Ya se ha cumplido un año y las familias de por lo menos cien jóvenes siguen sin tener respuestas sobre el asesinato de sus hijos ocurridas durante las protestas que se registraron entre abril y julio de 2017. Más que respuestas, no han tenido justicia. Esa es la exigencia que hacen al unísono al Estado venezolano: justicia para sus hijos.
Veinte padres de las jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 se unieron para enviar a la nueva Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet en septiembre pasado donde le explicaban que, como víctimas directas, han recibido “tratos crueles, denigrantes y obstaculización” por parte del Estado para que los responsables de los asesinatos de sus hijos sean sometidos por la justicia.
Asimismo, denuncian que funcionarios gubernamentales han “tergiversado” los hechos públicamente.
Los padres además, reiteran su aval a los informes presentados ante la instancia que preside ahora Bachelet, “el primero publicado en agosto de 2017 y el más reciente presentado el mes de junio de este año, denominado `Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, una espiral descendente que no parece tener fin”.
La mañana de este 22 de noviembre, el defensor de derechos humanos y expreso político, Lorent Saleh se pronunció desde la sede del Parlamento Europeo durante la celebración del aniversario número 30 del Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia para solicitar a Bachelet y al presidente de España -país de su exilio- Pedro Sánchez que «aboguen por la libertad de presos políticos en Cuba y en Venezuela».
Saleh fue liberado en octubre de 2018 por riesgo de suicidio según el gobierno venezolano, tras más de cuatro años en prisión acusado de planear actos terroristas contra el Estado. Arribó a España acompañado por el secretario de Estado español para Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, quien estaba de visita de trabajo en Caracas.
Con información de Gabriela González.
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