Las horas de la noche son las más difíciles en esta escuela normalista rural, donde las familias duermen sobre colchonetas en el suelo de las aulas desde que 43 estudiantes desaparecieron hace un mes. Después de las distracciones del día —la preparación de alimentos, reuniones y marchas— los padres se quedan a solas con sus pensamientos, preguntas y una furia que se cocina a fuego lento
Clemente Rodríguez Moreno, de 46 años, no ha podido dormir desde que su hijo Christian, de 19, desapareció con sus compañeros de escuela. Todas las noches, Rodríguez regresa a su casa, cerca de la escuela Raúl Isidro Burgos en Tixtla, y ahí pierde el control de las ideas.
«¿Qué será de ellos? No sabemos si está comiendo, si lo están golpeando».
La vida de las familias ha quedado en vilo desde que la policía en el poblado de Iguala, supuestamente bajo las órdenes del alcalde, atacó a los estudiantes para evitar que interrumpieran un discurso de la esposa del alcalde el 26 de septiembre. Tanto el alcalde como su esposa están fugitivos, junto con el jefe de la policía.
Tres alumnos, entre ellos uno a quien encontraron más tarde degollado y a quien le secaron los ojos, y tres personas no vinculadas con el ataque, murieron inicialmente en varias agresiones. Investigadores dicen que el resto de los estudiantes fueron llevados a una estación de policía, posteriormente los entregaron a Guerreros Unidos, un grupo del crimen organizado, y desde entonces no se sabe nada de ellos.
Todo ha sido una pesadilla, dijo un campesino de 57 años de Ayutla, quien habló a condición de no ser identificado como precaución contra represalias. El hombre acompaña a su hijo de 19 años a la escuela en el vecindario de Ayotzinapa en medio de un gran temor.
«Ni duermo por pensar», dijo, señalando un paquete de píldoras para dormir. «No me siento como si estuviera viviendo la vida».
Su familia tiene pocos recursos, dijo, y su hijo vino a la escuela porque los alumnos se apoyan unos a los otros. Eso es lo que dijo estaban haciendo esa tarde en Iguala, pidiendo donaciones.
Mientras mira fijamente una foto de su hijo después de una marcha para exigir el regreso de los desaparecidos, el campesino habló durante un momento de la angustia de no saber. Los ojos se le llenaron de lágrimas y se mordía el labio. Entonces asomó la furia que ha estado aumentando en su interior a lo largo de las semanas. Dijo que está cansado de un gobierno corrupto que siempre ha despreciado a los agricultores pobres. Y quiere que los culpables paguen.
«Si no los entregan, tendremos que seguir de otra manera, con más resistencia», dijo.
En esos primeros días hubo mucha confusión, dijo Valentín Cornelio González, un campesino de 30 años del municipio de Tecoanapa, quien lo dejó todo para viajar a la escuela, donde estudia su cuñado Abel García Hernández de 19 años.
Desde entonces se han llenado algunos vacíos de información, pero el mayor, el que tiene en vilo a las familias, sigue ahí, a pesar del arresto e interrogatorio de más de 50 sospechosos. Así que González, con sus sandalias de cuero gastadas, ha estado marchando en la capital estatal de Chilpancingo, en Acapulco y en el Distrito Federal, para exigir una respuesta. Cuando llegó inicialmente a la escuela, él y otros familiares dedicaron un día a buscar por toda Iguala. Temías por su seguridad, pero culpan al gobierno por no hacer suficiente: «No los buscan como deben hacer».
Mientras otras operaciones de búsqueda encuentran más fosas en las montañas de alrededor de Iguala, los familiares tienen que esperar a saber si con las muestras de ADN que entregaron hace semanas pueden identificar los restos de sus seres queridos.
