La norma del odio busca silenciar a periodistas y medios

Ya sólo el artículo 2 de la supuesta ley, es una completa ambigüedad en Venezuela.
La preminencia de los derechos humanos: La normativa aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el brazo legislativo impuesto por Nicolás Maduro para gobernar con poderes supremos con la excusa de redactar una nueva constitución, habla de valores  y principios de derechos humanos, pero ¿cuántas personas están detenidas y torturadas en los calabozos de diferentes policías y cuerpos de inteligencia, por el solo hecho de manifestar su desacuerdo político o por la ineficiencia de algún servicio público, cuántos?, se pregunta
Vida. Qué se puede decir del respeto a la vida, cuando sólo en Caracas van más de 100 mujeres asesinadas y más de 3.000 cadáveres ingresados a la morgue de Bello Monte producto de la violencia en las calles.
Democracia. Preguntémosle a los electores del estado Bolívar si ellos creen que en el país hay democracia, después del fraude que se cometió en la última elección de gobernadores, por colocar un solo ejemplo.
Igualdad y no discriminación. Será que algunos de los personajes que aparecen en el canal del Estado (VTV), podrán ser sancionado por su discriminación hacia un sector de la población que no está de acuerdo con el gobierno central, o por sus constantes muestras de homofobia sobre personas que son de tendencia homosexual. Dos ejemplos, ¿será posible?
Justicia. Es quizá la palabra que más grande le queda a esta supuesta ley. En Venezuela el que no tiene dinero para comprar un juez o un fiscal, o quien no tiene contactos en el gobierno, no tiene oportunidad de encontrar justicia dentro del sistema que debería ser autónomo e independiente. Cuántos años pasa una persona a la espera de que se realice una investigación por cualquier causa, cuántos años debe esperar un ciudadano por la realización de una audiencia preliminar o de juicio, muchas veces preso. Vivimos en el desamparo del individuo y su sistema de justicia.
El artículo 3 de esta ley, se suscribe que “Venezuela es un territorio de paz”. Cómo puede haber paz en un país donde todos los días los alimentos suben de precio, donde no hay dinero en efectivo, donde las plataformas digitales para el comercio se han ido deteriorando, donde el ciudadano sale y no sabe si volverá a su casa vivo, donde la tasa de homicidios pasa de los 75 por cada 100.000 habitantes, ¿qué paz es ésta?
La normativa indica que las organizaciones y movimientos sociales, especialmente del llamado poder popular (pensaba que ambas eran lo mismo) se encargarán de “erradicar” la violencia política, odio, discriminación e intolerancia. ¿Cómo lo harán? ¿En ese poder popular están incluidos los colectivos civiles del chavismo, armados, al margen de la ley?
“Esto es un arma muy peligrosa en manos del régimen, porque apoyándose en esta presunta ley ellos van a dedicarse con más ahínco a la represión de la libertad de expresión y a la libertad de información”, dijo al respecto la magistrada Mármol.
La llamada por la retórica chavista «Ley Contra el Odio», busca finalmente lo que una vez ideó Hugo Chávez: un solo partido. La normativa busca la ilegalización de los partidos opositores, pues el que no modifique sus estatutos y se adecue a dicha normativa, no podrá inscribirse en el CNE para futuros procesos electorales.
Artículo 11.
«Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, se revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan lo previsto en la presente disposición».
¿Quién determinará qué principios de qué partido tienen carácter fascista o promueven el odio nacional o la intolerancia?
Según la jurista Mármol de León, desde el Estado han querido y así lo han venido haciendo, disminuir los partidos políticos. Colocó como ejemplo lo que acaba de ocurrir con el diputado Freddy Guevara.
“Ellos hacen una interpretación tan retorcida de lo que es la inmunidad y de lo que es la flagrancia, que los lleva a alcanzar su objetivo que era sacar a Freddy Guevara del parlamento. Ellos han venido utilizando al TSJ y a los jueces en general y ahora a esa legislación para contra las libertades democráticas, indudablemente esto tiene como objetivo también eliminar los partidos políticos”, dijo.
Con relación a los medios de comunicación audiovisual, el Estado podrá “ordenar” la difusión de mensajes por espacio de 30 minutos semanales, para la promoción de mensajes de paz. Para quienes no lo saben, ya la Ley Resorte tiene establecido un espacio de 10 minutos, sin embargo, el gobierno ha utilizado estos 10 minutos no precisamente para promover la paz y la fraternidad, muchas veces los mensajes difundidos tratan de ollas políticas en perjuicio de personas o instituciones opositoras al régimen.
La ley prohíbe los mensajes y propaganda a favor de la guerra y toda apología al odio nacional. Es que acaso esto no está plenamente tipificado en la Constitución Nacional y en el código penal? Sin embargo, programas de televisión como La Hojilla, Zurda Conducta o Con el Mazo Dando, están al aire semanalmente, y en uno de ellos inclusive, se ordenan detenciones judiciales violando el sistema de justicia. ¿Pasarán por el filtro de la Ley del Odio, luego de irrespetar la constitución?
Twitter. La red social del pajarito y otras, entran en el espectro de la ley, no para bien, por el contrario, mensaje que le parezca al régimen llama a la violencia será castigado quien lo emita y quien lo permita.
Asimismo, la normativa ordena la formación de una comisión que estará integrada por los mismos partidarios del Ejecutivo y/o poderes del Estado, para hacer seguimiento al cumplimiento de la ley, en total 13 y sólo 3 de parte de los ciudadanos o como lo denominan, movimientos sociales y/o poder popular.
La ex integrante de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que ya estos tipos penales que se señalan en la “Ley Contra el Odio”, estaban establecidos en el Código Penal. “Esto no es nuevo, lo que buscan es aumentar las penas, además es un rango tan grande entre 10 y 20 años que cualquier pena es posible, y si tenemos unos jueces atemorizados como son los que tenemos, sabemos entonces cualquier pena será de 20 años”.
“Esto no es una ley, esto es una sentencia orbitando sobre la ciudadanía venezolana”, afirmó Blanca Rosa Mármol de León.
Pero esto no es todo, la ANC, se tomó la facultad de hacer esta supuesta ley de carácter penal. Quien promueva o incite al odio por cualquier medio contra una persona o grupo de personas irá a prisión entre 10 y 20 años. Los medios que difundan el mensaje podrán ser sujetos de revocatoria de concesión.
En el caso de las medios electrónicos, sí el mensaje difundido no es retirado en seis horas, el prestador del servicio será multado con el pago de entre 50 mil unidades tributarias hasta 100 mil. De igual forma, se bloquearán los portales además de pagar la multa.
Los medios que no cedan espacios para la difusión gratuita de mensajes a favor de la paz y la convivencia, serán multados con 3% o 4% del total de ingresos brutos ejecutados en el año fiscal en curso.
Todo funcionario de seguridad o de salud que se abstenga de intervenir, para evitar cualquiera de los delitos establecidos en la normativa contra el odio, irá a la cárcel entre 8 y 10 años.
Hay que dejar claro que según la Constitución de 1999, una Asamblea Nacional Constituyente no está facultada para legislar y menos en materia penal. Ni siquiera el Presidente de la República está facultado para hacerlo por una ley habilitante.
Sin embargo, Chávez habilitado con poderes especiales legisló en materia penal y la ANC lo acaba de hacer. Blanca Rosa Mármol así reafirma, una constituyente tiene como finalidad redactar una nueva constitución, “pero por supuesto todos nosotros sabemos que la única finalidad de esta constituyente comunal es eliminar la Asamblea Nacional, como lo ha venido haciendo y además de eso, establecer la constituyente cubana]]>