Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por comentarios en redes sociales. Periodistas heridos, detenidos, desaparecidos y torturados. Censura sistematizada, cada vez más medios de comunicación cerrados y todo por oponerse al régimen de Nicolás Maduro
La organización no gubernamental (ONG) Un Mundo Sin Mordaza publicó la última semana de octubre su informe sobre la libertad de expresión en Venezuela, correspondiente al primer semestre de 2019.
En 2019 aumentaron notablemente las detenciones arbitrarias y la apertura de procesos penales contra periodistas que investigan hechos de corrupción.
Los más afectados son aquellos que cubren las protestas y son abiertamente críticos al gobierno en redes sociales.
Las fuerzas de seguridad actúan con mayor violencia e intentan reprimir a los trabajadores que intentan informar a la ciudadanía.
La eliminación de la información registrada, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos sin órdenes judiciales son solo algunos de los problemas que enfrentan los periodistas en Venezuela.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró durante el primer semestre de 2019 la detención arbitraria de por lo menos 55 periodistas, 22 de ellos de medios internacionales o corresponsales extranjeros.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro deportó a la mayoría de los periodistas extranjeros mientras que algunos venezolanos siguen tras las rejas o en libertad condicional con régimen de presentación ante los tribunales.
La Organización Espacio Público, asociación civil dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, indica que en el primer semestre de 2019 se registraron 522 violaciones contra la libertad de expresión.
Esto representa un incremento de 193% en cuanto a casos denunciados en comparación al mismo periodo de 2018.
Asimismo señalaron que hubo un incremento de 314% de violaciones registradas -incluyen las denunciadas y las observadas- en el mismo periodo de 2018.
De acuerdo a información recabada por Un Mundo Sin Mordaza, solo en mayo fueron presentadas 119 denuncias por parte de periodistas y medios de comunicación. Durante el primer semestre de 2018 se registraron 161.
Los cuerpos de seguridad del Estado, instituciones y funcionarios públicos son los señalados como responsables de las violaciones a los derechos humanos.
“Por cada persona que se le viola su derecho de expresión, hay al menos dos denuncias diferentes”, dijo Andrés Villariño, coordinador legal de Un Mundo Sin Mordaza.
El simple hecho de informar – una actividad que no es delito – o asociarse con otras personas para informar, es una excusa que el gobierno utiliza para acusar, perseguir y detener arbitrariamente a sus disidentes.
Dos televisoras regionales fueron cerradas en el estado Zulia, mientras que clausuraron 11 emisoras de radio en territorio nacional.
Quince programas de opinión fueron censurados y amonestados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente regulador que también sacó del aire temporal o permanentemente a 9 canales por suscripción.
59 periodistas han sido temporalmente detenidos, algunos como Jesús Medina siguen tras las rejas, y un diario, Panorama, quedó fuera de circulación hasta septiembre de 2019.
La «instigación pública» es el «delito» que se le imputa a la mayoría de las personas detenidas por informar.
Villariño explicó que la razón por la que el gobierno de Maduro usa la “instigación pública” para detener a comunicadores con impacto en redes sociales, es porque es un hecho punible que no requiere de una consumación.
“Es sencillo: no se requiere un marco probatorio tan riguroso como pudiera ser en otros tipos de delito”, aclaró Villariño.
El gobierno de Maduro ataca a las personas que se le oponen, sobre todo si son abiertamente críticas a su régimen.
Se recuerdan los casos de la clarinetista Karen Palacios y el tuitero Pedro Jaimes Criollo.
“Es un patrón sistemático que han usado para diferentes personas, desde Pedro Jaimes que estuvo detenido publicar un tuit con información de la nave presidencial hasta Luis Carlos Díaz, a quien además se le imputaron cargos por agavillamiento y asociación para delinquir”, destacó.
El caso del periodista Luis Carlos Díaz confirma que las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias son sistemáticas.
Díaz fue objeto de desaparición forzada durante 8 horas el 11 de marzo y posteriormente se le trasladó a las instalaciones del Sebin, en El Helicoide.
Un caso parecido es el del periodista Jorge Ramos, de la cadena Univisión.
Ramos estuvo detenido por un par de horas en el Palacio de Miraflores tras una fallida entrevista con Maduro. Le confiscaron herramientas de trabajo como cámaras, teléfonos y grabadoras.
Unas horas después deportaron al periodista de Univisión y a su equipo.
Deportaron también a periodistas de las cadenas Univisión, TMC de Francia, TVN de Chile y de la Agencia EFE; al igual que la comunicadora Annika Rothstein del portal Truth and Fiction.
Un Mundo Sin Mordaza presentó informes a instancias internacionales que sirvan como prueba de la persecución que Maduro y su régimen aplica a comunicadores o disidentes.
Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas son un método sistemático de intimidación contra comunicadores y disidentes.
“Las personas se han visto en la necesidad de acudir a medios no tradicionales, pero que ya han adquirido una fuerte presencia y esos son las redes sociales”, dijo Villariño.
El creciente uso de redes sociales como canal de denuncias no solo beneficia los usuarios venezolanos, sino que llama la atención del gobierno.
El régimen de Maduro invierte en vigilar y controlar todo lo que se comenta sobre ellos en medios de comunicación y redes sociales.
El gobierno hace énfasis en la actividad de personas como Karen Palacios, miembro del sistema de orquestas nacionales -utilizado como instrumento de propaganda del gobierno-.
El Ejecutivo castigó a Palacios por expresar su opinión y hacer uso de la libertad de expresión en redes sociales, un derecho humano consagrado en la Constitución venezolana.
“Cuando emites una opinión disidente estás entrando en el radar, te estás exponiendo y seguramente vas a ser censurado porque estás molestando a un mega aparato que básicamente se dedica a esto, a callar otras opiniones. Mientras menos personas hablen, mejor para ellos”, subrayó Villariño.
La mayoría de las comunicaciones e informes redactados por organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza, Espacio Público, el IPYS, entre otros; llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en ocasiones, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH toma de forma individual y especializada los casos. Denuncias como el cierre de Radio Caracas de Televisión (2007) y el caso del abogado Tulio Álvarez (2005-2019) han alcanzado esta instancia.
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