“No me resigno a morir, solo porque el gobierno así lo decidió”

Un giro de 180º, dio la vida de esta paciente renal hace cuatro años cuando fue diagnosticada con esta afección. Desde entonces Orozco, de 41 años, vive en una constante lucha por sobrevivir.

“No llevo una vida normal. Debo estar esclavizada a una máquina para poder vivir y para que mis tres hijos de 11, 17 y 19 años, puedan seguir disfrutando unos años más de su mamá”, dijo entristecida.

En los últimos días la situación se ha complicado, no solo para Orozco, quien asegura que la crisis de los pacientes renales pasó de crítica a fatal, tanto para ella, como para más de 16.000 venezolanos que viven situaciones similares. Desde la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas, el anunció fue el mismo: no hay insumos para realizar la diálisis, en el país.

“Con todo lo que he superado de esta enfermedad, ahora viene este gobierno a no mandarnos los insumos para la diálisis, porque lo que pudiera estar destinado a material para la salud, lo regalan a las mujeres embarazadas, en el bono de carnaval o en los perniles que nunca llegaron, pues ¿saben qué? No me da la gana de aceptarlo, no me resigno a morir, solo porque el gobierno así lo decidió”, declaró a El Estímulo.

Con impotencia, la paciente renal relató que actualmente están propensos «a ir muriendo lentamente si no se nos practica la diálisis. Por más que uno se cuide, no tome líquidos, el cuerpo lo produce y ese mismo liquido puede llegar hasta los pulmones y producirse el desenlace fatal”, explicó con preocupación.

Su esposo, quien no se separa de ella ni un solo momento durante la entrevista, mostró al equipo de prensa de El Estímulo, un álbum fotográfico donde se evidencia el notable cambio sufrido por la mujer, antes y después de diagnosticada la patología.

“Las máquinas de diálisis son para nosotros la gota de vida. Ellas son las que día a día llenan nuestras esperanzas de vida. Yo he batallado mucho y no acepto que ahora venga el gobierno nacional y no envíe material, arrebatándonos nuestra expectativa de vivir”, manifestó.

En San Cristóbal existen seis unidades de diálisis, donde se atiende a los pacientes renales provenientes de varios municipios de la entidad y otra unidad más en el municipio Ayacucho al norte de la entidad. Algunas de ellas han cerrado sus puertas esta semana al no contar con los insumos requeridos para el funcionamiento de la máquina de hemodiálisis.

“El material es importado por el gobierno nacional, ellos son quienes lo entregan al seguro social para que lo distribuya a las unidades de diálisis del país y ese material no ha llegado”, explicó la paciente.

Empezó el viacrucis

Rina Orozco relató que la crisis se agudizó aproximadamente hace siete meses cuando empezó a fallar el suministro de Heparina, una solución anticoagulante. “Nosotros con la ayuda de muchas personas, logramos cubrir ese faltante comprándolo en Cúcuta a 20.000 pesos cada dosis. Bastante caro a la conversión en bolívares”.

Luego, faltó el kit completo de hemodiálisis para la conexión, dispositivo que contiene dos paquetes de guantes quirúrgicos, macro gotero, gasa, adhesivo, jabón betadine, alcohol, inyectadoras grandes, de insulina y curitas.

“Este kit tiene un costo de 450.000 bolívares y lo debemos llevar para cada diálisis, sin kit no hay diálisis. A la semana nos tenemos que practicar tres tratamientos, por lo que solo en la compra de kit se van Bs 1.200.000 semanales, Bs 4.800.000 al mes. Aun así hacemos el sacrificio para adquirirlo y podernos dializar”, alertó.

Destacó que, tanto el medicamento como los implementos para que la diálisis sea aplicada están cubiertos, pero otra complicación impide que el tratamiento sea aplicado, según relató la paciente.

“Ahora lo que no hay son los líquidos que llevan las máquinas de diálisis para que funcionen, el bicarbonato de sodio y el concentrado de ácido líquido. Estos productos no son comerciales, no se pueden adquirir en cualquier parte porque en el país solo lo distribuye una empresa directamente al gobierno y estos a su vez lo entregan al Seguro Social”, subrayó.

En ese sentido, pidió al gobierno la urgente apertura de un canal humanitario porque a su juicio se está jugando con las vidas humanas.

“Nos ha tocado pedir limosna y vivir de la caridad. Yo salgo a pesar de mi enfermedad cada día a las 5 de la mañana a vender café en la calle para poder costear una parte de mi tratamiento”, comentó.

Como requerimiento adicional, dijo Rina a El Estímulo que debe mantener en su casa una bombona de oxígeno, que tiene un costo de Bs 50.000.000 de bolívares por recarga, razón por la que su familia ha tenido que vender algunos bienes para sufragar los gastos de la enfermedad.

“Hay días en los que los pulmones se llenan de agua y debo recurrir urgente al oxígeno para sobrevivir”.

Sin carnet de la patria no hay medicamentos

Dijo haber llamado a la sede del IVSS en Caracas para solicitar otros medicamentos (antihipertensivos) para tratar afecciones asociadas a su patología y le fueron negados al constatar que no posee el carnet de la patria.

“Llamé al Seguro Social. Fue tanto lo que marqué que ya me lo aprendí. Me preguntaron si yo tenía el carnet de la patria y les dije que no. Me respondieron que no podía disfrutar de ese servicio. Les dije mi nombre es Rina Orozco, soy venezolana por nacimiento, con Cédula de Identidad. Luego llame al 0800-Salud y fue igual. Después de indagar todos mis datos me preguntaron si tenía el carnet de la patria y la respuesta fue: si no lo tiene, no puede disfrutar de la misión 0800-Salud”, denunció.

Algunas personas e instituciones del estado Táchira la han apoyado para la adquisición de insumos. Entre ellas, Rina citó a la gobernación de la entidad y empresas que suministran el oxígeno.

“La gobernadora nos ha ayudado, a diferencia del ex gobernador (José Gregorio) Vielma Mora que ni agua nos ofreció. Duramos tres meses pidiendo una cita para que nos colaborara con la compra de la heparina y nunca nos atendió”, dijo.

Este viernes a las 10:00 AM, los pacientes renales del Táchira se concentraran a las puertas de la  Defensoría del Pueblo, en San Cristóbal y solicitaran al defensor Hugo Caro y al Fiscal Superior de la entidad que hagan un llamado al gobierno para solventar la crisis que enfrentan y se les garantice el derecho a la vida contemplado en la Constitución.