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Opinión | 18 de octubre de 1945: la revolución olvidada

El golpe de estado cívico-militar que derrocó a Isaías Medina Angarita partió en dos la historia política del país en el siglo XX, según Jorge Olavarría,  y dio inicio al “sistema de democracia electoral”. Las nuevas generaciones políticas de la época lo calificaron de hecho "revolucionario". Los planteamientos sobre el dilema dictadura-democracia siguen vigentes.

Opinión | 18 de octubre de 1945: la revolución olvidada

Rómulo Betancourt, el más destacado líder de la Generación del 28, avaló un discurso político-ideológico sobre la base de que el régimen de Juan Vicente Gómez fue el obstáculo para que Venezuela pudiera superar la “barbarie”. El Plan de Barranquilla, un análisis suscrito en marzo de 1931 por exiliados sobre la realidad política y social venezolana,  observa la aplicación de parámetros marxistas y advierte, bajo una orientación «antiimperialista», que la revolución debe ser social y no meramente política.

Liquidar a Gómez, al “gomecismo” y al régimen latifundista-caudillista entraña, según el manifiesto,  la necesidad de destruir en sus fundamentos económicos y sociales un orden de cosas profundamente enraizado en una sociedad donde la cuestión de la injusticia esencial no se ha planteado jamás. El capitalismo extranjero – La Standard Oil, La Royal Dutch, el Royal Bank y cuatro o cinco compañías más –  y la casta latifundista-caudillista controlan casi toda la economía nacional,  criolla mediante una alianza tácita, no siendo ningún secreto que en la Secretaría de Estado norteamericana el gomecismo ha tenido un aliado fundamental.

Betancourt es coherente con sus ideales al sostener que la etapa postgomecista nació de un acto de imposición autocrática al ser designado López Contreras para suceder a Gómez por sus ministros, de acuerdo con las formulas previstas en una Constitución de “letrados” que traducían al lenguaje jurídico la voluntad de Gómez, así como de un Congreso cuyos senadores y diputados fueron también nombrados por Gómez. Venezuela no fue consultada en forma alguna.

Asimismo, Betancourt consideraba que la constitución de 1936, promulgada por López Contreras, la considero desde el punto de vista del sistema electoral un retroceso con respecto a las anteriores desde el punto de vista electoral, al restringir el derecho al voto a solo los varones letrados mayores de 21 años en un país donde al menos la mitad de la población era analfabeta, violentando así el derecho al voto universal teóricamente consagrado desde el año 1864 y dejando en pie la fórmula de elección de segundo grado para escogencia de los miembros de ambas cámaras legislativas nacionales y de tercer grado para presidente de la República.

Con la finalidad de limitar las protestas del mes de febrero del 1936, se reformó el texto del inciso sexto del artículo 32 de la Constitución, el cual consideraba “contrarias a la independencia, a la forma política y a la paz social de la nación, las doctrinas comunista y anarquista. Quienes las proclamen, propaguen o practiquen serán traidores a la Patria y castigados conforme a las leyes». Betancourt señaló que el régimen conservaba vivo el cordón umbilical que lo unía a su matriz autocrática.

Betancourt aseveraba que el gobierno de Medina Angarita, al haberse ejercido en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y lucha contra el nacionalsocialismo alemán, y siendo Venezuela país proveedor de petróleo de Estados Unidos, aunado a la doctrina del presidente Roosevelt de eliminar el totalitarismo “hasta en el último rincón de la tierra”, condicionó la necesidad de diferenciarse de López Contreras y crear cierta base de “opinión popular” para oponerse a la “tutoría imperiosa” del antecesor. El gobierno medinista se caracterizó por un mayor respeto a las libertades públicas y por una actitud oficial menos represiva frente a las fuerzas políticas de oposición. A juicio de Betancourt, se trató de una “autocracia con atuendo liberal”.

Medina reivindicaría años después que durante su gobierno no hubo en Venezuela ni un exiliado, ni un preso político, ni un partido disuelto, ni un periódico clausurado, ni una madre que derramara lágrimas por la detención o el exilio de un hijo.

Por intermediación del médico Edmundo Fernández, se logró reunir a los dirigentes de Acción Democrática Rómulo Betancourt y Raúl Leoni con el grupo conspirador Unión Militar Patriótica, liderado por Marcos Pérez Jiménez, Mario Vargas y Carlos Delgado Chalbaud, quienes manifestaron que ante los «graves desaciertos» que estaba cometiendo el gobierno de Medina no podían permanecer indiferentes, por lo que el movimiento militar aspiraba a implantar en Venezuela un “nuevo orden” donde imperaran la honradez, la justicia y la capacitación.

No ambicionaban llevar a las Fuerzas Armadas al ejercicio integral del poder pues los altos cargos debían ser ocupados por “hombres honrados y capaces” con respaldo popular. De modo que entraron en contacto con organizaciones civiles afines con sus ideas y con disposición a a secundar la acción de la oficialidad joven. Repudiaban a Contreras y Medina por ello estaban dispuestos a dar un golpe de Estado. Incluso ofrecieron a Rómulo Betancourt encargarse del gobierno.

Betancourt y Leoni habían viajado a Washington  para entrevistarse con Diógenes Escalante embajador de Venezuela en los EEUU, un hombre “con criterio político moderno y sensibilidad democrática” para que aceptara la candidatura presidencial que Medina le había ofrecido y no aceptó. Garantizaron el apoyo de AD para lograr una solución electoral a la crisis política. AD decía tener la “lúcida idea” de que el ascenso al gobierno era inevitable si se daba la oportunidad al “pueblo” de votar de manera directa. La reunión en Washington con Escalante se realizó sin acuerdo previo ni contacto de ninguna clase con el Gobierno de Medina.

Los líderes adecos insistieron a Escalante “con franqueza” que  si no surgía en el oficialismo un presidenciable dispuesto a impulsar una reforma constitucional que estableciera el sistema de sufragio directo, universal y directo para la elección de personeros a cargos públicos, “resultaba inevitable” el estallido de una insurrección cívico-militar. Escalante dio su asentimiento y se comprometió a propiciar una reforma democratizadora de la Constitución.

Rafael Caldera consideró evidente que Betancourt, llamado por un grupo de oficiales jóvenes dispuestos al derrocamiento del Gobierno de Medina, trató de impedirlo e hizo esfuerzos visibles para que no ocurriera. Pareció convencer a los líderes de la Unión Militar Patriótica (UMP) de la necesidad de buscar una “salida evolutiva” a la crisis política y parte de la solución radicaba en la candidatura de Escalante, quien llegó a Venezuela el 07, de agosto de 1945 y fue recibido por dirigentes del oficialista Partido Democrático Venezolano, entre ellos Arturo Uslar Pietri, así como por líderes de AD (incluido Betancourt), el senador Jóvito Villalba y el Partido Comunista de Venezuela,  organizados bajo el nombre de Unión Popular.

En virtud de la enfermedad mental de Escalante, López Contreras obtuvo preferencias y nuevas adhesiones en el Congreso, maniobra que  los partidos opositores vieron como una amenaza de regreso al gomecismo. El candidato sucesor de Medina fue el abogado tachirense y ministro de Agricultura y Cría, Ángel Biaggini, propuesto por Medina en septiembre de 1945, entre otras razones porque había alcanzado cierto renombre por la promulgación de la Ley Agraria.

Esto fue interpretado por la oposición a Medina como el “continuismo” de su gobierno y reforzó la tesis golpista de la Unión Patriota Militar. Asimismo, se prosiguió la labor de juramentar a nuevos oficiales como la candidatura de López Contreras, en franca desavenencia con Medina quien fue su sucesor y ministro de Guerra y Marina.

AD, a través de Rómulo Gallegos, planteó a Medina la necesidad de propiciar el ascenso a la Presidencia de la República de un ciudadano sin militancia partidista que convocara a elecciones en un plazo perentorio de un año y realizara determinadas reformas constitucionales. Medina, “fiel a su tradición autocrática” según Betancourt,  no aceptó la solución e impuso a su candidato. La escogencia de Biaggini fue interpretada como la continuidad de la dominación de la «oligarquía tachirense” iniciada a finales del siglo XIX y se sugirió que la confrontación política de la época tenía fuertes visos regionalistas.

Al ser descubierta la conspiración y la lista de conjurados por parte del gobierno, se reforzó la actitud para la realización del golpe; La última reunión entre militares y civiles se celebró el 16 de octubre; Betancourt estuvo de acuerdo en impulsar la intentona esa semana. Convocaría a un mitin en el Nuevo Circo de Caracas, haciendo alusión al candidato del consenso o coalición. “Pero esta aspiración colectiva se frustrara si quienes gobiernan continúan en su aptitud de insólito desdén a la opinión”, dijo, y agregó que “Acción Democrática no iría jamás al gobierno como pariente pobre que entra por la puerta de servicio domestico a ocupar dos o tres carteras”.

Rafael Caldera aseveró que Betancourt condicionó su apoyo al golpe militar a que le dieran mayoría absoluta en la Junta de Gobierno para asumir la responsabilidad. La integración de dicha Junta, instalada en la mañana del 19 de octubre, consistió en cuatro miembros de AD, un independiente y dos militares. Fue presidida por Rómulo Betancourt e integrada por Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Edmundo Fernández, el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario Ricardo Vargas.

Marcos Pérez Jiménez no firmó el acta constitutiva de la Junta al darse cuenta del sectarismo de Betancourt. Inclusive señaló que la integración cívico – militar fue una idea propia,  «en la cual estuvieran representados lo más granado de la representación de los venezolanos”. Desde su puesto en la Jefatura del Estado Mayor, Pérez Jiménez denunció un paulatino marginamiento del gobierno por medio de comisiones en el exterior.

El joven ministro del Trabajo del gobierno revolucionario, Raúl Leoni, aseveró: “No había otro camino. La fórmula electoral de segundo grado que mantenía intransigentemente Medina nos cerraba el acceso al poder por vías constitucionales”. La actitud de Medina de no efectuar el “contragolpe”, pese a tener posibilidades de éxito, ha sido interpretado por algunos historiadores como una muestra del profundo humanismo del mandatario, al no querer pasar a la historia como el propiciador de un hecho de sangre.

Rafael Caldera y el socialcristianismo se identificaron con los “ideales y promesas” de la Revolución de Octubre de 1945. No aspiraron a la vuelta de regímenes o situaciones pasadas, convencidos de que la Revolución abrió las puertas para una definitiva transformación nacional. Se consideraron «sinceramente revolucionarios», opuestos a resurrección de los vicios antiguos y contrarios a la la tendencia que pretende hacer de la Revolución una siembra o desconocimiento de legítimos valores nacionales que alientaran todo propósito de superación.

Esta posición la volvería a reivindicar décadas después, al señalar que los jóvenes fundadores de Copei, pese a estar en la oposición al gobierno de Medina, no auspiciaban la candidatura de López Contreras y divergían ideológicamente de Acción Democrática; sin embargo, según Caldera,  “fuimos atraídos con simpatía” e invitaron a la lucha “por los legítimos ideales de la Revolución de Octubre”.

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