Economía

Opinión | La DUNCAN y el Estado de Derecho en Venezuela

Cuando en un país el Ejecutivo Nacional ordena o “llega a un acuerdo” con empresas privadas para que éstas puntualmente rebajen sus precios en un 50%, en medio de un escenario hiperinflacionario y sin que haya existido razonamiento suficiente al respecto, se podría presumir una gravísima señal de inexistencia de Estado de Derecho, del debido proceso y de derechos de propiedad.

Publicidad
Texto: Enrique González / Fotografía: Daniel Hernández-El Estímulo

Un control de precios y/o la imposición de rebajas constituye una limitación a las libertades económicas consagradas constitucionalmente, lo que debería indefectiblemente venir precedido de un debido proceso que resguarde los derechos de la parte afectada por la regulación, eventualmente producto de una decisión firme que valide con certeza el potencial abuso lesivo al consumidor final en el caso que se determinaran libremente los precios (caso de un monopolio natural). Alternativamente, en mercados potencialmente competitivos, podría ser impuesta una sanción a partir de un procedimiento administrativo basado en una norma de competencia que tipifique prácticas del tipo “precios excesivos” o un abuso explotativo directo de una posición de dominio.

Publicidad
Publicidad