¿Acaso tendremos en Venezuela una “transición tranquila” como planean Colombia y Brasil?

El 8 de mayo de 2024 se registró un punto de inflexión en relación a los escenarios postelectorales en Venezuela. Con unas elecciones pautadas para el 28 de julio, pero rodeadas de incertidumbre y preguntas de diversa índole, el flamante canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que el gobierno de Gustavo Petro trabaja junto al de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) en aras de lograr “una transición tranquila” con los actores venezolanos.

Lo señalado por Murillo no fue cuestionado por ningún vocero del gobierno de Nicolás Maduro, salvo por quien en otro momento se consideró el número dos del régimen, el hoy venido a menos Diosdado Cabello. El canciller colombiano no entró en polémica: “a palabras necias, oídos sordos”, respondió. Tres semanas después, el propio Murillo ha desmentido la versión filtrada por El País de que ya estaba en manos de Petro un pacto de convivencia democrática para la Venezuela posterior el 28 de julio.

Ciertamente Colombia, más que Brasil, se ha empleado a fondo en establecer pautas políticas para una eventual salida negociada de Nicolás Maduro del poder. Por fuentes diplomáticas en Caracas hemos sabido de diversas consultas, reuniones y condiciones que se han discutido en varios espacios. El bajo perfil de Petro, por otro lado, está atado al papel del chavismo en el proceso de paz con el ELN, un asunto muy preciado para el presidente colombiano.

Y no es sólo lo que lleva adelante la delegación diplomática colombiana en Venezuela; actores académicos e intelectuales dentro del país también han lanzado una suerte de cruzada, con Víctor Álvarez como principal referente, en aras de que se ofrezcan garantías de no persecución ni ilegalización del chavismo ante lo que se prevé sea una nítida derrota en las urnas. Básicamente se trata de poner sobre la mesa garantías previas para que el chavismo acceda a dejar el poder.

Volvamos a lo señalado por Murillo el 8 de mayo. Esta es la primera declaración explicita de un funcionario de alto nivel del gobierno de Petro, considerado aliado del chavismo, en relación a un cambio político en Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el gobernante Nicolás Maduro busca extender su permanencia en el poder por otros seis años más, hasta 2030.

Murillo, figura de la izquierda y de la defensa de derechos humanos en Colombia, con formación universitaria en los años finales de la extinta Unión Soviética, indicó que la vía para garantizar tal transición sea la aprobación de “un acuerdo de garantías democráticas”, previo al 28 de julio. Las recientes declaraciones de voceros opositores, señalando que ya existe un acuerdo firmado en Barbados y que el gobierno sencillamente lo ha incumplido, es una señal de que difícilmente antes de las elecciones se teja algún tipo de pacto, que es a lo que apuestan los países vecinos.

Álvarez, quien fue ministro en los años de Hugo Chávez y hoy es crítico de Maduro, no cree factible que antes del 28 de julio el chavismo acepte firmar un pacto como el que propone Petro, ya que sería entendido como el reconocimiento de su inminente derrota en las urnas. Sin embargo, para Álvarez, tal pacto debe estar preparado, y elaborado con la anuencia de países aliados del chavismo como Colombia y Brasil, para que sea parte de la negociación inmediatamente posterior a que las urnas reflejen el triunfo opositor.

Un acuerdo de esta naturaleza, que por razones de tiempo no podría ser llevado a consulta popular como habían sugerido Petro y Lula da Silva a mediados de abril en Bogotá, en términos prácticos debería ser firmado por Maduro y por el candidato Edmundo González Urrutia, quien de forma inesperada y gracias a varios giros, presiones y fruto de negociaciones se ha convertido en el abanderado de la oposición prodemocracia venezolana.

González Urrutia, de forma tímida y sin elaborar una propuesta como tal, adelantó que su gobierno se allanaría a una amnistía para facilitar la transición, con un discurso que apunta a la conciliación que no es justamente el mensaje que lleva la principal líder opositora María Corina Machado, electa en elecciones primarias para ser la candidata presidencial, pero sobre quien pesa una irrita inhabilitación administrativa.

Más que diferencias, existen sutilezas en los mensajes que cada uno de este tándem ofrece. Ambos son parte de una simbiosis política como estrategia. Mientras Machado encabeza los actos de masas en las calles de población pequeñas y periféricas, González Urrutia se reúne en Caracas con diplomáticos, líderes políticos opositores y activistas de derechos humanos.

Para el gobierno de Petro, según ha trascendido, existen dos compromisos fundamentales para ese período posterior que se abrirá después del 28 de julio en Venezuela. Si se cumplen los pronósticos que ofrecen las encuestadoras más respetadas de Venezuela, González Urrutia le sacaría una ventaja entre 25 a 30% a Maduro. En esa dirección, Bogotá apunta a comprometer al chavismo a que entregue el poder sin represión ni violencia, en caso de una victoria de la oposición que tiene como figura destacada a María Corina Machado, además del candidato presidencial.

Mientras que los actores de oposición, si se aprueba este pacto que impulsa Petro, se comprometerían a no generar un clima de persecución política y judicial en contra del chavismo derrotado.

Existen factores del chavismo que quieren seguir en la lucha política democrática y están interesados, y presionan en ese sentido, por pensarse más allá del 28 de julio. Sin que sean expresiones mayoritarias o muy visibles, existen suficientes señales para sostener que dentro del chavismo se viene gestando un clima de rechazo a la reelección de Maduro en vista de la grave crisis económica y social en la que se encuentra sumida Venezuela.

Y no se puede perder de vista este otro aspecto. Aunque Maduro podría perder la presidencia si se respeta la voluntad popular, el chavismo como tal conservaría muchos otros espacios de poder institucional: Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, mayoría de gobernaciones (provinciales) y alcaldías (municipales), con lo cual cobra relevancia la preocupación de Colombia por un clima de convivencia democrática una vez que pasen las elecciones.

En Venezuela habrá un periodo de cinco meses entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo gobierno. Estudiosos de la dinámica venezolana, como el politólogo Piero Trepiccione, sostienen que la transición venezolana debe visualizarse —en caso de que se produzca— como un proceso de cinco años y no de cinco meses, dada la presencia del chavismo en las instancias institucionales ya mencionadas, a lo que se suma la connivencia que tiene con el alto mando militar.

Las semanas previas, y más aún las posteriores a esta elección, serán cruciales en el cómo se definirá el futuro del chavismo, y el porvenir de Venezuela. Para el régimen de Maduro se abren varias posibilidades: 1) Profundiza la senda de represión masiva, que ya tuvo episodios en 2014 y 2017; 2) Repite los fraudes que le llevaron a la ilegitimidad en las presidenciales de 2018 y la elección de una Asamblea Constituyente en 2017; o sí, por el contrario sucede algo inédito y opta por una tercera opción, se abre otro camino, para allanarse a un pacto en el cual gobiernos latinoamericanos de izquierda (con vocación democrática) tendrían un rol de veeduría y acompañamiento.

*Una versión de este texto fue publicada previamente por el Centro para la Democracia y Apertura de América Latina (CADAL) en Buenos Aires.