Colombia: "Necesitamos que los niños migrantes sean prioridad para el gobierno venezolano"

El 18 de diciembre fue proclamado como el Día Internacional del Migrante por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. A propósito de la conmemoración de esta fecha, indagamos sobre las condiciones en las que Colombia recibe a los niños y adolescentes que se han visto forzados a cruzar la frontera. ¿Cómo se preservan sus derechos humanos? ¿Qué deben hacer los padres al llegar a ese país? Dos representantes de la Defensoría para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor de la República de Colombia dan luces sobre la situación

Colombia: "Necesitamos que los niños migrantes sean prioridad para el gobierno venezolano"

Como política del Estado colombiano, más que acoger, al migrante venezolano se le integra. Y no solo a través de medidas excepcionales o transitorias, sino dando continuidad a leyes y disposiciones a largo plazo basadas en el entendimiento del fenómeno migratorio venezolano. Niños y adolescentes de Venezuela, sea cual sea el estatus migratorio, son prioridad de protección ante el riesgo de la doble vulneración de sus derechos como niños o adolescentes y como migrantes.

La consultora Luz Marina Claro y la profesional especializado Martha Lorena Padrón, ambas de la Defensoría para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor de la República de Colombia, conversan con El Estímulo sobre los avances y desafíos por la niñez y la juventud venezolana migrante en el país vecino.

-La estrategia conocida como Conpes 3950 trazó una serie de acciones entre el 2018 y el 2021 para la atención e integración del migrante venezolano. La tarea principal para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en conjunto con las defensorías de la familia fue dar respuesta ante la amenaza, inobservancia y vulneración de los derechos del niño y adolescente venezolanos. Cerca de la culminación de la estrategia, ¿cuáles son los logros y los pendientes en esta materia?

-LMC: Conpes 3950 es importante porque surge a partir de la necesidad de definir unas estrategias en torno al fenómeno masivo de migración. Sin embargo, Colombia, al adoptar la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales de derechos humanos, y la aplicación del Código de la Infancia y de la Adolescencia del 2006, sin necesidad de que existiera el Conpes, atiende el interés superior del niño y del adolescente sobre la base de la no discriminación y el deber de protección. En ese sentido, cuando tú miras la ley, dice que aplica a todos los niños extranjeros en Colombia. Es decir, que todos tienen los mismos derechos, independientemente de su nacionalidad. Para nosotros el marco de ley tiene más fuerza que el Conpes, sin descalificarlo. Los niños refugiados y migrantes, por su condición de doble riesgo, de doble vulnerabilidad, tienen una protección del Estado colombiano.

-¿Ejemplos de esta protección?

-LMC: En tema de registro civil ―relacionado con el derecho a la nacionalidad―, el año pasado se dio el reconocimiento a la nacionalidad a los niños de padres venezolanos nacidos en Colombia. Esto también para reducir los riesgos de apatridia.

Lo segundo es que todos los niños en Colombia tienen derecho a la salud y hay una condición especial con los niños venezolanos: si la familia está de manera regular, por sus condiciones, ingresan en el sistema de seguridad social de la salud. Aquellos que se encuentran en situación irregular tienen derecho a la atención vital de urgencia en el sistema hospitalario. Los niños de primera infancia, y las mujeres gestantes y lactantes pueden tener acceso al sistema de salud independientemente de su situación migratoria.

Lo otro es la gran cobertura del derecho a la educación. Los niños y adolescentes venezolanos tienen derecho a acceder al sistema educativo, estén de forma regular o irregular. Se ha creado una categoría especial para los que no tienen documentación para poderlos incluir.

-A propósito del tema educativo. En el 2018, el Ministerio de Educación Nacional de su país publicó la Circular 16 en donde establece que todos los niños y adolescentes venezolanos pueden ingresar en el sistema educativo público. Sin embargo, según el sondeo del Proyecto Migración Venezuela, para marzo 2019, el 52% no estudiaba, pues muchas instituciones educativas exigen documentos que no tienen, porque tienen todos los documentos pero no han sido aceptados, o porque los padres no pueden costear los gastos de estudios ajenos a la matricula que es gratuita, ¿mejoró esta cifra? ¿Qué se está haciendo para que los niños y adolescentes venezolanos puedan ingresar y permanecer en el sistema de educación pública colombiana?

-LMC: No es una cifra oficial. Más de 26.000 niños acceden al sistema educativo. En general, no se restringe y no se imposibilita porque no tengan documentos. La educación es casi el derecho que más se garantiza.

-MLP: Quisiera complementar sobre las medidas del Ministerio de Educación. En conjunto con Migración Colombia y la Viceministra de Preescolar, Básica y Media, la Circular 16 ha permitido que incluso a aquellos que no tengan un número de identificación válido en Colombia se les asigne un número establecido por la Secretaría de Educación para permitir el acceso a la educación en los diferentes departamentos en Colombia. Es todo un proceso de estrategia para la permanencia de los niños y adolescentes venezolanos.

-¿Otras acciones para garantizar el derecho a la educación?

-LMC: Como Defensoría del Pueblo, han sido la ampliación de coberturas: la generación de recursos y las ampliaciones de los espacios de atención para generar la inclusión. También tenemos programas para entregar los materiales de estudio, para los sistemas de transporte escolar en los corredores fronterizos y los puentes internacionales, aunque con la pandemia, eso quedó un poco quieto. Pero antes de esto, en la frontera con Cúcuta muchos de los niños venían en nuestros transportes desde los municipios de Venezuela para estudiar. La posibilidad de apoyo a los padres para que sus hijos estudien también incluye el Programa de Alimentación Escolar, sin importar su procedencia o nacionalidad.

-Los planes de integración del migrante venezolano se han visto interrumpidos por la pandemia de covid-19. Entendiendo que educación es integración, ¿cómo se está manejando el tema educativo con los niños y adolescentes que permanecen allá y con los que están llegando a través de las trochas?

-LMC: En este momento está cerrado el ciclo escolar del 2020 en Colombia, pero se viene garantizando la prestación del servicio educativo dependiendo de las posibilidades de las familias. Quienes tienen el acceso a tecnología, reciben sus clases a través de la virtualidad. Para los que no, los territorios diseñaron diferentes estrategias: les hacen llegar guías de trabajo, orientaciones y acompañamiento a los padres. Hay una atención remota.

-¿Los desafíos educativos inmediatos?

-LMC: Los adolescentes sin identificación que no han terminado el bachillerato y cómo hacer para que puedan presentar las pruebas para ingresar a la formación técnica o tecnológica. Eso es algo que no está resuelto.

-Hay grandes expectativas con lo que será el “PEP educativo”, ¿cómo va a beneficiar a la población venezolana migrante en edad escolar?

-MLP: Es un gran avance del Estado colombiano, porque los niños no tienen la culpa de lo que está pasando. Como dice las Naciones Unidas: “Son niños” y como niños todos tenemos la obligación de cualquier acción para la garantía de sus derechos y qué mejor que el de la educación.

-Si este carnet va a demostrar la intención de permanencia del niño y de su grupo familiar, ¿también va a contribuir para la regularización del estatus migratorio de la familia?

-MLP: Sí, nuestra Constitución establece que las condiciones para adquirir la nacionalidad es que tenga un domicilio. De igual manera, el estatus migratorio se puede ir regularizando.

-Pasemos a un tema del que se habla poco, pero se está haciendo más visible: la explotación sexual de las niñas y adolescentes, sobre todo en la frontera, ¿cuáles medidas se están tomando no solo para condenarla, sino para erradicarla?

-MLP: Colombia reconoce que la explotación sexual comercial de niños y adolescentes es una forma de violentarlos, está tipificada en su ordenamiento jurídico como delito y cuenta con un amplio marco normativo desde el orden internacional. En este sentido, cuenta con acciones de prevención y de atención. Contamos con servicios como el ICBF, con defensores de familia y comisarios de familia para recibir y captar a niños en situación de amenaza, así como con medidas de restablecimiento de derechos y para buscar las mejores oportunidades para esos adolescentes.

En los lugares fronterizos se está percibiendo un aumento porque el tema de la migración conlleva a muchas otras cosas. Hemos hecho un seguimiento a Cúcuta, Arauca, Nariño y hemos podido establecer que la explotación sexual comercial es una de las olas que más está cobrando importancia para adoptar medidas por parte de nuestros funcionarios.

-Seguimos teniendo migrantes en potencia y caminantes, ¿qué es lo que primero que tienen que hacer papá y mamá cuando logren cruzar la frontera para garantizar la protección de su hijo por parte del Estado colombiano?

-MLP: Como punto de partida, ojalá toda persona que quiera migrar a Colombia, lo haga por las entradas regulares, porque allí se identifica a la persona. Las personas les temen a estos puntos porque creen que van a ser detenidos, pero nuestro país no está deteniendo a alguien por venir sin su documentación, porque se le considera un migrante irregular, no es un migrante ilegal. Se trata de un aspecto de orden humanitario, pero es indispensable que todos ingresen por los puestos fronterizos de tal manera que Migración, en articulación con todas las instituciones, den las garantías de los derechos del niño y brinden una atención humanitaria con base en las necesidades que se vayan determinando.

-LMC: Lo primero que tienen que hacer es reportarse ante la autoridad migratoria, deben inscribirse en el registro migratorio. Si ingresan por los puntos irregulares, pueden contactar a la policía nacional, a la Defensoría del Pueblo, al ICBF, a las comisarías, a las alcaldías. Para acceder a cualquier atención o servicio que requiera el niño en salud, educación, por riesgo, se debe hacer un procedimiento con cualquier autoridad.

-Colombia es uno de los primeros países que recibe el impacto inmediato de la migración venezolana, ¿cuáles son las lecciones que van aprendiendo cuando la migración involucra a niños y adolescentes?

-MLP: Nos hemos abocado a una realidad que nunca en cien años habíamos vivido. Hemos venido avanzando en la cooperación, en la elaboración de protocolos internacionales que se están revisando. Esto ha sido un ejercicio muy importante para nuestro país, porque incluso muchas autoridades no conocían cuáles son o cómo aplicar una norma internacional. Incluso, nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, estamos generando una guía para que las instituciones de todo el país tengamos los mismos criterios para la protección de los niños y adolescentes, y para que sean atendidos sin ningún tipo de talanquera tal como lo ordena la Convención.

-Desde Colombia, ¿cuáles son las recomendaciones para que los países de la región mejoren sus políticas migratorias y así mejorar el amparo del interés supremo del niño y adolescente migrante?

-MLP: Considero que nuestros países deben revisar lo que implica firmar un tratado internacional como la Convención de los Derechos del Niño y otros de derechos humanos para poder responder a las obligaciones. Muchos países han hecho la firma, pero no han adquirido ese nivel de conciencia internacional de lo que implica la protección internacional de un niño y adolescente cuando transita por todos estos países que hemos firmado la Convención. Para cada país esto implica tomar unas medidas para atender y, a su vez, para adoptar un protocolo internacional de protección de los niños, adolescentes y sus familias. Debe ser un protocolo que dé, en el tránsito, la seguridad de que por lo menos van a estar acompañados de las autoridades migratorias y de protección para que lleguen a sus países destino sin ningún tropiezo o sin ninguna amenaza para el ejercicio de sus derechos.

La migración no se va a detener. Lógicamente, va a haber inconformidades en todos los países, porque no todos están de acuerdo con las medidas que se tomen, pero creo que tienen que abrirse a tomar medidas de tal manera que le dé la posibilidad a cualquier niño, como lo dice la Convención, a que acceda a los servicios. Es un tema, lógicamente, también de los derechos humanos.

-Para el 2021 las proyecciones no son alentadoras: migrantes más vulnerables, mayor volumen y más velocidad, al menos dos millones de venezolanos podrían huir de la crisis humanitaria compleja, ¿cómo se prepara Colombia para este nuevo flujo migratorio?

-LMC: En esto, Colombia tiene el liderazgo frente al tema. Ya se encuentra preparado por el marco normativo que se ha venido desarrollando y con los procedimientos que se han venido implementando. Sin embargo, no deja de ser complejo, porque eso va a demandar más recursos. No es solo crear la norma y tener la disposición de nuestros gobernantes, sino crear toda la capacidad de respuesta institucional. Puedo decir que hemos tenido un acompañamiento de la cooperación internacional, de organizaciones como Acnur, Unicef, OIM Colombia, y hemos podido garantizar lo que es la respuesta humanitaria de emergencia. Veremos cómo se va dando la dinámica.

-La atención al migrante venezolano no es responsabilidad exclusiva del gobierno colombiano, ¿qué deberían hacer el gobierno de Nicolás Maduro, el de Juan Guaidó y la propia comunidad internacional?

-LMC: Creemos que es urgente un restablecimiento de los diálogos humanitarios pensados en la niñez y la adolescencia entre las autoridades consulares y de protección de Venezuela y Colombia, para garantizar particularmente la ubicación de familias y redes de apoyo en Venezuela. También queremos diálogos con las autoridades de la región. Todo esto para establecer ayudas para la reunificación familiar.

-MLP: Colombia tiene muchos niños en protección de nacionalidad venezolana y es urgente la ubicación de sus familiares para poder entrar a restablecer, por lo mínimo, un contacto de esos niños con su papá, su mamá o con sus cuidadores. Es necesario que el gobierno venezolano facilite esos diálogos para que podamos ubicar a esos niños con sus familias. Lo urgente para nosotros es eso. También, ojalá, que exista un reconocimiento del gobierno venezolano de que los niños y los adolescentes deben sacarse de cualquier decisión que restrinja sus derechos. Son seres que debemos proteger independientemente de las diferencias que se tengan en el interior de un país o entre los mismos países.

-LCM: Los niños y adolescentes venezolanos han estado expuestos en toda esta situación. Entonces, necesitamos que sean prioridad para el gobierno venezolano y que lo sigan siendo para el gobierno colombiano.

Migrar con niños: lo que necesitas saber para proteger a tus hijos

Aunque se trate de imponer la versión de que los migrantes venezolanos están retornando, lo cierto es que son muchos los que -pese a la pandemia- todavía encuentran razones para emprender un largo y precario viaje para cruzar la frontera en busca de una vida mejor. Y si antes salían primero los padres, hoy son más los niños sometidos a los rigores de esta experiencia. Carlos Trapani, director de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), ofrece algunas reflexiones para tratar de mejorar las condiciones de seguridad legal