Alex Nain Saab Morán, extraditado a EEUU, acusado por conspiración y lavar 350 millones de dólares, dijo en una carta que es inocente y no tenía nada que confesar. Diosdado Cabello celebró su postura y lo calificó de “patriota”; pero en el chavismo prevalecen dudas de si este “representante”, tomará el mismo camino de otros juzgados en suelo estadounidense que han intercambiado información a cambio de reducción de penas.
La mayoría de los casos de venezolanos implicados en corrupción y legitimación de capitales que se han procesado desde la última década indican que “la negociación” con las autoridades de justicia de Estados Unidos es la mejor vía de sobrevivencia para quienes inevitablemente terminan tras las rejas y en procesos judiciales.
Algunos tienen casa por cárcel, otros ya se encuentran en libertad condicional y hasta han conservado parte de la fortuna que amasaron en sus fraudulentas operaciones.
¿Cuál será la vía que tomará Saab frente a la pena que le espera?
Diosdado Cabello asegura que Alex Nain Saab Morán es un verdadero “patriota” que, si bien ganó dinero haciendo negocios, “puso el pellejo por Venezuela y no dudó nunca en apoyarla. Cuando las cosas se pusieron duras fue uno de los pocos que dijo presente y eso tiene un mérito”.
Las acusaciones contra Saab por conspiración lo relacionan directamente con el régimen de Nicolás Maduro. En la defensa del empresario colombiano que ha promovido el gobierno madurista se ha desplegado una intensa campaña que lo vende como héroe popular y víctima del “imperio”.
Ello denota la preocupación por toda la información que maneja el “representante diplomático” de Maduro y que podría estar en manos del Departamento de Estado y el sistema de justicia estadounidense.
De acuerdo a los datos recogidos por Transparencia Venezuela, hasta febrero de 2019 se encuentran en los tribunales y fiscalías de seis países, en Europa y Estados Unidos, 15 procesos por corrupción y lavado de dinero vinculados con negocios ilegales desde Venezuela.
Los 15 casos suman US$ 13.000 millones de dólares e involucran a cerca de 60 personas vinculadas en una compleja red de relaciones personales y empresariales en diferentes países. En la mayoría de estos casos la negociación, a cambio de información, terminó siendo la salida de los acusados.
Detrás de Saab, aguarda para ser extraditada a EEUU desde España la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén, luego que hace unos días un tribunal de España aprobó su extradición.
Díaz Guillén, tenida como la enfermera de Hugo Chávez, está solicitada por sus vínculos con el caso de Alejandro Andrade.
Dado los beneficios obtenidos por alias «El Tuerto» Andrade, Díaz Guillén podría igualmente acogerse a este mecanismo de negociación ya que maneja importantísima información sobre la corrupción desde los cargos que ocupó en la Tesorería de la Nación y al frente del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN).
También se espera la extradición del ex director de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal, quien ya comenzó a entregar información ante la Audiencia Nacional de España (una de las principales cortes judiciales del país).
A pesar de los grandes vínculos financieros que unen a Saab con altos funcionarios y empresas ligadas a Nicolás Maduro, todo parece indicar que la información aportada por estas tres últimas extradiciones pueden complicar aún más las relaciones del gobierno chavista con EEUU y Europa.
También podrían surgir nuevas evidencias de la corrupción que han protagonizado altos funcionarios chavistas en dos décadas.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de Alejandro Andrade, el guardaespaldas personal de Hugo Chávez y ex Tesorero Nacional de Venezuela, sentenciado a 10 años en una prisión de EEUU por lavado de dinero.
Sin embargo, Andrade podrá obtener la libertad a principios del próximo año por una reducción de la pena de 42 meses.
Este beneficio lo logró por sus largas negociaciones y colaboración con las autoridades estadounidenses en sus investigaciones sobre la corrupción en Venezuela. De allí que recibió un recorte de 65% en su sentencia quedando reducida a solo tres años y medio.
El ex militar fue acusado por corrupción y operaciones de lavado de dinero por una suma de $2.400 millones. Vivía como un magnate en Florida, EEUU en donde compró casas de lujo en los más caros condominios, autos de lujo y caballos de raza, entre otras costosas aficiones.
Las acusaciones contra Andrade fueron por enriquecimiento ilícito; peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En noviembre de 2018 fue condenado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el sur de Florida a 10 años de prisión por aceptar sobornos de más de US$ 1.000 millones.
Andrade leyó una carta y pidió perdón a su familia y amigos. Luego de que cumpla la sentencia acordada entrará en un proceso de “liberación supervisada” hasta que se decida su deportación o estatus migratorio. La defensa reveló que Andrade viajó a EEUU en 2014 con un permiso especial de entrada y desde entonces ha dado información a las autoridades.
Se declaró culpable y admitió sobornos por $1.000 millones que habría manejado con el empresario chavista Raúl Gorrín. El dueño de Globovisión también es solicitado por la justicia de EE.UU, implicado en este caso, y en otras operaciones de lavado de dinero y soborno.
Las operaciones de Andrade comenzaron en 2008 hasta 2014 cuando se fue a Florida. Tras declararse culpable, Andrade aceptó la confiscación de bienes raíces en Palm Beach, Florida, 15 vehículos (entre los cuales hay tres carros de golf), 17 caballos, 35 relojes de lujo y nueve cuentas bancarias en EEUU y en Suiza.
Andrade, vecino de la populosa parroquia de El Valle, en Caracas, es teniente del Ejército. Fue guardaespaldas y secretario de Chávez, hasta que su jefe lo designó a cargo del Tesoro Nacional y presidente del banco estatal de inversiones Bandes. Un año después fue nombrado ministro de Economía y Finanzas.
En la Tesorería lo sustituyó más tarde Claudia Guillén, quien continuó manejando los negocios ilícitos, que desplegó Andrade desde ese cargo con socios en común.
María de los Ángeles González de Hernández, fue vicepresidente de Finanzas del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) desde 2008. También era muy vinculada a Andrade. Luego de encarcelada, enjuiciada y condenada por un tribunal de EEUU por recibir sobornos, ahora se encuentra en libertad y vive en Miami en una de sus lujosas propiedades alejada de los escándalos.
La ex funcionaria obtuvo una reducción de su condena gracias al perdón otorgado por la jueza federal por la información aportada a las autoridades.
Como refiere el portal Poderopedia, durante su gestión González registró una empresa llamada Cartagena Internacional INC, que no tenía sede física. Con ella abrió cinco cuentas en un banco suizo en el que, según una investigación hecha por la Comisión de Valores y Comercio de EEUU, logró depositar $5 millones de dólares en sus ahorros personales solo en dos días por un esquema en el que vendía bonos de deuda a precios por debajo del mercado y luego los volvía a comprar más caros.
Desde mayo de 2013 fue detenida en EEUU bajo los cargos previstos en el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero; además, se presentó una acción legal para la confiscación del dinero obtenido.
Se declaró culpable ante un juez federal en Nueva York y admitió que recibió millones de dólares en sobornos para favorecer transacciones vinculadas a Bandes. Fue entonces que decidió colaborar con las autoridades.
La juez del Distrito Sur de Manhattan, Denis Cote, la sentenció a cuatro años de prisión y le impuso una multa de $5 millones.
En la negociación, González entregó información de sus vínculos con la firma neoyorquina Direct Access Partners. Esta empresa participó en el entramado de corrupción por el que fueron encausados directivos que ganaron $60 millones en operaciones fraudulentas.
Uno de los primeros casos que llegó a los tribunales de EEUU tuvo como protagonistas a Francisco Convit Guruceaga, socio de Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau en la empresa Derwick Associates. Esta constructora de papel está señalada de enriquecerse a partir de la crisis energética que se inició en 2009 en Venezuela y de los contratos directos logrados con el gobierno de Hugo Chávez.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Florida de EEUU, 22 ex funcionarios de PDVSA, banqueros, empresarios de maletín y otros, suscribieron contratos de financiamiento con la estatal petrolera pagando sobornos a funcionarios.
Según los datos recogidos por Transparencia Venezuela, la acusación detalla varios contratos suscritos con los acusados.
El caso se encuentra en el Tribunal del Distrito de los EEUU para el Sur de Florida. El esquema de corrupción se inició en diciembre de 2014 y la denuncia se presentó en julio de 2018. Los recursos comprometidos suman $1.200 millones en delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista, legitimación de capitales, contratos falsos, soborno y delitos cambiarios.
Uno de los principales socios de Convit, Matthias Krull, quien trabajaba para el grupo suizo Julius Baer, cayó arrestado en agosto de 2018, en Miami, y admitió haberse puesto de acuerdo con hombres identificados como “Los Chamos” para lavar $200 millones.
Krull ha brindado detalles de sus encuentros con los conspiradores en su oficina en Caracas y en su condominio en la exclusiva isla de Fisher, en la que discutieron la transferencia de fondos de petróleo malversados al banco europeo, según los documentos de la corte. Un juez federal de Miami lo condenó a 10 años de prisión.
Finalmente en marzo de este año logró la reducción de la pena en 42 meses (tres años y medio), declarándose culpable y recibió además elogios de los fiscales por la información suministrada ante la jueza Cecilia Altonaga, de Miami.
El 11 de noviembre de 2018 las autoridades de Estados Unidos detuvieron a otro implicado en este caso: Abraham Ortega, ex director ejecutivo de Finanzas de PDVSA.
Ortega pagó una fianza de US$ 1.000.000 para lograr el beneficio de arresto domiciliario en su residencia al sur de Florida.
Se declaró culpable de lavado de dinero y sobornos. Admitió haber aceptado US$ 5.000.000 en sobornos para otorgarles préstamos prioritarios a una compañía francesa y a un banco ruso, ambos accionistas minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA. Adicionalmente, reconoció que durante su gestión como director ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA aceptó US$ 12.000.000 en sobornos por su participación en un plan de malversación a la estatal venezolana, que incluía préstamos y contratos en divisas extranjeras.
En mayo de este año logró la reducción de su sentencia en 28 meses ante la jueza Kathleen Williams por su cooperación.
A Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía y Minas durante la presidencia de Hugo Chávez, también lo esperan en EEUU para comparecer a un juicio bajo cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y lavado de dinero, entre otros delitos.
Se encuentra en España, en donde ha comparecido ante las autoridades por las distintas denuncias en su contra y el requerimiento de extradición. Varios de sus socios se han declarado culpables y han negociado con las autoridades.
Junto a Villalobos fueron acusados el ex gerente general de Bariven, César Rincón; el ex jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Reiter; el ex funcionario Luis Carlos De León y Alejandro Istúriz Chiesa.
De acuerdo a lo registrado en el informe de Transparencia Venezuela, el caso deriva de una investigación en EEUU sobre una trama de sobornos de US$ 1.000 millones que involucró pagos a ex funcionarios de PDVSA. Cuando se hizo pública en 2015, la investigación condujo al arresto de dos empresarios: Roberto Rincón, presidente de Tradequip Services & Marine y Abraham José Shiera Bastidas, presidente de Vertix Instrumentos.
En 2018 Luis Carlos De León y César Rincón se declararon culpables en Houston. Igualmente lo hicieron Roberto Rincón y Abraham Shiera, en junio de 2016.
A partir del mes de mayo de este año 2021 un juzgado de Texas emitió varias sentencias contra otros implicados en esa red de sobornos de Bariven y PDVSA Services, filiales de la petrolera venezolana en EEUU.
Una de ellas se emitió este 6 de mayo, por el juez Gray H Miller, quien condenó a Iván Alexis Guédez a 18 meses de prisión, más dos años de libertad supervisada y una multa de 20.000 dólares. Guédez se encargaba de las compras en Houston para PDVSA Services y colaboró con las autoridades ofreciendo información del caso a cambio de reducir su pena.
A José Orlando Camacho, supervisor de ventas de PDVSA, en Houston, el juez Miller lo sentenció a 12 meses de custodia del Federal Bureau of Prisons y dos años de libertad supervisada tras ofrecer información sobre sus operaciones. La fianza era de 20.000 dólares.
Documentos que reposan en el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Sur de Florida registran que Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.
En su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que conspiró con Raúl Gorrín y otros empresarios para adquirir el Banco Peravia, en República Dominicana. También reconoció que pagó sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para obtener divisas preferenciales y posteriormente lavar ese dinero.
Jiménez facilitó transacciones ilegales y pagos de sobornos a funcionarios extranjeros y otros a través de tarjetas de crédito emitidas por el banco, efectivo, desembolsos, transferencias bancarias y otras transacciones financieras.
Jiménez Aray, quien residía en Chicago, fue condenado a tres años de prisión en noviembre de 2018, luego de reconocer su culpabilidad y negociar su sentencia a cambio de toda la información suministrada a las autoridades.
Entre quienes tomaron la opción de ir a negociar en el imperio está Leamsy Salazar Villafaña, el ex capitán de corbeta, quien se dio a conocer cuando el 12 de abril de 2002 ondeaba la bandera de Venezuela sobre el techo del Palacio Blanco pidiendo el retorno de Hugo Chávez al poder. La imagen fue utilizada como emblema del triunfo del chavismo.
Ese héroe de la revolución, jefe de seguridad de Chávez, en diciembre de 2014 huyó con su esposa y familia a EEUU con ayuda de la DEA. Durante año y medio estuvo negociando su libertad y refugio a cambio de la valiosa información que manejó durante 12 años en la cúpula del poder.
En contraste a estos casos reseñados, el juez federal Paul Crotty decidió, el 14 de diciembre de 2017, que Efraín Campo Flores y Franqui Flores De Freitas, sobrinos de la primera dama, esposa de Maduro, Cilia Flores, deberán permanecer 18 años en una prisión de EEUU sin la posibilidad de libertad condicional.
Así mismo les aplicaron una multa de US$ 50.000 por conspirar para ingresar 800 kilos de cocaína a territorio estadounidense.
La sentencia que les aguarda a Saab, Díaz Guillén y Carvajal estarán vinculadas al nivel de las informaciones sustentadas y documentadas que aporten a las autoridades estadounidenses las cuales engrosarán los abultados expedientes de 22 años de corrupción, cuyos flujos financieros, inevitablemente pasan por el sistema financiero internacional.
“Follow the money” (sigue el dinero) es una suerte de lema que históricamente han acogido los organismos de investigación de EEUU para perseguir, documentar y capturar a autores y cómplices del lavado de dinero. También para intentar llegar cada vez más alto en la cadena de culpables.
El proceso de los Estados Unidos de América contra el millonario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández por fraude y sobornos por al menos 1.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) da nuevas pistas sobre la corrupción en los gobiernos chavistas, e involucra sin nombrarlos a ejecutivos de la estatal, según las actas del caso.
Fiscales estadounidenses creen que Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela y exembajador ante la ONU, recibió sobornos como parte de una red multimillonaria de corrupción en la industria petrolera de Venezuela, según un funcionario al tanto de la investigación en Estados Unidos.
