La legitimidad de origen se pierde cuando un gobierno electo en las urnas no garantiza los derechos esenciales de una democracia integral, tales como el respeto a los derechos humanos, el sometimiento al Estado de derecho, las elecciones oportunas y transparentes, la consulta popular para solucionar las crisis de gobernabilidad, la transparencia en la administración de los fondos públicos, la libertad de expresión y la separación e independencia de los poderes públicos.
El debilitamiento de las instituciones democráticas también se manifiesta en la impugnación de diputados para quebrar la mayoría calificada lograda por la Oposición en la Asamblea Nacional; en las maniobras para inhabilitar y sacar de la contienda electoral a candidatos ganadores; en la prisión de dirigentes estudiantiles, sindicales, parlamentarios y políticos opositores; en el amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación social; en la criminalización de la crítica y de la protesta; en el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones pacíficas.
La escasez, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas; la inflación y alto costo de la vida; el racionamiento eléctrico y los cortes de agua; el colapso del sistema educativo y hospitalario; el deterioro de los servicios públicos y de la infraestructura; las manifestaciones y creciente conflictividad social; los robos, secuestro, homicidios y otras formas de criminalidad; la corrupción y despilfarro de los presupuestos públicos; el nepotismo y tráfico de influencias en el nombramiento de altos funcionarios; la colonización y abuso de poder en detrimento de otros poderes públicos; los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales, son indicadores de la pérdida de la legitimidad del gobierno.
El régimen quebrantó el principio básico de ‘la separación e independencia de los poderes públicos'» al subordinar a sus directrices al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo Nacional Electoral (CNE). En reiteradas ocasiones el Poder Ejecutivo solicitó al Poder Judicial la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo controlado por la Oposición, y así lo hizo el TSJ. Y el CNE convocó elecciones presidenciales, de gobernadores y alcaldes en las fechas que más convenían a los candidatos oficialistas. Con la imposición de una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la convocatoria ilegal de las elecciones presidenciales se acentuó la deriva autoritaria del gobierno.
Al estrechar el margen al pluralismo y amenazar la alternabilidad en el poder, se agudiza cada vez más el conflicto político, el cual desemboca en ciclos de violencia que han puesto al país al borde de una confrontación civil. Desde 2014, diferentes procesos de diálogo y negociación se han puesto en marcha para conjurar la amenaza de una confrontación civil de impredecibles consecuencias.
La Conferencia Nacional por la Paz de 2014
En el primer trimestre de 2014, antes de cumplir un año en la Presidencia de la República, a Nicolás Maduro le tocó enfrentar una ola de violentas manifestaciones lideradas por Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, con un saldo de 43 fallecidos, 486 heridos y 1.854 detenidos, según la Fiscalía General de la República.
En este ambiente de cruentas confrontaciones, a finales de febrero de 2014 Maduro convocó una Conferencia Nacional por la Paz, en la que participaron sectores políticos, representantes de poderes nacionales, regionales, municipales y del sector empresarial. Fueron invitados como testigos de buena fe la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Nuncio en Caracas y el Secretario de Estado de El Vaticano. Motivados por los acompañantes internacionales, luego se incorporó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya propuesta se enfocó en:
- Transformar la Comisión parlamentaria de la Verdad en una Comisión Nacional y crear una Comisión para la libertad de las personas detenidas.
- Abordar los problemas de escasez, inflación, inseguridad, violencia, impunidad, desarme y desmovilización de los grupos paramilitares.
- Regularizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional y asumir el compromiso de renovar los poderes públicos tal como lo establece la Constitución.
No se debatió una salida electoral toda vez que Nicolás Maduro tenía apenas un año de haber sido elegido Presidente de la República. Se trató de un proceso sin rigurosidad metodológica en el que los protagonistas no manifestaron mayor voluntad política. Sin lucir mayores resultados, este fallido intento no logró erradicar el germen de la violencia, ni mucho menos la polarización.
La Mesa de Diálogo Nacional 2016-2017
A raíz de la derrota sufrida por el Oficialismo en las parlamentarias de 2015, el Gobierno maniobró para impedir el control de una Asamblea Nacional que en adelante estaría controlada por la Oposición. La colonización del TSJ con la apresurada designación de magistrados procedentes de las filas del Oficialismo sirvió para impugnar cuatro diputados del estado Amazonas y romper la mayoría calificada que había logrado la Oposición. Luego vendría la declaración de desacato del parlamento por parte del TSJ. Estos eventos desencadenaron una larga crisis institucional que no se ha podido superar.
En abril de 2016, la MUD había iniciado la recolección de firmas para solicitar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Debido a la pérdida de su base electoral y temiendo una nueva ola de protestas, el Gobierno se propuso ganar tiempo a través de una nueva iniciativa de diálogo y negociación. En mayo de 2016, Maduro invitó a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español; Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana y Martín Torrijos, ex presidente de Panamá, para explorar la viabilidad de una mediación con la Oposición, la cual contaría con el aval de Unasur.
Si bien el CNE avaló los primeros trámites para el referéndum revocatorio, luego de dos marchas multitudinarias convocadas por la Oposición, decidió paralizar el siguiente requisito que consistía en la recolección de firmas del 20% de los electores. Esta maniobra se sustentó en las medidas cautelares que habían dictado varios juzgados de provincia, sin competencia en materia electoral, supuestamente por vicios de ilegalidad en la recolección de firmas. En estas aguas turbulentas se instala la Mesa de Diálogo Nacional entre Gobierno y Oposición, cuya primera reunión fue el 31 de octubre de 2016, con la presencia del Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, los tres expresidentes antes mencionados y el enviado del Papa, Monseñor Paul Tscherrig, bajo la figura de acompañantes internacionales.
Las delegaciones se comprometieron a poner en práctica una hoja de ruta para normalizar la relación constitucional entre los poderes del Estado; el respeto recíproco y explorar medidas económicas para mejorar el abastecimiento; trabajar conjuntamente en el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminaban su mandato en diciembre 2016; la defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo; y reforzar institucionalmente el diálogo mediante la creación de una Comisión de Seguimiento.
Ante los pocos avances, el Secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, demandó a las delegaciones iniciativas concretas antes del próximo encuentro. Pero la designación unilateral por parte del TSJ de dos rectoras del CNE que tenían su plazo vencido, con la excusa del desacato de la Asamblea Nacional, terminó de dar al traste con la Mesa de Diálogo. El 19 de enero de 2017, el Vaticano se retiró y la Oposición anunció que solo asistiría una vez que se cumplieran las exigencias de la carta enviada por Parolin.
A diferencia de la experiencia de 2014, la Mesa de Diálogo de 2016 contó con una metodología y el acompañamiento de terceros que fueron bastante activos. Sin embargo, careció de voluntad política y representatividad de las partes involucradas. La Oposición se sentó dividida y los voceros enviados no eran los líderes decisores. El gobierno aprovechó esta situación y fue muy poco lo que cedió.
Mesa de Diálogo en República Dominicana 2017-2018
La ruptura del orden constitucional por parte de la Sala Constitucional del TSJ, mediante sentencias Nº 155 y 156 del día 28 y 29 de marzo de 2017, en las que retiraba las atribuciones a la Asamblea Nacional desencadenó una nueva ola de protestas violentas con una frecuencia casi diaria, entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017. La represión de las protestas dejó entre 134 y 165 personas fallecidas. En este período, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó un total de 6.729 manifestaciones en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias. El Foro Penal, contabilizó 824 nuevos presos políticos entre abril y diciembre del año 2017, así como irregularidades en el debido proceso.
En un país semiparalizado por los violentos disturbios, Maduro decidió convocar el 1 de mayo de 2017 una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a ser elegida el 30 de julio, sin antes realizar la consulta popular, tal como lo establece la Constitución, cuestión que exacerbó los ánimos y recrudeció la conflictividad política y social.
En medio de las tensiones generadas, se instaló un nuevo mecanismo de diálogo facilitado por el Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, con una activa participación del expresidente español Rodríguez Zapatero. Las reuniones exploratorias entre Gobierno y Oposición se realizaron el 13 y 14 de septiembre de 2017. A este nuevo intento se uniría un grupo de Países Amigos conformado por México, Chile, Nicaragua y Bolivia para hacer el seguimiento del proceso, el cual sufrió demora debido a la convocatoria de las elecciones de gobernadores y alcaldes. Nuevamente la Oposición se dividió entre los abstencionistas y los que decidieron participar, a pesar de la falta de condiciones y garantías electorales.
La primera reunión fue el 1-2 de diciembre de 2017 y el avance más importante la redacción de un borrador de acuerdo por parte de los cancilleres a ser considerado por las delegaciones. Sin embargo, predominaron los desacuerdos en: a) soberanía y levantamiento de sanciones; b) fecha de la elección presidencial, condiciones y garantías electorales; c) respeto a la institucionalidad constitucional; d) Comisión de la Verdad, presos políticos, exiliados, DDHH; e) regularización de la actividad política; y, e) desconocimiento de la ANC por parte de la Oposición.
En la sexta ronda realizada entre el 6 y 7 de febrero de 2018, no se logró un acuerdo y el gobierno dominicano declaró el diálogo en “receso indefinido” Si bien la Mesa de Diálogo en Dominicana no logró concretar un acuerdo final, es la iniciativa que más avanza en la identificación de todos los puntos consubstanciales a la resolución del conflicto, tanto en su gestión como en el abordaje de sus causas.
El Mecanismo de Oslo 2019
El “receso indefinido” declarado en República Dominicana ha terminado con el reinicio de los contactos entre Gobierno y Oposición en Oslo. Este nuevo intento por lograr una solución política y pacífica a la crisis venezolana no arranca desde cero sino a partir de los avances logrados en los procesos anteriores, cuestión que ayudará al logro de consensos en torno a una agenda de interés nacional.
Después de los sucesos del 30 de Abril, tanto el Gobierno como la Oposición están en una situación de incertidumbre sobre el estado de sus fuerzas. Más que por convicción, asisten a Oslo por necesidad. En tales circunstancias, la mediación de terceros tendrá una mayor margen para facilitar un acuerdo por la vía electoral.
Y la solución tiene que ser electoral porque en los dos comicios que ha ganado Nicolás Maduro su legitimidad ha quedado en entredicho. En las presidenciales de 2013, el estrecho margen con el que ganó y las acusaciones de ventajismo oficialista dejaron muchas dudas. Luego, a raíz de los violentos conflictos del año 2017, la ANC se apresuró en convocar elecciones presidenciales para el 20 de Mayo de 2018, sin las condiciones y garantías electorales básicas. Al no ser convocadas por el CNE fueron consideradas ilegales y, por lo tanto, la elección de Nicolás Maduro fue declarada nula. Una vez culminado su primer mandato, la Oposición y sus aliados internacionales no reconocen el segundo y consideran que Maduro está usurpando el cargo de Presidente de la República. La única manera de superar esta crisis es convocar una nueva elección presidencial para que la ciudadanía sea la que decida. Ese es el acuerdo que esperamos de Oslo.
