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“No todo es culpa de Trump”

Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea complicaron la actividad económica en Venezuela, pero no son la única razón de la crítica situación que el país atraviesa actualmente. La crisis de ingresos afectó a todos los gremios y está generando cambios en la dinámica laboral.

“No todo es culpa de Trump”

En las puertas de los colegios privados de Venezuela se observa a los profesores con carteles demandando aumentos salariales, alegando que sus ingresos apenas llegan a entre 5 y 10 dólares almes. Sus colegas de las escuelas públicas llevan años de conflictividad, con paros y jornadas de protestas alegando una situación similar. Una crisis que ha alcanzado también a los docentes universitarios, algunos de los cuales han mostrado en las redes los zapatos rotos como símbolo del declive en su calidad de vida.

Pero el deterioro del salario y el nivel de vida no es un punto exclusivo de profesores. La crisis de ingresos ha alcanzado a todos los gremios,lo que obliga a los empleados formales a reducir sus jornadas de trabajo, a realizar actividades complementarias en esas horas o abandonar el empleo formal para dedicarse a una actividad económica desde su hogar. En 2018, el ausentismo aumentó en 40%, y en 2019 la tendencia fue creciente.

Lo que no se termina de comprender en los sectores laborales es que lo que ocurre no es solo un problema de salario versus costo de la vida, y que eso no depende del patrono, empresario ni de las instituciones. Así como el profesor acusa el impacto inflacionario, el padre del estudiante de la escuela privada apela a sus ahorros o diversifica sus labores para mantener a su hijo en la institución, mientras su directiva limita sus expectativas académicas y culturales para afrontar los altos costos. Lo mismo ocurre en la empresa privada y en los organismos públicos, cuyos presupuestos están por debajo de los costos. De allí la reducción en el número de empresas e instituciones educativas.

El Observatorio Venezolano de la Conflictividad reportó que se registraron 618 protestas en enero de 2020. De ellas, 64% fueron  por demandas económicas, en especial laborales y de servicios públicos. Ello se entiende en un país que presenta una profunda crisis económica y de servicios. Sin embargo, las demandas no pueden ser satisfechas por un patrono, empresario y ni siquiera por una institución privada o un ente gubernamental.

No es Donald Trump

Aunque el gobierno atribuye la crisis económica que vive el país a las sanciones económicas, especialmente en el área petrolera, el deterioro y la caída del producto interno bruto (PIB) comenzó su declive indetenible a partir de 2013, cuando comienzan a hacer su efecto más profundo las medidas de expropiación de empresas y tierras, el severo control cambiario, la politización de las empresas e industrias manejadas por el Estado y la alta corrupción que se generó en el país, con ausencia notable de la Contraloría General de la República y de leyes para regular las contrataciones del Estado,lomismo que con una Asamblea Nacional anulada por el Ejecutivo.

Las respuestas económicas del régimen de Nicolás Maduro han sido la impresión de moneda sin respaldo productivo (monetización), aumentos salariales que no se corresponden con el crecimiento productivo y una tolerancia de las instituciones públicas a la extensiva corrupción y extorsión que se aplica a comerciantes, productores y empresas que se genera en diversos niveles: desde trámites legales, impuestos, transporte, procesos judiciales o distribución de  productos. Ello trajo como consecuencia la destrucción del valor de la moneda nacional.

Esa misma política devino en la crisis de los servicios públicos como la electricidad, el suministro de agua, la precaria conexión de internet, el colapso del transporte público terrestre y aéreo y la paralización de importantes obras y vías de comunicación desde hace varios años. Como lo dijo recientemente Maduro: “No todo es culpa de Trump”.

Con este escenario, no hay salario en bolívares que pueda cubrir una inflación que en 2019 cerró en 7.374,4%, de acuerdo con las estimaciones que hizo la Asamblea Nacional. Una cifra no muy superior de la que ofreció el Banco Central de Venezuela. En síntesis, lo que se ha producido es una destrucción de la moneda en medio de una crisis global de la producción de bienes y servicios del país.

Un espejo de esta realidad lo muestra un gráfico expuesto por el economista Jesús Casique. Luego de dos reconversiones de la moneda, nuestros billetes en bolívares solo valen lo siguiente al día de hoy:

Bs 10.000 = $0,13

Bs 20.000 = $0,27

Bs 50.000= $0,67

Desde luego, como lo ha referido el propio presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea complican las actividades económicas del país y de la empresa privada.

Las medidas de Maduro

Una de las más importantes medidas que tomó el gobierno madurista a finales del pasado año fue permitir la libre circulación del dólar, facilitar la exportación de algunos productos nacionales, la importación directa de bienes e insumos por parte de privados y liberar los precios de los productos.

Si bien eso no resuelve la profunda crisis generada por tantos años del modelo socialista, ofreció un pequeño respiro al comercio y a los ciudadanos beneficiados con remesas o ahorros en dólares, para sobrevivir. Entretanto, los sectores populares, que no están en esa categoría, siguen dependiendo de las entregas del CLAP y de los bonos vía carnet de la patria.

Esas medidas permitieron la relativa expansión de un movimiento comercial subterráneo, que no solo se observa en las zonas comerciales formales sino en sectores populares y de clase media baja. Así proliferan pequeños comercios tipo bodegones, buhonerismo y servicios técnicos que se cotizan en dólares. Algunos de esos servicios son hasta más costosos que una consulta médica.

A ese movimiento hay que agregar el dinero en efectivo que circula producto de las actividades del crimen organizado, la venta legal e ilegal del oro de Bolívar, el narcotráfico y el contrabando, entre otras actividades ilícitas. Adicionalmente, están los envíos en dólares y euros en efectivo que se remiten al gobierno desde el exterior por vías ilegítimas.

Como señalábamos, todo ese movimiento no es referencia para decir que hay una recuperación económica o que la hiperinflación se ha detenido en Venezuela, como aseguraron algunos especialistas.

Mientras no se recuperen la institucionalidad y las leyes, se reduzcan los trámites y regulaciones, se libere la economía, se establezca el libre mercado y se reduzca el tamaño del Estado, reintegrando las industrias, hoteles, empresas de alimentos y tierras arrebatadas al sector privado, difícilmente habrá reinversión de capital y recuperación del PIB en Venezuela.

Lo que se debate bajo cuerda 

En las negociaciones que se hacen tras bastidores en la Mesa de Diálogo Nacional para pactar unas elecciones parlamentarias y sacar del juego al sector “guaidosista”, a Voluntad Popular y a Primero Justicia, que han señalado que no participarían en unas elecciones sin garantías, se maneja en paralelo un cambio de rumbo de la economía. Se considera entregar importantes empresas en áreas de comunicaciones, petróleo, hierro, aluminio y minerales a empresas de países aliados como China, Rusia e Irán, no como se hizo en acuerdos previos, sino con mayoría accionaria de los socos foráneos en esas empresas,a objeto de de evitar el mal manejo de estas y la corrupción que se masificó en la mayoría de las contrataciones que se hicieron durante el chavismo y los años del madurismo, cuando el Estado controlaba las empresas. De allí que muchas obras naufragaron en la corrupción.

Asimismo, se estudia regresar a sus dueños originarios algunas fincas expropiadas por el chavismo, que fueron muy productivas en el área ganadera y agrícola y que hoy se encuentran desmanteladas y saqueadas. Con ello se aspira a recuperar parte de la producción de alimentos en Venezuela.

Ese plan iría a la par de la nueva Asamblea Nacional manejada por oficialistas y opositores moderados entre los que estarían, aparte de la alianza de la Mesa de Diálogo, sectores de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y la disidencia de PJ y VP.

El proyecto sigue en negociaciones con la participación de Rusia, que sería el componente clave. Para ello, ha exigido cambios económicos, a pesar de la profundización de las sanciones aplicadas por Estados Unidos con la petrolera Rosneft y otras empresas que negocian con petróleo venezolano. Rusia no solo ha sostenido importantes reuniones en Venezuela, Estados Unidos y Cuba para lograr una recuperación de sus inversiones en el país, sino que ha enviado asesores económicos para trabajar con Maduro, a la par de la conocida asesoría militar. Esas negociaciones llevarían igualmente a aliviar y a suspender algunas sanciones aplicadas a funcionarios, militares y empresas que operan en Venezuela.

No todo el chavismo estaría de acuerdo con esa estrategia. La incidencia de sectores radicales, la influencia de Cuba, la cúpula militar, el “chavismo originario” y el sector de Diosdado Cabello, difieren de esa vía. De la misma manera, el control militar y la Fuerza Armada como soporte fundamental del régimen se siguen profundizando, como parte del modelo político chavista que no concibe un escenario de entrega  o alternabilidad en el poder con ningún sector opositor.

El proyecto madurista y de sus aliados contrasta con el modelo económico abierto, que fue presentado en el Plan País, que representa a la mayoría opositora liderada por Juan Guaidó, iniciativa apoyada por importantes sectores académicos y gremiales, que buscan insertar nuevamente a Venezuela en la alianza de países con economías libres que lideran Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima. Son dos opciones enfrentadas que forman parte del juego geopolítico mundial en la llamada “nueva guerra fría”.

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