Opinión | Estamos muy lejos de una solución a nuestra tragedia económica

No basta con identificar que efectivamente el modelo del socialismo del siglo XXI como modelo rentista, expoliador y destructor por excelencia resulta lesivo, hace falta identificar las instituciones que se requieren fortalecer y aquellas de las cuales carecemos para apuntar al progreso.

Estamos lejos de cambiar el rumbo económico del país porque creemos, y así lo hacemos público –incluso a nivel de matriz de opinión pública-, que la desidia e impericia del actual gobierno es sinónimo de liberalización y capitalismo.

Nada más alejado de la realidad que el sistema capitalista constituye una sociedad basado en el Estado de la Naturaleza. De hecho, el mercado y el intercambio no constituyen creación exclusiva del capitalismo, y no lo han sido porque constituyen instituciones y mecanismos de adopción voluntaria por resultar generadores de bienestar y riqueza colectiva y privada. Siendo que los intercambios en los mercados resultan voluntarios y mutuamente beneficiosos, no han requerido a lo largo de la historia una imposición del mismo. Muy por el contrario, donde forzosamente se le han puesto cortapisas a su desarrollo, proliferación y perfeccionamiento suelen ser sociedades postradas.

Lo que sí han hecho las sociedades basadas en mercado y en capitalismo es identificar las practicas comunes y costumbres que han resultado eficientes económicamente para incorporarlas y protegerlas por medio de su entramado legal. El análisis económico del derecho, originario de países anglosajones, estudian justamente como dichas instituciones han sido creadas y protegidas en beneficio del bien social conocido como eficiencia económica, ingrediente crucial para generar riqueza social.

Lo que sí ha logrado hacer el capitalismo es institucionalizar, formalmente, los derechos de propiedad como esquema de reconocimiento e incentivo mínimo necesario para motivar esfuerzos y la generación de riqueza, y ha desarrollado estándares de responsabilidad, por ejemplo en el ámbito del derecho contractual –e igualmente en el extracontractual- para evitar comportamientos oportunistas y externalidades que ponen en riesgo la proliferación de intercambios voluntarios mutuamente beneficiosos generadores de riqueza social y privada.

Preocupa que en Venezuela se disemine la matriz de opinión de que el gobierno por su inacción, está aplicando un modelo capitalista.

El bien público que implica la garantía en favor de instituciones como los derechos de propiedad y la confianza derivada del compromiso creíble impuesto por estándares de responsabilidad en materia contractual constituyen el alma del capitalismo (algo que carece Venezuela hoy día).

Mal podemos hablar de capitalismo y políticas liberales en un país donde los derechos de propiedad constituyen una concesión graciosa del Estado.

Es cierto que los mercados y el intercambio por constituir una institución eficiente de voluntaria adopción se imponen y aparecen incluso en los modelos y sistemas económicos más represivos y retrógrados, pero ello no basta para decir que nos encontramos ante un capitalismo salvaje y políticas liberales.

Mal podemos hablar de liberalismo y capitalismo con una institución como la SUNDDE que desvirtuó la naturaleza regulatoria de la protección al consumidor y que congela los precios de los colegios privados, que allana y toma los inventarios de empresas –organizaciones que no encuentran mejor estrategia para no descapitalizarse que mantener su capital de trabajo en inventarios y no en activos monetarios-, que congela las tarifas de los operadores de telecomunicaciones, que sanciona a las clínicas privadas hoy prácticamente única alternativa de provisión de servicios de salud en el país, etc.

Mal puede hablarse de liberalismo y capitalismo con un Gobierno y un Estado propietario de numerosas empresas que producen bienes privados.

Los casos de abusos de poder de mercado, materializado eventualmente por medio de precios excesivos requieren un mínimo de garantías de un debido proceso en favor de la protección de los derechos económicos y procesales. Regulaciones Ad Hoc y Ex ante sin procedimiento ni justificación previa como por ejemplo podría ser la constatación de la existencia de un monopolio natural, constituyen sanciones previas y violaciones de los derechos de propiedad (errores del tipo falso positivo).

Más allá dichos congelamientos de precios en escenarios inflacionarios pinzan los márgenes de los oferentes poniendo en riesgo la propia oferta y acceso a bienes y servicios. El desempeño de los servicios públicos constituye terrible y lamentable evidencia de lo anterior.

En los casos en los cuales el supuesto abuso se genera o manifiesta a través de un eventual aumento de precios, resultará fundamental valorar si dicho aumento de precios se encuentra explicado por un incremento en los costos. Así las cosas, la utilización de evidencia basada en la evolución de números índices que metodológicamente tienen el propósito de reflejar el desempeño de determinados precios y costos, en específico los índices de precios que se utilizan para hacer seguimiento al proceso inflacionario, o alternativamente la evolución del tipo de cambio vigente entre la moneda nacional y alguna moneda extranjera relevante en el caso en cuestión; pueden contribuir a explicar, de forma plausible y alternativa a la de ejercicio de abuso de una eventual posición dominante, eventuales incrementos de precios a lo largo del tiempo. Al respecto, se cuenta con prolija doctrina internacional, por ejemplo la argentina desarrollada en “A. Lafalla c/Juan Minetti”, Resolución 309/2000, Secretaría de la Competencia y la Defensa del Consumidor, donde la supuesta conducta denunciada consistió “en el aumento progresivo de los precios” , y se decide que los ajustes de precios no se consideran significativos y/o explicados exclusivamente por medio de un eventual abuso anticompetitivo.

Adicionalmente, respecto a la posibilidad de determinar si existe un ejercicio abusivo de poder de mercado, o alternativa y específicamente un acuerdo entre competidores con fines anticompetitivos, vía análisis de los precios en un mercado, Massimo Motta asoma: “Puesto que un resultado colusorio se define como una situación en la que los precios son “lo suficientemente altos”, uno podría pensar que para verificar la existencia de colusión en el sentido legal (es decir, un comportamiento contrario a la competencia) se tendrían que analizar los datos de precios en una industria dada, e inferir si están por encima de ciertos niveles que se tendrían que considerar colusorios” .

Más allá, en relación a la tendencia en el desempeño de los precios dentro de un mercado específico como eventual indicio de una práctica anticompetitiva –por ejemplo, colusión-, Motta advierte: “En lugar de ver el nivel de precios en la industria, se podría caer en la tentación de inferir la existencia de colusión (como una violación de la ley) analizando la evolución de los precios de la industria a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los tribunales y las autoridades de la competencia a veces han caído en la tentación de deducir la existencia de comportamiento colusorio (ilegal) a partir del hecho de que los vendedores cobran precios similares a través del tiempo, el llamado “paralelismo de precios” (o “paralelismo consciente”). Sin embargo, observar que los precios se mueven de una manera similar no es razón suficiente para determinar que las empresas son culpables de colusión. Los choques exógenos habituales, como el aumento de precio de los insumos de todos los proveedores, un aumento de la inflación o un aumento de los precios inmobiliarios, podrían llevar a todos los vendedores a aumentar los precios proporcionalmente sin que ello implicara que estuvieran coludiéndose”. (Las negritas y cursivas son nuestras).

Estamos muy lejos del fin de nuestra tragedia económica porque creemos que con el simple cambio de nombres de personalidades y con la ciertamente requerida estabilidad macroeconómica basta y sobra como para que el país apunte al progreso, como si la economía no es sino micro, y las instituciones y el modelo económico constituyen por excelencia las garantías e incentivos que posibilitan crear riqueza.