Más de 15 alcaldías en Táchira están a punto de declararse en quiebre técnico

El presidente de la Asociación de Alcaldes del bloque democrático del Táchira, Jorge Galiano, alertó que 17 alcaldías que tiene la oposición en la entidad por el "quiebre inminente" de las administraciones, ante la negativa del gobierno nacional de girar los recursos económicos correspondientes.  Más de 8.000 trabajadores están sin recibir los últimos tres aumentos salariales, ni los bonos de alimentación debido a la deuda por 60.000 millones de bolívares que mantiene el gobierno nacional con esas alcaldías.

Más de 15 alcaldías en Táchira están a punto de declararse en quiebre técnico

“Los municipios democráticos están atravesando una grave crisis económica, financiera y presupuestaria que nos lleva a declararnos en un quiebre técnico. Lo que se agrava con el anuncio del cuarto aumento salarial decretado por el Presidente de la República que eleva la deuda con los municipios a 60.000 millones de bolívares”, denunció.
Apenas un 8% es lo que ha llegado a las alcaldías de administración opositora al gobierno en recursos para cancelar los cuatro aumentos salariales de 2017 y pretenden que el 92% restante sean asumidos por lo proveniente de ingresos propios de los ayuntamientos, precisó Galiano.
“Ninguna alcaldía, por más poderosa que sea ‘tributariamente’ hablando, puede cubrir las insuficiencias decretadas desde la Presidencia de la República”, dijo.
 
La reestructuración en el funcionamiento de las alcaldías es parte de los planteamientos que se han formulados los alcaldes, acción que sin duda, conllevaría a la reducción de personal, generando una crisis social que afectará a 8.000 trabajadores dependientes de las 17 alcaldías de oposición.
“Los alcaldes de unidad en Táchira estamos desarrollando una economía de guerra para poder cubrir los pocos compromisos que se pueden asumir. No hemos podido pagar el sueldo mínimo a los trabajadores y mantenemos una deuda con el bono de alimentación”, manifestó.
 
Alcaldes opositores presumen que el accionar del Ejecutivo contra los ayuntamientos, busca generar “una estrategia de estrangulamiento” para abrir paso al llamado gobierno comunal y generar en el colectivo una decepción con las gestiones municipales opositoras al gobierno.
Los burgomaestres tachirenses exigieron ser tratados con igualdad de condiciones y principios democráticos en donde los ciudadanos se merecen respeto.
Reducen prestación de servicios
 
Los ediles han optado por diversas opciones para, de alguna forma, subsanar las fallas en los pagos a sus trabajadores, quienes se sienten vulnerados en su derecho a un salario justo. Las medidas van desde establecer un horario corrido de 8:00 AM a hasta las 2:00 PM, dando oportunidad a los funcionarios de desempeñarse en otros oficios en los que puedan generar ingresos, hasta no poder exigir la recolección total del aseo urbano.
La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, explicó que dentro de la municipalidad existen 2.400 familias se están viendo afectadas por “la política discriminatoria y xenofóbica” del gobierno de Nicolás Maduro al no atender a las alcaldías.
“Desde el 30 de enero emitimos en la Oficina Nacional de Presupuesto la primera comunicación cuando se decretó el 1º de enero el primer aumento salarial y de cesta tickets sin haber depositado al final de mes ni un solo bolívar para poder honrar el compromiso. En abril enviamos otra comunicación a la misma dependencia y luego en junio y hasta ahora no hemos tenido respuesta”, destacó.
 
Sólo el municipio San Cristóbal necesita más de 7.000 millones de bolívares para ponerse al día con sus trabajadores. La alcaldía de San Cristóbal solo ha podido asumir el pago de 40.000 bolívares de sueldo y el pago de cesta tickets en 108.000 bolívares. Situación que se repite en todas las alcaldías.
“No entendemos la ayuda humanitaria que se envía a otros países en medio de la agonía humanitaria que tenemos los venezolanos. Cómo pretenden ser luz fuera de casa en vez de llevar la luz primero a casa”, dijo la burgomaestre.
 
Por su parte, el alcalde del municipio fronterizo Pedro María Ureña, Alejandro García,  mostró su preocupación al no haber recibido en lo que va del mes de septiembre el situado constitucional que usualmente se abona para el pago de entes descentralizados (bomberos, contraloría, concejo municipal y otras instituciones) los primeros cinco días de cada mes.
El edil Carlos Apolina,r del municipio Simón Rodríguez del estado Táchira, alertó que no cuenta con recursos para el pago de nómina a los trabajadores del ayuntamiento, aunado a la obligación de paralización de obras.
“Nuestra preocupación es grande, ya los empleados de la alcaldía no quieren trabajar, la mayoría de ellos son padres de familia y no tienen para comprar comida ahora menos para adquirir uniformes y útiles escolares. Tenemos la capacidad para gobernar pero lamentablemente sin recursos es imposible”, manifestó.
 
Un ciclo de protestas en todo el país fueron anunciadas por el representante de la Asociación de Alcaldes, quien confirmó que el próximo martes 26 de septiembre, una delegación del Táchira viajara a Caracas a apostarse frente a la Vicepresidencia de la República para exigir al gobierno que haga efectivo el pago de los recursos económicos que le corresponden a los municipios.]]>

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