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Liliana Ortega: Venezuela debe acatar mandatos sobre DD HH

La activista pro derechos humanos y directora de Cofavic afirma que 10.971 presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron registradas entre 2012 y 2019

Liliana Ortega: Venezuela debe acatar mandatos sobre DD HH

Liliana Ortega, activista venezolana de derechos humanos, aseveró que es lamentable que Venezuela esté bajo la supervisión por incumplir casi todos los mandatos internacionales de derechos humanos, pues distintos organismos expresan que hay grave una crisis en el país que los vulnera.

Ortega, quien es también directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero  y primeros dñias de marzo de 1989 (Cofavic), precisó que trimestralmente el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas actualiza su informe sobre la situación de los derechos en Venezuela, lo que constituye un hecho sin precedentes.

Indicó que este jueves 27 de febrero,Michelle Bachelet abogó por los privados de libertad de manera arbitraria en Venezuela, como son Roberto Marrero y Juan Requesens, entre otros. La actvista de DD HH indicó que en junio de este año se debe revisar el memorando de entendimiento que firmado con el gobierno de Nicolás Maduro, además de efectuarse una próxima actualización para este 10 de marzo y la presentación de un informe en septiembre.

31 años de impunidad

Con respecto al «Caracazo» (1989), Ortega afiormó que “han sido tres décadas de impunidad”, ya que tal situación se mantiene en relación con las víctimas de ese suceso, 31 años después de ocurrido. Dijo que, al respecto, se produjo una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que, a su juicio, constituye una hoja de ruta, que señala que en Venezuela las fuerzas militares no estaban capacitadas para mantener el orden público. Recalcó, asimismo, que los casos que permanecen impunes no superaban la primera fase del proceso penal.

Cofavic ha registrado 10.971 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2019. La mayoría siguen impunes y corresponden a casos de jóvenes de sectores vulnerables, menores de 25 años (80%) y en el contexto de operativos de las denominadas fuerzas especiales (70%).

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