

Además, en diciembre de 2015, la Asamblea Nacional venezolana aprobó una Ley Orgánica de Frontera -la mayoría de los autores consideran que su aprobación es inconstitucional y, por tanto, no existe jurídicamente-, en la que se establece una prohibición expresa para las autoridades estadales y municipales de mantener vínculos de cualquier naturaleza con sus vecinas al otro lado del límite internacional sin una autorización expresa del Ejecutivo Nacional.

También incide el hecho de que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia se han corrompido de tal manera que desde enero de 2019, dada la situación política y constitucional venezolana, el Gobierno colombiano de Iván Duque mantiene relaciones con el Gobierno encargado de Juan Guaidó, presidente del Parlamento, pero están rotas con el régimen de Nicolás Maduro que ejerce el control territorial y que ha restringido permanentemente desde agosto de 2015 el tránsito de personas, mercancías y vehículos por los pasos binacionales formales que con frecuencia se cierran absolutamente, como cuando en el año entre 2015 y 2016 no permitió el paso más allá del límite internacional, o durante dos meses, en febrero y marzo de 2019.

La apuesta es a que cese la profunda crisis política de Venezuela, cuyo epicentro está en la confrontación desde el poder del Estado con los ciudadanos y la expresión de su voluntad. Esto permitiría que el país avanzara por senderos que, entre otros, serían propicios para la reconstrucción de las relaciones con los países vecinos, entre ellos Colombia.

En ese marco, se retomarían las relaciones de los Gobiernos estadales y municipales con sus iguales en las zonas de frontera, para formalizarlas y profundizarlas, lo que contribuiría a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las regiones transfronterizas, particularmente, la más emblemática conformada por Táchira y Norte de Santander.