Ante la multiplicación de denuncias de supuestos abusos por parte de los militares, que desde el sábado fueron desplegados en las calles, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que había "decidido enviar una misión de verificación para examinar" la situación en el país
Decenas de miles de personas volvieron a las calles este jueves, 24 de octubre, para protestar contra las desigualdades sociales en Chile, adonde la ONU decidió enviar una misión para investigar presuntas violaciones de los derechos humanos.
Ante la multiplicación de denuncias de supuestos abusos por parte de los militares, que desde el sábado fueron desplegados en las calles, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que había «decidido enviar una misión de verificación para examinar» la situación en el país.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una veintena de organizaciones sociales convocaron a una segunda jornada de paralización el jueves, pero muchos acudieron a sus trabajos y el comercio abrió tímidamente sus puertas. En la tarde, paulatinamente comenzaron a cerrar más temprano de lo habitual.
«Los problemas se han arrastrado en el tiempo, con todos los partidos políticos es lo mismo (…) Lo único es protestar. He venido desde hace tres días y voy a seguir protestando», dijo a la AFP Pamela Rosas, de 26 años.
En un intento por bajar la presión, el presidente Sebastián Piñera informó de un plan para terminar con los toques de queda, impuestos por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque esa medida se decretó para este jueves por sexto día consecutivo en varias regiones del país.
«Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país», dijo el mandatario en un mensaje a la prensa.
El canciller chileno, Teodoro Ribera, confirmó por su parte que el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunirá el 16 y 17 de noviembre en Santiago, tal y como estaba previsto.
Custodiadas por el ejército, tres líneas del metro metropolitano funcionan parcialmente junto a 6.000 autobuses. El viernes se sumarán algunas estaciones de otras dos líneas del subterráneo, seriamente dañado por ataques incendiarios.
El gobierno reportó este jueves una disminución de los hechos de violencia, que suman 18 muertos, pero los incidentes siguen presentes en varios puntos del territorio.
Los disturbios, saqueos e incendios -registrados especialmente en zonas periféricas de la capital- disminuyeron, no se registraron fallecidos en las últimas 24 horas y los detenidos suman 735, desde los 979 del día anterior. Pero los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se mantienen en puntos álgidos de las manifestaciones, como la céntrica Plaza Italia.
El canto «Piñera, escucha, andate a la chucha (diablo)», toma fuerza en las calles.
Las protestas continúan mientras aumentan las denuncias de abuso de los agentes del Estado. Cinco de las 18 muertes ocurridas en el estallido social perecieron a manos de las fuerzas del Estado.
Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabiliza, además, 584 heridos, 245 de ellos por armas de fuego.
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó el jueves que los militares actuaban para proteger los derechos humanos de los chilenos, no para violarlos.
Además de la misión anunciada por Bachelet, el canciller Ribera informó que Piñera había invitado a Chile a la expresidenta y a José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch.
El padre de la alta comisionada de la ONU fue detenido y torturado tras oponerse al golpe de Pinochet y murió en la cárcel en 1974, y ella también fue torturada antes de exiliarse.
Las multitudinarias manifestaciones han derivado en un movimiento mucho mayor, heterogéneo y sin un liderazgo identificable, que pone sobre la mesa otras demandas, principalmente un aumento de las bajas pensiones del sistema privado que se mantiene como herencia de la dictadura.
«Esto ya es el reclamo de todo un país, nos cansamos», gritaba una manifestante en medio de una multitud que hacía sonar sus cacerolas ante los soldados en Santiago.
El anuncio de una batería de medidas del presidente Piñera el martes y su pedido de «perdón» parecen no haber surtido el efecto deseado.
El gobierno prometió una mejora de las pensiones de los más pobres, más impuestos para quienes tienen mayores ingresos y una disminución de las dietas parlamentarias y los altos sueldos públicos, además de congelar un aumento del 9,2% en las tarifas de la electricidad.
«Esperábamos que este momento de conflicto social aumentara la sensibilidad, pero son las mismas propuestas de hace meses», lamentó Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, también presente en las movilizaciones.
Los mercados se mostraron optimistas y la Bolsa de Santiago cerró con un alza de 2,13%.
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