Sin legitimidad, pero ejerciendo el poder. Será esa la foto que arrojará Nicaragua el 7 de noviembre de la pareja Ortega-Murillo. Es la misma foto de Venezuela en mayo de 2018, cuando Nicolás Maduro se reeligió
Restan escasas tres semanas para que se realicen las elecciones presidenciales en Nicaragua. Se trata de la crónica de una anunciada consolidación autoritaria en el país centroamericano. El 7 de noviembre, según apunta todo, será relecta la pareja presidencial formada por el mandatario Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo.
El comportamiento del tándem Ortega-Murillo en las semanas de la campaña electoral, encarcelando a candidatos y candidatas, ilegalizando a ONG, apresando a activistas políticos y sociales desnuda no sólo su vocación dictatorial. Esta alarmante campaña electoral desnuda los límites de la comunidad internacional para poder doblegar, en este tiempo, a un régimen que le dice al resto del mundo que va camino de prolongarse como dictadura.
Para Ortega y Murillo, debe decirse sin ambages, el éxito está garantizado tras haber encarcelado a 8 candidatos opositores, ilegalizar partidos políticos y apresar a dirigentes políticos y líderes sociales. El 7 de noviembre serán los comicios cuyos resultados la comunidad internacional se prepara para desconocer, pero eso, en verdad, parece importar poco al régimen de Managua.
Aunque las acciones previas de la pareja Ortega y Murillo han sido ampliamente condenadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, el Sandinismo ha hecho de oído sordos a la crítica. Las elecciones se celebrarán y la campaña electoral ha sido el telón de fondo de una estrategia que ha terminado por cerrar los pocos espacios cívicos e independientes.
En cuestión de semanas, a partir de junio, la Policía Nacional de Nicaragua, dirigida por el consuegro de Ortega, detuvo uno detrás de otro a los aspirantes opositores a la presidencia, comenzando con la periodista independiente Cristiana Chamorro, quien según las encuestas tenía el mayor chance de imponerse en las urnas a la pareja que gobierna a este país centroamericano desde 2007 y que busca prolongar su permanencia en el poder.
Luego fueron detenidos paulatinamente, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena. La detención, que se esperaba sería la última, fue la de Noel Vidaurre, a fines de julio.
Sin embargo, a inicios de agosto, en una señal de que no aceptaría ni siquiera una oposición light, la policía detuvo a Berenice Quezada, una exreina de belleza quien era candidata a vicepresidenta por el partido conservador Ciudadanos por la Libertad (CxL).
CxL había sido duramente cuestionado -desde la oposición- por no criticar frontalmente la ola de detenciones ocurridas en Nicaragua. Aunque habían sido detenidos unas dos decenas de activistas políticos y sociales además de los precandidatos, todo apuntaba a que el sandinismo aceptaría competir con la dupla presidencial del excomandante de la contra antisandinista Oscar Sobalvarro y Quezada.
El régimen de Ortega y Murillo, que tiene control sobre las autoridades electorales y legislativas, inhabilitó el 6 de agosto a CxL y anuló su personería jurídica. La señal fue clara. La elección definitivamente será una carrera en solitario para la actual pareja presidencial.
Siguiendo el ejemplo de Cuba y Venezuela, Nicaragua se apresta a ser gobernada por un presidente cuya elección de plano no será reconocida como legítima por la comunidad internacional. El rechazo interno también es creciente, sólo que es acallado por el aparato represivo. La discusión sobre la legitimidad no tiene sentido alguno, presenciamos el ejercicio del poder puro y duro.
Con serias dudas sobre si debían participar o no, finalmente la mayor parte de la oposición democrática de Nicaragua decidió encausarse por una ruta electoral de cara a la reinstitucionalización democrática del país, en este 2021. La respuesta oficial fue acabar con esa ruta.
Entre junio y agosto, con la ola represiva, que tuvo como objetivo a los aspirantes presidenciales y partidos políticos, así como ONG y medios independientes, se desbarató la posibilidad de una salida electoral. Ortega y Murillo no van a entregar el poder y lo que ocurrirá el 7 de noviembre está decidido de antemano.
Nicaragua, como también ha ocurrido antes con Cuba y Venezuela, pone a prueba la capacidad de presión e incidencia de la comunidad internacional democrática. Se está ante un régimen que ejerce el poder, encarcela a los opositores, controla las instituciones públicas y construye unas elecciones a su medida para perpetuarse en el poder.
El Sandinismo, como el Castrismo o el Chavismo, no parece ceder un ápice en su estrategia pese a que se han establecido sanciones; tampoco parece preocuparle que EEUU y la UE anunciaron con anticipación que no reconocerán como legitimo al gobierno que resulte del proceso del 7 de noviembre.
Sin legitimidad, pero ejerciendo el poder. Será esa la foto que arrojará Nicaragua el 7 de noviembre de la pareja Ortega-Murillo. Es la misma foto de Venezuela en mayo de 2018, cuando Nicolás Maduro se reeligió; o la de Cuba, en octubre de 2019, cuando Raúl Castro le pasó el testigo a Miguel Díaz-Canel.
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