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La prensa venezolana registró 162 ataques en solo seis meses

La cuarentena no ha dado tregua en los ataques a la prensa venezolana. En lo que va de 2020, al menos 16 programas, emisoras de radio y, en general, medios de comunicación salieron del aire

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Los trabajadores de la prensa venezolana reportan haber sufrido 162 ataques en los primeros seis meses del 2020, Los atacantes en su mayoría son funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado e integrantes de grupos paramilitares conocidos como «colectivos».

En total, 85 de esos casos ocurrieron desde el 13 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma decretado por el presidente Nicolás Maduro para frenar la COVID-19. La denuncia la realizó Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de la presidencia interina de Juan Guaidó.

Violaciones a la libertad de expresión

Según Prado, los trabajadores de la prensa venezolana sufrieron amedrentamiento, detenciones ilegales y desapariciones. «Esto incurre en una seria violación de derechos fundamentales, principalmente, contra el derecho a la libertad de expresión».

Sin embargo, la Comisión no descarta un número mayor de casos, debido a que muchos tienen miedo de denunciar.

«Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existen en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes y, principalmente, el papel cada vez más activo que tienen los líderes del régimen usurpador, quienes haciendo uso de las instituciones y medios de comunicación públicos han fomentado la persecución contra la libertad de prensa», dijo.

Detenciones arbitrarias, hostigamiento y censura

Entre los principales ataques sufridos por los comunicadores están las detenciones arbitrarias, los actos de hostigamiento y la censura de medios de comunicación.

Según Prado, desde el inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio, se registraron 29 detenciones arbitrarias de trabajadores de la prensa.

«Estas detenciones son calificadas como tal por no cumplir con la exigencia de una orden judicial previa ni por tratarse de casos donde existió comisión flagrante de delito. El único motivo de su ejecución obedeció a la búsqueda y/o difusión de información que, en el primer mes del estado de alarma, estuvo relacionada con la dimensión del COVID-19 y su impacto en el país», reza el informe.

Incremento de amenazas

Asimismo, sostiene que, tras la declaración del estado de alarma, «hubo un incremento en las acciones de amedrentamiento» contra los periodistas, con un total de 45 casos.

«De estas conductas que podrían constituir evidentes casos de censura previa contra la prensa libre y autónoma, se percibieron los mismos móviles mantenidos en las detenciones arbitrarias, es decir, la emisión o búsqueda de información u opiniones y la denuncia activa contra la situación deplorable de los servicios básicos», sostienen.

Acerca de los casos de censura directa, el informe explica que, «debido a presiones del Gobierno ilegítimo», al menos 16 programas, emisoras de radio y, en general, medios de comunicación salieron del aire.

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