Ernesto Samper se despidió de la Unasur y le hizo al gobierno de Venezuela una Propuesta de Estabilización Solidaria basada en unificar el régimen de cambios múltiples, focalizar los subsidios en las familias pobres, extender los subsidios a 7 millones de familias, ajustar los precios del combustible y la energía, y gestionar fuentes de nuevo financiamiento externo.
Esta visión atribuye las causas de la actual crisis a las desviaciones y errores de la política económica y por eso plantean como solución un programa de ajuste económico basado en la eliminación de los controles, el respeto a los derechos de propiedad y la promoción de inversiones. Pero el problema es más complejo y pasa por comprender las patologías inherentes al rentismo petrolero para poder llevar a cabo las estrategias más adecuadas que permitan aislar el efecto negativo de las oscilaciones de los precios del petróleo sobre la economía y la sociedad. De lo contrario, una nueva recuperación de los precios del petróleo reeditará el perverso ciclo que en Venezuela ha sufrido una y otra vez durante más de un siglo.
En Venezuela no hay buenos o malos gobiernos, sino buenos o malos precios del petróleo. En períodos de auge rentístico, el crecimiento del ingreso fiscal petrolero ha permitido aumentar el gasto social y aumentar la popularidad del gobierno. Pero cuando la cotización de los crudos se descalabra, también cae el ingreso fiscal petrolero y el gobierno ve muy limitado su margen de maniobra.
Según los datos que se filtraron del BCV, en 2016 la contracción del PIB fue de 18 % y la inflación gira en torno a 800%. Muchas empresas cerraron con pérdidas y esto sentencia una baja recaudación de ISR. Para estirar los menguados ingresos, un gran número de operaciones de compra-venta se hacen sin reclamar la factura para evitar el pago del IVA. Todo esto afectará el ingreso fiscal.
Ante una contracción económica que lleva tres años consecutivos, una reforma fiscal para aumentar los impuestos sería un tiro de gracia para un aparato productivo agonizante. En estas circunstancias no es eficaz apelar a la política tributaria como mecanismo para lograr una redistribución progresiva del ingreso. Por eso el gobierno apuesta a los acuerdos en la OPEP para levantar los precios del petróleo y su popularidad, a través de la distribución de la renta, vía gasto gubernamental.
Lo cierto es que el margen de maniobra para tapar el hueco fiscal se reduce y la única opción que le está quedando al gobierno para generar flujo de caja rápidamente es la unificación cambiaria. Esta luce cada vez más como una medida inevitable para salvar al gobierno de su inminentes naufragio fiscal. Unificar el régimen de cambios múltiples en torno a la tasa Dicom generaría suficientes bolívares para que Pdvsa pueda pagar la nómina y poner al día sus deudas con proveedores y contratistas. Esto aliviará la presión que recae sobre el BCV de tener que realizar permanentes emisiones de dinero sin respaldo para financiar el déficit fiscal, cuestión que se ha convertido en el principal factor propagador de la inflación que devora los salarios y pulveriza la popularidad del gobierno.
Fundada en 2008 -durante el segundo mandato de Lula como presidente-, la Unasur quedó paralizada al no poder elegir desde el año 2017 a un nuevo secretario general. Argentina también anunció su regreso a este grupo
Mientras Bolivia apuesta a una instancia subregional, con una clara bandera ideológica como lo refleja el discurso de Morales, quien ha dicho que se propone “consolidar la lucha antiimperialista”; en el caso de México, el plan de AMLO se trata de reflotar a la debilitada Celac, que según analistas parece desfasada en el actual contexto regional
La cancillería de Uruguay explicó que deja Unasur porque no funciona, pues se basó en alineamientos político-ideológicos y decidió volver al tratado de asistencia recíproca en materia de defensa colectiva y de seguridad hemisférica.
