En una carta firmada con fecha del 11 de julio, Maduro manifestó a la expresidente chilena que “NO ESCUCHÓ A VENEZUELA” pese a que este sostuvo encuentros tantos con miembros de su gobierno como del comandado por Juan Guaidó, presidente encargado del país además de estar al frente de la Asamblea Nacional.
A juicio del gobernante, “el informe en cuestión resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor”, quien, según el heredero político de Hugo Chávez, “orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela, con el único objetivo de criminalizar al Estado venezolano”.
En el documento presentado por Bachelet se denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
El escrito se elaboró con más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones a los derechos fundamentales, en un período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
“Ha presentado usted un informe plagado de falsas informaciones”, siguió Maduro, denunciado en repetidas ocasiones por organismos nacionales e internacionales por sus violaciones a los derechos humanos.
En su réplica añadió que la crisis que atraviesa el país obedece a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre varios de sus funcionarios y aseguró que no puede llamarse dictadura a una dinámica en la cual se han realizado más de 20 procesos electorales en 20 años.
“Su informe desconoce la verdad histórica de América Latina, e ignora el titánico esfuerzo del Estado venezolano por proteger a su población de los incuantificables daños materiales y humanos producidos por el criminal bloqueo de Estados Unidos y sus aliados”, siguió.