La justicia británica reexamina el caso del oro y podría entregárselo a Maduro

La justicia británica volvió a volcarse este martes 22 de septiembre en el conflicto entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en torno al oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. El control de las 30 toneladas se lo disputan ambos rivales políticos.

Un tribunal comercial de Londres dio en julio la razón al líder opositor Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos Reino Unido. Esto impidió que Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por Reino Unido, pudiese retirar los fondos.

Pero, denunciando un «descarado robo de piratería», los abogados de Maduro recurrieron la decisión. Ellos aseguran que quieren venderlo para destinar los fondos a la lucha contra el coronavirus.

Por ello el caso se reabrió el martes. Ahora decidirán tres jueces del Tribunal de Apelaciones que lo examinarán hasta el jueves en una vista centrada en cuestiones muy técnicas de interpretación de la ley. No contará con la declaración de testigos ni expertos.

Se prevé que los jueces se tomen después unos días antes de anunciar su decisión.

«Maduro sigue siendo presidente»

Según informó la agencia AFP, en la primera sesión, el abogado del régimen chavista, Nick Vineall, trató de persuadirlos de que el tribunal comercial había «ido demasiado lejos» al determinar que la justicia debía alinearse con una declaración política del ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt. En realidad no es una mera declaración de la Cancillería británica, sino la posición de todo el gobierno: reconocer a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles».

Vineall aseguró que reconocer a Guaidó no significa que Londres le otorgase ningún poder. Insistió en que el ejecutivo británico sigue reconociendo a la administración de Maduro, aunque la desapruebe, mediante sus ininterrumpidas relaciones diplomáticas.

«El punto precisamente es que no ha habido nuevas elecciones presidenciales. Maduro, en la práctica, continúa como presidente», opinó.

Guaidó confía en la justicia

Tras haber celebrado la primera sentencia como una «victoria del pueblo» y un precedente para otros bancos centrales europeos que custodien activos de la república venezolana, la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, aseguró confiar en la justicia británica.

«Mis expectativas son que la Corte de Apelación  seguirá con la tradición de independencia jurídica, tal como la Corte Superior en julio», dijo a la AFP.

Aseguran que solo quieren «resguardar el oro de la reserva nacional para el pueblo venezolano» y que el litigio comenzó porque Maduro intentó repatriarlo.

Pero Sarosh Zaiwalla, otro representante legal del régimen bolivariano, advirtió que «el resultado de este caso podría amenazar la percepción internacional de que las instituciones inglesas están libres de interferencia política, así como a la reputación del Banco de Inglaterra en el extranjero como depósito seguro de activos soberanos».

El contexto

El Banco de Inglaterra, que custodia este oro en sus cámaras acorazadas como hace para muchos otros países, es un prestatario de servicios cuyo cliente es el Banco Central de Venezuela.

Este, presidido por el chavista Calixto Ortega, lleva intentando sin éxito recuperar los lingotes, valorados en más de mil millones de dólares, desde octubre de 2018, mucho antes de que surgiera la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano. Y esta ha pedido a Londres que no entregue los fondos asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo venezolano, o llenar los bolsillos de un régimen que califica de «cleptócrata».

Así, el Banco de Inglaterra afirma encontrarse atrapado entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resuelva como cuestión preliminar quién tiene su control.