Según Bachelet, la pandemia "está develando el perjudicial impacto de las desigualdades en todas las sociedades". Con esto se refirió tanto al acceso a las redes de atención sanitaria como a la protección laboral, incluso en países desarrollados.
El mundo que saldrá de la pandemia de Covid-19 podría traer gobiernos más autoritarios, un auge de la censura y aún mayor desigualdad. Esto se alertó en una sesión extraordinaria y virtual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que analizó los efectos políticos y sociales de la pandemia.
Las preocupaciones fueron expresadas por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La comisionada señaló que la crisis sanitaria está llevando sufrimiento a todo el planeta, pero también supone una amenaza a largo plazo para los derechos humanos.
La expresidenta chilena expresó su temor a que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente al -Covid-19 sean usadas como justificación para introducir medidas autoritarias. Además estas medidas se pueden prolongar incluso cuando termine la pandemia.
«Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión», señaló.
También añadió que en algunos casos «la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional, que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia».
Bachelet evitó dar ejemplos concretos, aunque la comunidad internacional ha criticado recientemente medidas como las tomadas por Filipinas o Hungría. El Parlamento de Hungría votó a favor de permitir que el primer ministro gobernara por decreto bajo un estado de emergencia de duración indeterminada.
Bachelet también mostró su preocupación por los pasos dados por algunos gobiernos para imponer restricciones a la libertad de prensa y de expresión. Esto se está justificando en el combate a supuesta «desinformación» pero que podrían dirigirse contra cualquier crítica.
«En algunos países se ha informado de periodistas sancionados por reportar sobre escasez de mascarillas, trabajadores sanitarios reprendidos por decir que no tienen suficiente protección o gente detenida por hablar de la pandemia en redes sociales», denunció.
También indicó que el confinamiento domiciliario ordenado en muchos países aumenta el riesgo de que haya violencia doméstica. Esto lo «han mostrado recientes estadísticas en España y Francia».
Alertó que entre los colectivos más expuestos al contagio se encuentran los presos y detenidos. Por esto señaló que su número debe ser «cuidadosamente reducido para evitar una expansión explosiva del virus». Bachelet también rechazó los planes de algunos países para dictar penas de prisión a quienes violen las normas de distanciamiento social.
«Ello seguramente exacerbaría la epidemia», destacó Bachelet, y subrayó que ante la actual amenaza que afronta la humanidad «no hay sitio para el nacionalismo o la búsqueda de chivos expiatorios»- Denunció los ataques físicos y verbales que han sufrido en algunos países minorías como los orientales.
La alta comisionada agregó que la pandemia «está develando el perjudicial impacto de las desigualdades en todas las sociedades». Con esto se refirió tanto al acceso a las redes de atención sanitaria como a la protección laboral, incluso en países desarrollados.
Subrayó en ese sentido que el Covid-19 «tendrá efectos desproporcionados en los más pobres». Bachelet citó estudios del gobierno autonómico de Cataluña (España) que muestran cómo los barrios más desfavorecidos tienen niveles de contagio seis o siete veces mayores que las barriadas más prósperas.
La pandemia de Covid-19, concluyó, «es un test colosal» que requiere «acciones decisivas, coordinadas e innovadoras de todos y para todos».
Es la primera vez en 15 años de actividad que el Consejo de Derechos Humanos celebra una sesión virtual. Los representantes de organizaciones internacionales, gobiernos y ONG participaron por videoconferencia desde sus domicilios u oficinas.
En el turno de intervenciones, el representante de la Unión Europea admitió que «es tiempo para la solidaridad».
Aseguró que los Veintisiete están trabajando para garantizar ayuda financiera a los afectados por la pandemia por valor de 20.000 millones de euros.
China y Rusia insistieron en la necesidad de no politizar la crisis. Además de levantar las sanciones internacionales contra países como Irán, Venezuela o Cuba. Las delegaciones de estos países señalaron que los bloqueos dificultan sus esfuerzos para prevenir la expansión del coronavirus.
Organizaciones no gubernamentales denunciaron que el Covid-19 ha supuesto un aumento del «edadismo», la discriminación por razón de edad. La delegación sudafricana llamó a la próxima celebración de una cumbre mundial para «reafirmar el espíritu humano» tras la terrible pandemia global.
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