El analista político Francisco Olivares desnuda el drama actual de Venezuela, devastada por 20 años de chavismo. El país bajo el régimen de Maduro ahora se enfrenta a un mundo hostil, que ha sido transformado por la pandemia del nuevo coronavirus y una depresión económica global en ciernes
La crisis económica y social interna, la paralización por la pandemia y la falta de cambios en la política oficial abren varias preguntas. La más importante es si Nicolás Maduro podría sortear el nuevo escenario que trae Covid-19 a una Venezuela ya casi devastada por años de desidia, corrupción y caos en la gerencia pública.
Los analistas estiman que la crisis del coronavirus no podrá ser superada en menos de un año. Y aún así, las secuelas económicas, políticas y sociales traerán una conmoción que cambiará el mundo que hoy conocemos.
Igualmente, se asegura que los países más atrasados, como los de América Latina, serán los últimos en recuperarse y adaptarse a las nuevas realidades. Los escollos estarán especialmente en el terreno político: sus líderes confrontarán grandes dificultades para ofrecer un camino a la población.
En ese escenario, nos encontramos en un presente con una Venezuela en donde el chavismo implantó el llamado «Socialismo del Siglo XXI» y convirtió a esta ex potencia petrolera en uno de los países más precarios del planeta.
El conocimiento científico, la tecnología digital, la energía y los servicios públicos básicos, serán requeridos para reconstruir la sociedad venezolana. Pero hoy estos recursos, para asombro del mundo, han sido reducidos a su mínima capacidad por quienes han gobernado Venezuela durante 20 años.
Esta nueva etapa histórica, ya encima, ha encontrado a Venezuela en manos de un cuestionado gobernante, llamado Nicolás Maduro.
El heredero de Hugo Chávez lleva siete años en el poder con el apoyo del sector militar, de China, Rusia, Cuba, Turquía e Irán. También, de una cúpula política militar-civil que se ha visto envuelta en los más escandalosos actos de corrupción que haya conocido la historia de América en los últimos 50 años.
Esta élite política, que no permite una transición, es a la que le tocaría ofrecer la reconstrucción del nuevo país. Y lo haría sobre la base de una alianza tutelada que pretenderá imponerse en el contexto de la nueva economía mundial.
La interrogante es si la Fuerza Armada Nacional (FAN), los jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los líderes de esos países aliados del chavismo, de verdad creen que Maduro tiene las capacidades para imponerse sobre 80% de una sociedad que lo adversa.
También, si ciertamente tiene las condiciones para aplastar a un movimiento opositor que hoy es apoyado por el mundo democrático occidental. Y si Maduro podrá hacer todo eso con una infraestructura económica destruida.
El sector que gobierna a Venezuela, con Maduro como mascarón de proa, no tiene propuestas, ni mecanismos a la vista para reconstruir lo que ha sido destruido.
En 2020,Venezuela entró en su sexto año consecutivo de caída económica para acumular una pérdida del -70% del PIB (Producto Interno Bruto, suma total de riqueza que genera un país).
Ahora, a una hiperinflación incontrolable que solo sirve para financiar al gobierno, se suma la crisis sanitaria.
Todavía los economistas, organismos financieros como el FMI, centros de estudios, y analistas de riesgos no se atreven a diagnosticar con pretendida precisión cuál será la nueva caída para 2020.
Pero todo apunta a que superará otro retroceso por encima de -15 a -25% del PIB.
Esto supondrá que en siete años de madurismo sólo habrá quedado 15% de la capacidad económica que tenía el país en 2012. El 8 de diciembre de ese año, Hugo Chávez legó en Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, el destino de Venezuela.
Cuando se habla de esta contracción sin precedentes suele olvidarse que el efecto en cascada hundió en la pobreza a 80% de la población venezolana.
La pérdida productiva incluye no solo al sector privado, sino también -y muy especialmente- a las empresas del Estado, que es el principal proveedor.
Ahora, con la industria petrolera igualmente colapsada, el Estado también ha perdido su principal fuente de ingreso. Por eso ya no le es posible siquiera mantener los programas sociales de alimentación y asistencia médica, que, aunque precarios, iban dirigidos a sus bases sociales.
Por eso Maduro hasta tuvo que tragarse sus calificaciones de “enemigo y traidor”, que solía endilgarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), para pedir ayuda a este organismo multilateral.
Como lo refirió el FMI, Venezuela es el único país en la historia que sin estar en guerra ni experimentar un desastre natural, ha sufrido el mayor colapso económico en los últimos 50 años.
La estimación para este año es que se sume otra caída de, al menos, 15%. Así, Venezuela liderará con seguridad la recesión económica que afectará a todo el continente. Este desplome también será uno de los peores en todo el mundo.
Nadie puede imaginar cómo podrá terminar la pandemia. Mientras, el salario mínimo nominal (que ganan principalmente trabajadores del Estado) apenas llega hoy a tres dólares por mes.
Casi 60% de la población laboral activa está dedicada al trabajo informal o independiente, sin ningún tipo de protección social, aunque ciertamente con ingresos superiores al salario mínimo mensual. Pero, en medio de la cuarentena, calles vacías, comercios cerrados, falta de combustibles y parálisis económica pocos informales pueden ejercer sus actividades y oficios.
Además encuentran un Estado sin capacidad productiva, sin recursos para importar, con una crisis que afecta a todos los servicios públicos como agua, electricidad y gasolina. Desde los medios de comunicación controlados por el gobierno, Maduro y sus voceros ofrecen una cara de seguridad, una dirigencia unida, una Fuerza Armada cohesionada y 4 millones de milicianos para defenderlos de cualquier ataque externo o interno.
Pero ese Estado venezolano está muy lejos, por ejemplo, de ofrecer subsidios y ayudas financieras directas a empresas y familias, en montos que, en efecto, resuelvan al menos la subsistencia mínima en condiciones precarias. Políticas asistenciales efectivas, como las que aplican ya otros países en América y en Europa, para enfrentar la crisis económica traída por la pandemia, no están hoy dentro de las posibilidades del régimen de Maduro.
Algunos analistas sostienen que la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus ha fortalecido la posición de Maduro en el poder. Las normas de distanciamiento social, la paralización de actividades y el confinamiento de la población le han permitido ejercer un mayor control social.
De esta forma ha podido neutralizar y reducir los efectos de las demandas de los opositores políticos y de una población hambrienta, y que sufre la crónica escasez de agua, luz, gas y gasolina.
También el encierro lo ha ayudado a matizar el impacto y las presiones de Estados Unidos con las sanciones, las acusaciones de narcotráfico a la cúpula oficialista y el bloqueo militar a naves venezolanas en el Caribe.
Sin embargo, el descontento se destapa en varias regiones del país, con gente pidiendo alimentos, medicinas, agua, gas, electricidad y gasolina. Hasta el momento, esas grietas han podido ser controladas a fuerza de represión con la Guardia Nacional Bolivariana y el control de los colectivos armados (bandas paramilitares del Partido Socialista) sobre las zonas populares.
Pero el gobierno de Maduro no solo enfrenta el desafío de imponerse sobre sus propios desastres económicos y la paralización del país. También sigue buscando mecanismos para obtener finanzas, ya afectadas por la operación militar liderada por EE UU en el Caribe y el Pacífico.
Para ello cuenta Maduro con sus aliados en la búsqueda de rutas que permitan seguir exportando el oro que sale de Guayana, los minerales estratégicos y el petróleo que aún sigue aportando unos 500 mil barriles diarios.
El pasado 1° de abril, el gobierno de Estados Unidos presentó el programa denominado “Operación Orión V”. Lo hizo el mismísimo Donald Trump, al lado de los jefes militares de las cuatro fuerzas de la primera potencia mundial.
Los comandantes estaban encabezadas por el secretario (ministro) de Defensa, Mark Esper, y por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. Esta operación ha sido planteada como una gigantesca movilización militar antidrogas en el Caribe y el Pacífico.
Tal despliegue habría sido un mensaje al mundo, a Venezuela, y a la alianza encabezada por Rusia, China, Turquía e Irán.
Milley afirmó: “Somos la mayor fuerza militar del planeta y sabemos lo que estamos haciendo. No podemos seguir permitiendo que penetren nuestro país con su droga. La van a lamentar”.
Por parte de EEUU, la operación la integran el Departamento de Defensa con las cuatro fuerzas; el Comando Sur, bajo la conducción del almirante Carig Faller; el componente sur del Ejército; la Duodécima Fuerza Aérea; el Comandante Sur del Cuerpo de Marines; y la Cuarta Flota de las Fuerzas Navales.
Junto con EEUU participan las Fuerzas Armadas de Colombia y otros 22 países aliados.
Esta operación no solo busca cortar las operaciones del narcotráfico en Latinoamérica, sino además todo el mecanismo financiero que supuestamente utilizan el gobierno de Venezuela y los grupos ilegales, con los cuales financian operaciones que no se manejan dentro de la economía formal, o de las instituciones.
No es solamente el despliegue militar lo que cuenta en esta operación. El componente más importante es el uso de alta tecnología para vigilancia, seguimiento, control de comunicaciones en la región. Todo ello proveerá de información clave de las operaciones ilegales que se efectúan en el área.
En el caso venezolano no solo se trata del tráfico de drogas, sino también del oro y de minerales estratégicos.
Ese tráfico no solo sale desde nuestras costas o vía aérea hacia el Caribe, México y EEUU. También fluye a través de una red en el Amazonas venezolano y el estado Bolívar, para llevar los productos ilegalmente hacia Brasil, desde cuyas costas o vías aéreas son llevadas como contraabando a Europa y a las costas africanas.
Este esquema ha generado en Venezuela un flujo de dólares en efectivo de tal magnitud que los economistas lo estiman superior a la circulación formal de los bolívares emitidos por el Banco Central de Venezuela.
William Brownfield, quien estuvo una década encargado de la política antinarcóticos de EEUU en el Departamento de Estado y quien fuera embajador de Washington en Venezuela, Colombia y Chile, fue contundente:
“El plan de transición a la democracia en Venezuela exige la salida total, tanto del ELN como de las disidencias de las FARC, incluyendo a sus líderes que llevan años escondiéndose bajo la sombra del chavismo”, dijo en entrevista con el diario El Tiempo de Bogotá.
El ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) llevan años operando en Venezuela. Están especialmente en zonas fronterizas, según reiteradas denuncias de los gobiernos de Colombia y de pobladores de los estados limítrofes.
En cuanto a las perspectivas de una supuesta intervención militar, a la que muchos han apostado y esperado, Brownfield aclaró que no estamos en la época de 1980 en Panamá, cuando Estados Unidos invadió el país del istmo para capturar al general Manuel Noriega, bajo cargos de narcotráfico.
«No creo que eso vaya a suceder y es importante que la oposición siga concentrada en los pasos que deben tomar para acabar con esta tragedia. No deben contar con que Estados Unidos u otro entrará a solucionarles los problemas que tienen (…)», agregó.
«Han pasado 31 años y hay muchas opciones militares que no se parecen a las del último siglo y no requieren miles de soldados desembarcando en las playas de Venezuela y marchando hacia Miraflores. Hay formas de hacer intervenciones indirectas o usando tecnología, de causar trastornos a la cadena de mando, de establecer zonas humanitarias en la frontera. O de ataques de precisión que se pueden lanzar desde miles de kilómetros de distancia, si se quiere mandar un mensaje sin poner en riesgo a la población. Lo que hay son muchas opciones disponibles que son diferentes a esas que se mencionan”, agregó Brownfield.
De allí que aclara: “se está usando mucha tecnología en lugar de una gran fuerza para lograr sus objetivos y está diseñada para enviar un mensaje y golpear a aquellos en Venezuela que usan su posición para lucrarse con millones de dólares provenientes de actividades criminales”.
Internamente, los factores del chavismo no han dado ningún margen de posibilidad para que en Venezuela se produzcan elecciones libres, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) equilibrado y supervisión internacional independiente. Por el contrario, la cúpula ha cerrado filas, perseguido y encarcelado a los dirigentes opositores y su entorno, acusándolos de traición a la patria, por proponer una transición para Venezuela.
De esta manera, solo una fractura en la cúpula militar,- que sea generada desde la bases de mando que hoy no tiene los privilegios de sus jefes- y un cambio en algún sector del chavismo serían las condiciones indispensables para propiciar una transición en la que concurran todos los factores del país.
Pero, para que ocurrieran esas fracturas, los frentes militares y civiles del chavismo tendrían que comprender y asimilar el mensaje:
Maduro no tiene la capacidad ni el interés de sacar a Venezuela de la crisis actual.
Pero ese mensaje parece no llegar en un país en la que hasta la escasez de gasolina, de agua, de alimentos y de electricidad se ha vuelto un negocio en dólares para las mafias militares y civiles del desastre.
Tras ofrecer recompensas por las cabezas de los más importantes jefes del gobierno de Maduro, plantearon a los altos jefes militares y políticos una negociación para una transición. Ahora lanzan este último despliegue militar, la acción de EEUU y sus países aliados en la región busca un cambio en Venezuela. Pero el posible desenlace todavía está por verse.
Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), reconocido como presidente interino del país por unas 60 democracias de corte occidental, en entrevista con el periodista Alonso Moleiro, fue enfático con relación al punto del mensaje a los militares:
“Creo que sí lo están considerando, en líneas generales. Entienden lo inviable que es el país en este momento. Con Maduro no hay futuro para nadie», sostuvo.
«Hay que seguir insistiendo. Si el 5 de enero de 2019 no nos creyeron que íbamos en serio, es hora de ir haciéndolo. El mundo nos apoya, tenemos la determinación de seguir avanzando en la liberación de nuestro país por todas las vías posibles”, dijo el líder opositor.
El representante especial de Trump para Venezuela, Elliot Abrams, en conferencia el pasado 8 de abril, en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, expresó:
“Nuestra esperanza es que mucha gente en Venezuela, en el partido chavista PSUV, en el ejército y dentro del gobierno, miren la propuesta y digan: Maduro tiene que abandonar el poder”.
Abrams considera que “el ingreso del petróleo se ha reducido y no se debe principalmente a las sanciones estadounidenses. En este momento, sabemos que la razón principal es que no han invertido dinero en el sector petrolero».
«Entonces las cosas se les están saliendo cada vez más fuera de control. Se están volviendo cada vez más decrépitos (…) En los últimos años, han confiado más en actividades criminales, en el Arco Minero (enormes yacimientos de minerales en el sur del país, bajo control militar y de mafias criminales) y en el tráfico de drogas (…)».
«En nuestra opinión, van a hacer lo que puedan para obtener dinero en cualquier lugar que puedan. Lo han estado haciendo por años. En los años anteriores, tenían suficiente dinero de los ingresos del petróleo y simplemente robaron demasiado. Ahora hay mucho menos dinero”, afirmó Abrams.
Para el dirigente de Primero Justicia Julio Borges: “la Fuerza Armada Venezolana, en su inmensa mayoría, está contra Maduro y contra sus vinculaciones con Cuba y con las diferentes mafias».
«Pero en ella reinan dos factores: el miedo y la corrupción de la cúpula militar. Por las antenas que tengo en la Fuerza Armada, tengo certeza de que el mensaje de los Estados Unidos llegó nítido. Van a tener que decidir muy pronto, porque la crisis venezolana va hacia un clímax que ni nosotros mismos imaginamos. Los militares saben que, si no son parte de la solución, van a terminar siendo la causa del problema».
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