La presidenta de la misión aseguró que "la única razón por la cual no hemos realizado actividades de investigación in situ en Venezuela fue porque el Gobierno de Venezuela no lo quiso y no nos permitió hacerlo. He enviado seis comunicaciones al Gobierno de Venezuela entre enero y septiembre de este año sin respuesta"
La misión de las Naciones Unidas que investigó y documentó más de 400 graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela presentó hoy formalmente su informe ante la directiva del organismo. Y sostuvo todo lo que denuncia, además de asegurar que el gobierno de Nicolás Maduro les impidió trabajar dentro del país e ignoró todas las comunicaciones y solicitudes que se le hicieron.
En el discurso introductorio, Marta Valiñas, jefa de la llamada Misión Internacional Independiente de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, le respondió al gobierno de Nicolás Maduro, que desestimó la rigurosidad del documento, explicando la estricta metodología implementada durante el año que duraron las investigaciones.
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Además, Valiñas aclaró que «la única razón por la cual no hemos realizado actividades de investigación in situ en Venezuela fue porque el Gobierno de Venezuela no lo quiso y no nos permitió hacerlo. He enviado seis comunicaciones al Gobierno de Venezuela entre enero y septiembre de este año y no he recibido ninguna respuesta (…). Lamentamos profundamente que esta haya sido la ruta escogida por el Gobierno».
Si quiere escuchar el discurso puede hacerlo aquí:
A continuación transcribimos el texto exacto del discurso de Marta Valiñas:
Excelencias
Distinguidas y distinguidos delegadas y delegados
Señoras y señores
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por este Consejo, tiene el honor de presentar a sus Excelencias las conclusiones de las investigaciones que llevó a cabo durante el último año.
De acuerdo con el mandato que nos fue encomendado por este Consejo el 27 de septiembre de 2019, hemos investigado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
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Para ello, hemos adoptado una metodología rigurosa –detallada en nuestro informe – que incluye la recopilación de información directa de las víctimas y testigos, expedientes judiciales y otros documentos, material audiovisual debidamente analizado y verificado, e información proporcionada por integrantes de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia del Estado, así como por miembros de órganos judiciales. Esta metodología se ajusta a la metodología adoptada por otras misiones de determinación de hechos creadas por este Consejo, y a las buenas prácticas establecidas por variadas entidades de las Naciones Unidas para la investigación de violaciones de derechos humanos. Gracias a los avances tecnológicos, nuestro equipo, compuesto por profesionales altamente competentes y dedicados, hizo un trabajo excelente de recolección de dicha información, de forma segura y confidencial, incluyendo fuentes que se encuentran, en gran parte, aún dentro de Venezuela.
La única razón por la cual no hemos realizado actividades de investigación in situ en Venezuela fue porque el Gobierno de Venezuela no lo quiso y no nos permitió hacerlo. He enviado seis comunicaciones al Gobierno de Venezuela entre enero y septiembre de este año y no he recibido ninguna respuesta. En estas comunicaciones solicité no sólo realizar una visita al país, pero también sostener reuniones con autoridades dentro o fuera del país. Igualmente, solicité datos oficiales e información sobre los casos que estábamos investigando. Ofrecimos también enviar al Gobierno nuestro informe para sus comentarios antes de publicarlo. No recibí respuesta alguna. Lamentamos profundamente que esta haya sido la ruta escogida por el Gobierno.
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Con base en la información que recolectamos y analizamos, hemos concluido que graves violaciones de los derechos humanos ocurrieron en Venezuela durante el período en el cual este Consejo nos encomendó investigar, las cuales fueron perpetradas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia tanto civiles como militares. Estas violaciones incluyen: ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de operaciones de seguridad, privaciones arbitrarias de la vida de personas participando en protestas, detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual, en contra de personas que expresaban su desacuerdo con el Gobierno o que eran percibidas como opositoras al gobierno, así como desapariciones forzadas, entre las cuales destacamos el caso de cinco hombres que siguen desaparecidos tras la operación militar en Barlovento.
Estamos conscientes de que estas violaciones han sido objeto de reportes presentados en repetidas ocasiones ante este Consejo; los más recientes siendo los informes de marzo y julio de este año presentados por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Nuestro análisis completo y minucioso de los 223 casos que hemos investigado – 48 de los cuales están documentados en más detalle en nuestro informe – complementado por un análisis legal, nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, y de conformidad con políticas de Estado, y que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad. Autoridades de alto nivel de las fuerzas de seguridad del Estado y servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel del Gobierno, que ejercen autoridad y control sobre esas fuerzas, adoptaron dichas políticas y contribuyeron a su implementación, lo cual resultó en la comisión de los crímenes documentados. Como indicamos en nuestro informe, el estándar de prueba bajo el cual Misiones como la nuestra formulan sus conclusiones – “motivos razonables para creer” – es más bajo que aquel necesario para condenar a una persona en un proceso penal. Por ende, le corresponde a las autoridades judiciales competentes determinar responsabilidades individuales de conformidad con la legislación penal pertinente.
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Recomendamos que las autoridades venezolanas pongan fin, de inmediato, a las graves violaciones a los derechos humanos que hemos documentado, que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de dichas violaciones, y que garanticen la justicia para las victimas – incluyendo la reparación del daño sufrido, su protección y acceso a la asistencia que necesitan. En nuestro informe ofrecemos recomendaciones detalladas de medidas que consideramos que el Estado debe implementar en este sentido.
Lo digo claramente: una de estas recomendaciones es que el Estado venezolano coopere con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Así como con cualquier otro órgano establecido por este Consejo. No existe antagonismo, ni real ni supuesto, entre estas labores. Es imperativo investigar y juzgar los responsables de las violaciones cometidas, monitorear y prevenir que éstas se repitan, y sobretodo, brindar justicia a las victimas.
Hemos actuado con total independencia e imparcialidad. Por ello, sostenemos todos los resultados de las investigaciones y las conclusiones formuladas en nuestro informe que hoy, respetuosamente, presentamos a sus Excelencias, en vista de un diálogo constructivo.
Muchas gracias por su atención».
