El analista Víctor Álvarez considera que las directrices anunciadas por el gobierno para aliviar el impacto de la cuarentena sobre el aparato productivo no lograrán reducir la magnitud del desplome económico que ahoga a Venezuela. Junto a este diagnóstico, esboza algunas de las acciones que deben emprenderse con decisión y de inmediato
El gobierno anunció nuevas medidas económicas con el objetivo de aliviar el impacto de la cuarentena sobre el aparato productivo:
Al igual que en el resto del mundo, en Venezuela el aislamiento social afectó la producción y el comercio. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción y sin ventas, sufren problemas de flujo de caja y no tienen cómo pagar la nómina. Para compensar tal situación, los gremios empresariales insisten en posponer el cobro del ISLR, disminuir el IVA y suspender los impuestos municipales.
Las 305 alcaldías controladas por el chavismo suscribieron un acuerdo de armonización tributaria. Este incluye la promesa de disminuir los trámites administrativos de 600 a 30, evitar la proliferación de tributos y establecer una franja de alícuotas mínimas y máximas para el cobro de impuestos. Entre las medidas anunciadas está la suspensión de la gestión tributaria municipal, pero este sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia en el precario sistema hospitalario dentro de cada municipio.
El gobierno no tiene recursos para financiar un programa de compras a las pymes. Las finanzas públicas están quebradas, porque el tamaño de la economía se ha reducido; las empresas cierran el ejercicio fiscal con pérdidas y no pagan ISLR; las operaciones de compra-venta se hacen sin exigir la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA, y la debacle de la industria petrolera secó los ingresos fiscales del gobierno.
La escasez de ingresos fiscales condena a miles de proveedores y contratistas a esperar largos meses hasta que se les pague una factura. Pero cuando finalmente cobran, el saldo pendiente se han derretido como cubitos de hielo, por la hiperinflación. Esa es la razón por la que nadie quiere venderle al gobierno.
Para que un programa de compras gubernamentales funcione en un contexto inflacionario, los pagos tienen que hacerse en dólares. De lo contrario, un gobierno moroso -en vez de contribuir a la reactivación económica-, terminará de quebrar lo poco que queda de aparato productivo nacional.
Para regenerar el tejido productivo no basta simplificar los trámites. La mejor política de reactivación económica es una política de promoción de inversiones. Esta debe ser capaz de estimular la creación de millares de empresas que compitan entre sí, con una abundante oferta de buena calidad y mejores precios que beneficien al consumidor.
Crear un ambiente propicio para el emprendimiento y la inversión productiva implica la adopción de medidas orientadas a corregir las distorsiones cambiarias, el desequilibrio monetario, el déficit fiscal y la presión inflacionaria.
Se necesita financiamiento en condiciones adecuadas. Por tal razón, el BCV tiene que reducir el encaje legal, para liberar fondos que financien la actividad productiva.
Exige, además, un nuevo marco legal que garantice los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. Esto, para que los inversionistas se decidan a arriesgar su dinero en Venezuela.
También es fundamental la definición e instrumentación de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas. Es necesario eliminar las exoneraciones arancelarias indebidas y corregir la sobrevaluación del tipo de cambio, ya que estimulan toda clase de importaciones que desplazan y arruinan la producción nacional.
Y para que una política de promoción de inversiones tenga un verdadero impacto, deben ser levantadas las sanciones económicas. De lo contrario, cualquier medida que anuncie el gobierno no mejorará de forma sustancial el ambiente de inversión en el país.
A Pdvsa se le debe dejar vender el petróleo, y los fondos congelados en el sistema financiero internacional deben ser liberados y administrados por el PNUD. Ese caudal de recursos se usará para financiar la reactivación de la producción nacional de alimentos y medicinas y para encarar la emergencia humanitaria que hace años sufre Venezuela, la cual se ha agudizado sensiblemente por la pandemia de covid-19.
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