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Los venezolanos siguen en pie de guerra pese a la represión

El informe de julio del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) da cuenta de un promedio de 22 protestas diarias, en demanda de derechos y condiciones de vida fundamentales. Las manifestaciones políticas dan paso a estas expresiones de descontento social totalmente desatendidas.

Los venezolanos siguen en pie de guerra pese a la represión

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 649 protestas en julio de 2020, equivalente a un promedio de 22 diarias en todo el país. Los venezolanos se mantienen luchando por sus derechos y protestando en demanda de mejores condiciones de vida, según se desprende de la data procesada por esta ONG.

«Nuevamente el epicentro de las demandas giró en torno a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Los venezolanos siguen en las calles para protestar, a pesar del riesgo por contraer covid-19, las necesidades de servicios básicos, gasolina, alimentación y salarios los obliga a exigir la restitución de sus derechos humanos», señala el último informe mensual de esta organización.

El acceso a los servicios básicos es uno de los mayores problemas que enfrentan las familias venezolanas de todo el país. El 37% de las protestas del mes pasado fue para exigir gas doméstico. A diario se registraron al menos ocho protestas, para un total de 242 acciones ciudadanas. Por servicio de agua se documentaron 84 protestas y 37 por electricidad.

En resumen, julio dejó dos manifestantes asesinados por la Guardia Nacional durante protestas en rechazo a irregularidades con la venta de gasolina. En ambos casos se usó armas de fuego.

También, hubo aumento de detenciones arbitrarias, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia personas que incumplen los horarios del decreto de cuarentena.

Incremento de protestas para exigir gas doméstico.

La escasez de gas natural para cocinar se arrastra desde hace años en todo el país, pero cada día es más grave. (Foto: Daniel Hernández/El Estímulo) 

Recurrentes y sostenidas fallas eléctricas que causan afectación del servicio de Internet y telefonía, operaciones comerciales y servicios generales.

Continúa la crisis de la gasolina. Se mantiene la escasez, largas colas, prolongadas horas de espera y discrecionalidad por parte de funcionarios Guardia Nacional) a cargo de la supervisión y venta del combustible.

Sector transporte entre paros, reclamos y denuncias exigiendo aumento de pasaje y dinero en efectivo.

Productores del sector agropecuario denuncian la pérdida de sus productos ante la imposibilidad de trasladarlos por la falta de  combustible.

Diversos gremios exigen la dolarización del salario, resignificación del empleo y respeto a las contrataciones colectivas.

Trabajadores del sector salud exigen salarios dignos, insumos y equipo de bioseguridad para garantizar su integridad y la de sus pacientes. Del mismo modo, denuncian ser víctimas de
criminalización y amedrentamiento por denunciar la situación o faltar a sus puestos de trabajo por falta de combustible.

Personas retornadas protestan para denunciar malas condiciones en la infraestructura, alimentación y servicios médicos en los Puntos de Atención Social Integral (PASI), en hoteles y otros espacios físicos donde han sido confinados.

Protestas de vecinos en contra del uso de hoteles, escuelas y locales ubicados en zonas cercanas a sus residencias como centros sanitarios para atender y recluir a personas positivas con COVID-19.

Jubilados y pensionados a nivel nacional se movilizan para exigir  pensiones dignas y suficientes, mientras denuncian dificultades para retirar el dinero en entidades bancarias y ser objeto de maltrato y vejaciones.

Presos con apoyo de sus familiares rechazan las precarias condiciones de reclusión en las que se encuentran y los  retrasos procesales.

El mes pasado se contabilizaron 88 protestas por gasolina, pese al anuncio del régimen de solventar la crisis con combustible importado de Irán.

Tanto residentes de las zonas urbanas y rurales deben pernoctar frente a las estaciones de servicio para recargar gasolina, a merced de la delincuencia e incluso a la discrecionalidad y abuso de poder por parte de efectivos de la GNB, quienes controlan la distribución y venta de gasolina.

Los derechos laborales del venezolano continúan severamente golpeados, más en estos momentos de pandemia, ocupando el segundo lugar de las protestas en el país. Los salarios irrisorios, el desempleo, la situación del sector productivo actual comprometen la calidad y estabilidad laboral.

A diferencia de los meses anteriores, donde la región andina concentró el mayor número de protestas, en julio estuvo representada por la región oriental. Con 178 de los casos, el estado Sucre lideró el índice de protestas, seguido de Anzoátegui (85), Bolívar (46), así como Falcón y Monagas con 45 protestas, respectivamente.

Política de represión

Durante el mes de julio fueron reprimidas 17 protestas, en 8 estados del país. Dejando dos manifestantes asesinados.

Esta política se profundiza bajo el decreto de Estado de Alarma por COVID-19, implementado en paralelo al Estado de Excepción y Emergencia Económica, decretado desde el año 2016.

«La represión y la aplicación de mecanismos de control social no solo han funcionado como medios para asegurar la permanencia del régimen en el poder, sino para cercenar el ejercicio de las libertades cívicas y los derechos sociales», advierten los activistas.

Desde «el OVCS, vemos con preocupación esta indefensión a la que están sometidos los venezolanos, pues sus condiciones se deterioran cada día más bajo la indiferencia de las autoridades. Insistimos en que es necesario la adopción de políticas que atiendan las necesidades ciudadanas, pero sobre todo que encamine al país a una nación prospera y de igualdad de oportunidades.

El Estado ha demostrado su incapacidad para cumplir con sus obligaciones. Aun así, la respuesta del régimen ha sido la criminalización, judicialización y represión a quienes los adversan como manifestantes. También, como disidentes políticos que exigen un cambio en la conducción del país y la transición pacífica hacia la democracia».