El director y propietario de El Nacional, Miguel Henrique Otero, pidió hoy en Asunción el apoyo de Paraguay para que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
Ese instrumento del organismo continental fue activado por única vez en 2009 debido al golpe de Estado en Honduras, quiebre institucional que la oposición le achaca al Gobierno de Maduro.
«Hay una tendencia nueva a aplicar la Carta Democrática, así lo explicó el secretario general de la OEA, y es importantísimo no solamente el voto de Paraguay, sino también la influencia que tiene sobre otros países», dijo Otero a través de un comunicado del Senado paraguayo.
Otero, que antes de esas declaraciones se reunió con el presidente paraguayo, Horacio Cartes, y con el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, añadió que la situación en Venezuela es una «verdadera catástrofe».
«Tiene los niveles de inseguridad personal más altos del mundo y hay racionamiento sistemático de electricidad, gas y agua. Es una penuria terrible que vive Venezuela, que además está sobre las reservas petroleras más grandes del mundo. Esto no se justifica de ninguna manera», dijo a los periodistas.
Agregó que el presidente Nicolás Maduro, no cuenta con apoyo popular, y que está gobernando «a dedo» con el respaldo de la cúpula militar y de su partido.
«Ya no tiene otros mecanismos para seguir gobernando, porque además la comunidad internacional lo está rechazando y está buscando la manera de ver cómo sale de allí», dijo Otero.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el pasado jueves que estudia dar un paso al frente e invocar la Carta Democrática para forzar a que los 34 países miembros del organismo tengan que abordar la situación de Venezuela, un espinoso tema que han evitado durante años.
La Carta Democrática, aprobada en 2001, contempla varios supuestos, pero en este caso el artículo aplicable sería el 20, que autoriza al secretario general o a un Estado miembro a pedir la convocatoria del Consejo Permanente en caso de que en otro Estado haya «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
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