Ley antibloqueo: AN amenaza con cárcel a empresarios que trabajen con Maduro

Si las sanciones son contra el Gobierno de Maduro y Pdvsa, entonces la lógica que está estudiando el Gobierno es dejar en manos privadas muchos negocios para que no sean bloqueados. La Ley Antibloqueo no es más que una opción que toma el régimen chavista para poder pasar por encima de la Asamblea Nacional y aprobar rápidamente medidas que puedan dar vuelta a las sanciones impuestas desde EE.UU., así esto implique quedarse con la retórica de socialismo y empezar a practicar, así sea un poco, algunas políticas liberales.

Lógicamente a la Asamblea Nacional, liderada por Guaidó, esto no le conviene. Las sanciones son una medida que apoya la oposición como mecanismo para asfixiar a Maduro y provocar una salida. Lograr revertir estas sanciones o pasarles por encima puede ser un problema que golpea aún más la legitimidad otorgada por gran cantidad de países en el mundo que reconocieron a Guaidó cómo presidente de Venezuela, aunque solo sea en el papel.

Por esto, la Asamblea Nacional advirtió este martes que no reconocerá los negocios suscritos en el marco de la llamada ley antibloqueo, y no solo eso, además establece sanciones para las personas que negocien con el Gobierno de Maduro.

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Negocios ilegales

«Cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocido por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior», dice una nota de prensa del Legislativo que da cuenta del debate virtual celebrado esta jornada en el que los diputados acordaron condenar la ley en cuestión.

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que declaran a esta ley como «inexistente» e «ineficaz» al considerar que viola principios de organización del poder público y «crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador» del presidente Nicolás Maduro.

Quien negocie bajo el cobijo de la ley antibloqueo «podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos», dice el escrito.

El acuerdo del Parlamento, de mayoría opositora, insta también a «investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a las personas que estén involucradas» en la «ilegítima promulgación y aplicación» de esa normativa.

Una Ley que pone a Maduro a hacer lo impensable

Con la Ley, el “Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.

Una fuente del sector petrolero y otra del sector financiero, conocedoras del tema señalaron a Reuters que el principal interés del gobierno con el proyecto de ley es ceder manejo en el negocio petrolero, aunque este no es el único motivo.

La nueva ley “antibloqueo” también permite revertir las expropiaciones de empresas que se concretaron bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Esa ola de nacionalizaciones llevó a las compañías afectadas a demandar en cortes internacionales millones de dólares en indemnizaciones, millones que el Gobierno de Maduro no tiene para pagar.

Para la devolución de las empresas ocupadas el gobierno impondría condiciones como el pronto aumento de la producción, de acuerdo con el documento. Abogados consultados señalaron que con ese esquema la administración de Maduro estaría evitando que las sanciones impacten en otras empresas estatales.

Con información de Efe y Reuters