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Ni el alud ni el tiempo borran de la memoria a los niños de Vargas

Entre los desaparecidos de la tragedia hay 119 niños, cuyos padres aún tienen esperanza de encontrarlos, se aferran a la idea de conseguir el nombre de sus seres queridos en una de las listas de sobrevivientes

Ni el alud ni el tiempo borran de la memoria a los niños de Vargas

Una cicatriz permanece, la montaña quedó rasgada, como si hubiese sido arañada por un animal salvaje. El tiempo disimula la gran cicatriz, que ya no es tan notoria. Se desvanece en El Ávila, pulmón de la ciudad y corazón de los capitalinos.

La vegetación cubre las hondas rasgaduras en la montaña, pero no ocurre así en los recuerdos de las víctimas. No se desvanece el dolor, ni el sufrimiento que causó el mayor desastre natural que recuerden los venezolanos.

Veinte años pasaron y aún es difícil comprender la magnitud de lo acontecido. Nunca se podrá saber cuántas personas fallecieron, los cálculos más conservadores son de 10.000 personas, los más abultados alcanzan las 50.000 personas según la Cruz Roja Internacional.

Las incesantes lluvias en Vargas afectaron Maiquetía, La Guaira, Punta de Mulatos, Macuto, El Cojo, Camurí Chico, Los Corales, Caraballeda, Tanaguarena y Carmen de Uria.

El estado era la principal zona de recreación de los habitantes de Caracas. Según los datos de la Fuerza Aérea Venezolana y la Dirección de Hidrología y Meteorología del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, unos 1.910 milímetros, casi 4 veces más que el promedio anual de precipitaciones causaron la inundación de la zona.

La cantidad de lluvia hizo que más de 25 millones de metros cúbicos de material cayeran sobre Caracas y Vargas, lo que causó que 227.000 personas casi 70% de la población del estado resultase afectado por las lluvias. De ellos 100.000 quedaron damnificados.

El subregistro de la tragedia está a la orden del día. Entre los desaparecidos hay 119 niños, cuyos padres aún tienen esperanza de encontrar. Ni Defensa Civil ni el Ministerio de Interior y Justicia ni ningún otro organismo venezolano, presentó nunca cifras confirmadas sobre los desaparecidos.

¿Dónde están?

Después del deslave de Vargas, en diciembre de 1999, hubo una gran cantidad de denuncias de niños desaparecidos. Tras la tragedia la evidencia y registros de organismos dejaron en claro que muchos menores sobrevivieron al desastre natural y fueron clasificados como rescatados y damnificados.

En el año 2000 las autoridades de la Policía Técnica Judicial -ahora Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas-, recibieron 272 denuncias de las que 119 correspondían a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, desaparecidos en el deslave.

La tesis de grado “Tras el eco de un río de voces: los niños que el deslave de Vargas se llevó”, de Daniella Valeriano Marrero, recoge algunas historias de los menores.

Varias hipótesis, ninguna respuesta

De los niños desaparecidos se manejaron varias hipótesis. Una de ellas es que los pequeños murieron en la tragedia y que sus cuerpos están sepultados por la cantidad de tierra que cayó de la montaña, o simplemente desaparecieron en el mar.

Se cree, además, que algunos cuerpos están sepultados en lugares que posteriormente el Estado venezolano designó como «camposanto», como es el caso de Carmen de Uria. Casi todos los cadáveres, allí tapiados no fueron identificados por lo que se cree que muchos desaparecidos podrían ser estos menores.

Otra hipótesis es que los niños lograron ser rescatados, pero durante las horas posteriores a la tragedia fueron separados de sus padres y familiares para ponerlos en “zonas seguras”. Este fue el último momento en que se supo de los niños evacuados, por lo que se sospecha que las personas que los custodiaron en los refugios nunca los regresaron a sus familias.

La Policía Técnica Judicial, PTJ, se dedicó a la receptoría de denuncias y la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre el caso aunque no llegó a una conclusión.

Son varias las historias que se han conocido sobre los desaparecidos, pero las autoridades no informaron sobre estos casos, muchas familias quedaron sin recursos y la crisis del país complicó más la posibilidad de un rencuentro. Además, la corta edad de los niños que difícilmente comprendían lo que sucedía complicó aún más la posibilidad de que fueran devueltos a sus seres queridos.

Los hechos de 2002 y la inestabilidad política y social puso el tema en un segundo plano, aunque para las familias el dolor aún permanece. El recuerdo sigue latente en la mente y corazón de sus familiares que 20 años después se siguen preguntando dónde están los niños perdidos en la tragedia de Vargas.

Víctimas y sobrevivientes

José Alberto García vivía en el sector Carapalito, cerca de la playa Lido. Tanto él como su familia y vecinos, pudieron salvarse corriendo por encima de los techos de las casas destrozadas, inundadas y llenas de lodo.

“Aquí solo se reportaron dos muertes, la mayoría de los niños fueron evacuados, por las autoridades, pero luego los perdieron en los refugios que los llevaron, yo vi en Maiquetía a muchos padres buscando a sus pequeños pero no los encontraron, pero sabían que estaban vivos”, dijo García.

Después de los deslaves de los días 15 y 16, comenzó la evacuación masiva de personas en las zonas afectadas. El gobierno de Hugo Chávez designó a William Fariña, el entonces presidente del Fondo Único Social, como la autoridad encargada de organizar a las personas en centros de acopio y albergues. Estas son las primeras listas –tanto de víctimas como de damnificados- que se elaboran bajo la coordinación del Ministerio Público.

Paralelamente, las personas que afirmaron tener algún familiar desaparecido elaboraron otra lista. De ese esfuerzo surge la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, (Afampex), quienes fueron a la Policía Técnica Judicial, PTJ, para solicitar en la oficina de personas desaparecidas se investigara el paradero de sus familiares.

Esta oficina fue de vida muy breve, funcionó hasta 2001.

Un caso frío

En el organismo se abrió un caso denominado “Desaparecidos de Vargas”, con el número de expediente F574311, que contenía 13 folios, de 200 hojas cada uno. El documento está en los archivos en la Unidad de Víctimas Especiales del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como las investigaciones que se abrieron en otros organismos.

El caso no llegó a nada. Y en tan solo un año los esfuerzos de la unidad se enfocaron en un nuevo caso los hechos del 11 de abril de 2002.

La Asociación de Familiares de personas Extraviadas, Afampex, existió mientras pudo. En un principio estuvo coordinada por Francisco Seijas y Ariadne Nañez y llegaron a agrupar los representantes de 70 familias que buscaban a sus familiares desaparecidos en la tragedia, entre ellos muchos niños.

En aquel entonces Francisco Seijas trataba de localizar a su hijo Bernardo, su nuera Carmen y su nieto Alejandro quienes vivían en Carmen de Uria. Ariadne Nañez, buscaba a su sobrino Pedrito Padrón, pero de ninguno se supo.

La organización que vivía de los aportes económicos y de la esperanza de encontrar a algún desaparecido no tuvo éxito y su corta vida se apagó ante el poco apoyo del Estado.

Advertencias desoídas

Bernardo Martínez, habitante del sector Los Corales, y que hace 20 años trabajaba en la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del estado Vargas, mejor conocida como Corpovargas, aseguró que las autoridades locales advirtieron 6 meses antes al gobierno nacional que agotaron los recursos para la atención de las emergencias causadas por las lluvias. De hecho ya había sectores con deslizamientos de tierra, como por ejemplo el sector El Piache, en donde se reportaron los primeros fallecimientos.

Tragedia de Vargas, Caraballeda

“Las autoridades del Ejecutivo, no tomaron en cuenta las advertencias, pues su prioridad era conseguir los votos necesarios para aprobar la nueva constitución, propuesta por Hugo Chávez”, recordó.

Fue este cuadro, junto al desplante a la ayuda proveniente de Estados Unidos, que completó la pobre calidad de la respuesta venezolana. La impericia, la falta de experiencia y coordinación aumentó la caótica situación.

Ni el fallecido mandatario, Hugo Chávez; el gobernador del estado Vargas, Alfredo Laya; el alcalde del municipio La Guaira, Lenin Marcano; el ministro de la Defensa general, Raúl Salazar;  la autoridad Única de Vargas, Carlos Genatios; el presidente del Fondo Único Social, William Fariña; el presidente de Protección Civil, Ángel Rangel; el jefe de operaciones del organismo, Luis Díaz Curvelo; el director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, comandante Rodolfo Briceño, dieron una respuesta acorde y coordinada a las necesidades de las víctimas.

Indefensos en la emergencia

Ante la magnitud del desastre el presidente Hugo Chávez, promulgó un Decreto de Emergencia y activó el Sistema Nacional de Defensa Civil.

La respuesta del gobierno puso en vigencia el Reglamento Parcial No. 3 de la Ley de Defensa, relacionado a la Defensa Civil que establece: “Que los estudios, planificación, programación y coordinación de recursos públicos y privados y su ejecución de acciones necesarias para prevenir, reducir y atender las emergencias y los daños derivados de situaciones derivadas de situaciones de desastres de origen natural, social, tecnológico o conflictual y el consiguiente socorro de las zonas afectadas”.

Sin embargo, no hubo una buena coordinación ante el desastre. Venezuela un país con escasa preparación frente a este tipo de hechos presenció la caótica situación.  Tras el deslave hay numerosos reportes de vandalismo y grupos armados que aprovecharon el caos para robar y atacar a los sobrevivientes indefensos.

En el momento de la tragedia se entregó la coordinación de todo a las Fuerzas Armadas. El ministro de la Defensa, el General Raúl Salazar, fue el coordinador de todos los entes que participaron en la atención de las zonas afectadas.

La responsabilidad se le entregó a las Fuerzas Armadas, y no a la Dirección Nacional de Protección Civil, pues era el organismo que poseía equipos como helicópteros, fragatas, camiones y otros medios para rescatar a las personas de las fracturadas o inexistentes calles del estado.

Enrique Martín Curvelo, integrante del grupo de rescate Humboltd afirmó: “Se dijo que las Fuerzas Armadas siguieron los protocolos de salvamento, pero no estaban preparados para atender una tragedia de tal magnitud. Se cometieron muchos errores”.