Llevarán caso de persecución contra medios digitales a organismos internacionales

Representantes de organizaciones políticas y organizaciones de derechos humanos del estado Táchira rechazaron las denuncias hechas por la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nellyver Lugo, en las que responsabiliza a medios de la región de emitir imágenes que incitan al odio y «generar» hechos de violencia. Lugo instó a Conatel y al Ministerio Público a abrir una investigación por la publicación de imágenes del caso del joven Rufo Chacón Parada, de 16 años de edad, que quedó ciego después de que un efectivo de la Policía del Táchira le disparó perdigones directamente a sus ojos.

Quien fue diputado a la Asamblea Nacional y es presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, aseguró que lo que busca el Consejo Legislativo del estado es ocultar el caso de violación de los derechos humanos del menor de edad por lo que emprenderá acciones ante organismos internacionales.

Márquez llevará el caso al Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión y al Relator de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión y Opinión, para que se investigue la persecución contra los medios y periodistas del Táchira.

«La persecución contra los medios y los periodistas la rechazamos categóricamente porque pareciera que es un ataque sistemático para reducir la libertad democrática en el Táchira y en el país. Hay interés de que se oculte la verdad de lo que ocurrió con el joven Rufo Chacón Parada quien perdió su visión en un ataque a mansalva por parte de funcionarios policiales, cuya responsabilidad se extiende incluso al comandante de la unidad, al Director de Politáchira».

Márquez señaló: «De acuerdo al artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es el superior jerárquico, quien tiene responsabilidad del caso bien sea por omisión o por no haber prevenido que estos hechos ocurrieran”.

El defensor de los derechos humanos dijo que el Consejo Legislativo del Táchira, en vez de perseguir portales web y solicitarle a Conatel y al Ministerio Público que viole la libertad de expresión y la libertad de opinión por las publicaciones realizadas de un caso que es notorio y comunicacional, debe investigar al comandante de la Policía de la región y a todos los policías que participaron en el operativo.

Márquez también pidió una reparación e indemnización para los familiares y para la propia víctima, porque de por vida quedará dependiendo del Estado o del apoyo que le den otros organismos.

El representante de la coalición sindical de educación en la región Gerardo Ramírez, dijo que durante 20 años los voceros del PSUV que hoy denuncian el ejercicio libre del periodismo se han dedicado a cercenar el derecho a la información y cerrar progresivamente medios de comunicación.

“Desde Táchira instamos a los organismos internacionales a que giren la mirada a esta situación porque cuando el gobierno nacional pretende callar lo que ha sido una tragedia para el mundo entero (caso Rufo Chacón Parada), son precisamente los medios de comunicación los que visibilizan la situación”, precisó el representante gremial de los docentes.

Como ciudadanos, -detalló Gerardo Ramírez- nuestra posición es apoyar a los medios de comunicación en el trabajo de mostrar lo que pasa en Venezuela.

Ante las denuncias formuladas por la diputada Lugo, en contra de medios de comunicación digital, los representantes de la sociedad, ONGs y agrupaciones políticas reunidas en el Frente Amplio, rechazaron de manera contundente la pretensión de criminalizar a los periodistas de la región en el libre ejercicio de sus labores.

Más amenazas

El coordinador regional del Frente Amplio en Táchira, Jesús Báez, se solidarizó con los medios de comunicación señalados por Lugo y ofreció, en nombre de la organización que representa, todo el apoyo al parlamentario nacional Franklin Duarte, quien fue señalado por el comité regional del partido de gobierno en el Consejo Legislativo de instigar al odio y la violencia a través de sus redes sociales y afirmar que se le abriría una investigación del hecho.

“Un ataque sistemático han pretendido hacer para descalificar y desarmar la Asamblea Nacional. Desde Táchira todo nuestro apoyo a nuestros representantes en la Asamblea Nacional, especialmente a nuestro bloque parlamentario”, dijo.

Añadió que las amenazas no lograran distraer al pueblo de lo que asegura que son los objetivos principales: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.