El portavoz recordó que bajo este nuevo proyecto, una persona que atraviese irregularmente la frontera a través de Ceuta y Melilla será automáticamente rechazada y no contará con las garantías establecidas por la ley nacional y europea para que cualquier persona pueda solicitar asilo.
El pasado 22 de octubre, el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, clarificó que con la nueva legislación no se trata de legalizar las llamadas «devoluciones en caliente», que son «ilegales», sino dar cobertura jurídica al «rechazo en frontera» de los inmigrantes que intentan alcanzar territorio español, se quedan en terreno de nadie y no llegan a consumar su entrada
Consultado sobre esta aclaración hecha por el ministro español, Spindler explicó que el ACNUR condena los rechazos en frontera porque esta práctica no dará ninguna oportunidad para aquellos que huyen de la persecución y el conflicto para solicitar asilo.
«Rechazamos esta nueva práctica por dos razones: la primera por principio, porque todas las personas que están buscando protección deberían tener la oportunidad de ser escuchados. Y segundo, porque actualmente la mayoría de las personas que intentan alcanzar la Unión Europea son personas que huyen de países en conflicto y donde se violan los derechos humanos, y por lo tanto podrían ser calificados como refugiados por la Convención de 1951».
El portavoz dijo que el 60 por ciento de los inmigrantes que han intentado alcanzar España a través de Ceuta y Melilla provienen de Siria, República Centroafricana, Mali y República Democrática del Congo (RDC). En 2013, unas 4.200 personas entraron en Ceuta o Melilla por tierra o por mar. En lo que llevamos de año, más de 5.000 personas han entrado en territorio español a través de los dos enclaves, «2.000 de ellos huyendo del conflicto en Siria, de los cuales 70 por ciento eran mujeres y niños».