OPINIÓN|Una nueva institucionalidad para Caracas

En los años noventa del siglo pasado se planteó el tema de la gobernabilidad de Caracas. Primero por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), cuyos estudios en esa materia fueron publicados en 1993 en el libro “Nuevos Escenarios para el Poder Local: Caracas” y, posteriormente, por la Fundación Plan Estratégico de Caracas, institución que en 1999 presentó el documento “Gobernabilidad Democrática de Caracas: Una Propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente”, el cual puede ser consultado en la Revista Urbana Nº 29 del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Año 2001.

Han pasado 20 años desde que la Fundación Plan Estratégico de Caracas presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente el documento antes mencionado contentivo de una propuesta para el establecimiento de un nuevo régimen de gobierno para Caracas.

En el mismo se planteaba la creación de un nivel distrital de gobierno que abarcara el ámbito territorial de la ciudad de Caracas, como capital de la República de Venezuela, asumiendo como tal ámbito aquel del llamado Valle Mayor y sus valles tributarios, o como tradicionalmente se le conoce, Valle de Caracas, a saber, el espacio que hoy es sede de los municipios Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre. Como resultado de ello, se aspiraba que en lo adelante la capital de la República tuviera una sola jurisdicción constitucional, un solo espacio urbano, con lo cual se superaría la fragmentación institucional, política y administrativa que había dado origen, sin interrupción hasta la fecha, a muy serios problemas de gobierno y coordinación.

Aparte de dejar en claro el tema del espacio territorial de la capital de la República como unidad político territorial de Caracas, también se planteó que éste tuviera dos niveles de gobierno: el distrital con jurisdicción sobre todo el valle de Caracas; y el municipal en cada una de las entidades locales, independientemente del número de ellos que llegara a existir dentro del nuevo territorio propuesto para la ciudad capital. El mantenimiento del régimen municipal dentro del ámbito de la ciudad capital, no significaba, sin embargo, que no se revisara el mapa territorial de los actuales municipios, ni los criterios que se había utilizado para su creación. Por el contrario, era aconsejable revisar ambos.

Con relación al régimen de nivel distrital, independientemente de la figura que se adoptara (Distrito Federal o Distrito Capital), era fundamental que se estableciera un régimen de gobierno autonómico y democrático, cuyas autoridades, tanto para la rama ejecutiva como la deliberativa, legislativa y de control, debían ser escogidas directamente por los electores residentes en la ciudad capital.

El hecho de que este espacio territorial sea el asiento de los poderes públicos nacionales no es motivo, ni justifica en forma alguna, que sus habitantes no tengan, a diferencia del resto de los ciudadanos del país, el derecho de elegir a sus propias autoridades.

Para el órgano ejecutivo, si se conservaba la figura del Distrito Federal debía estar representado por un gobernador. Si se optaba por la de Distrito Capital, suele utilizarse la expresión alcalde mayor. Sin embargo, en la propuesta de la Fundación Plan Estratégico de Caracas mantener la primera denominación, se justificaba no sólo por razones de respeto a la tradición, sino porque no debía haber diferencia alguna con los otros gobernadores en cuanto se refiere a su forma de elección, la duración de su mandato, las causales de remoción, las responsabilidades que asuma y el doble carácter como agente del Ejecutivo Nacional y como primera autoridad de gobierno y administración de la entidad distrital. Y en relación con sus funciones, eran las mismas que corresponden a todos los gobernadores más aquellas especiales por ser el espacio distrital sede de los poderes nacionales.

Una vez establecido el régimen distrital capitalino en los términos propuestos por la Fundación Plan Estratégico de Caracas, se esperaba que más adelante se procediera con la modificación del mapa municipal de Caracas, con la creación de varios municipios a partir del fraccionamiento de los municipios Libertador, Baruta y Sucre. En el caso del El Libertador era posible su fraccionamiento en 4 o 6 municipios, Baruta en 3 y Sucre en 2. La municipalización de Caracas (municipios más pequeños con gobiernos locales cercanos a los ciudadanos) sería posible, siempre que existiera un nivel superior de gobierno (en este caso, el distrital) que abarcara la visión de conjunto de la ciudad, con las competencias de escala distrital.

Como se sabe, la propuesta que hizo la Fundación Plan Estratégico de Caracas no se aprobó y en su lugar surgió un esquema de orden metropolitano que no funcionó adecuadamente porque tuvo graves fallas de origen. El Art. 18 de la Constitución de 1999 ordenó la creación de un área metropolitana que integra a los municipios de Caracas, para la coordinación de los asuntos comunes en la ciudad. Para cumplir con ese mandato fue creado en el año 2000 el “Distrito Metropolitano de Caracas”, que es un ente político administrativo, no comparable a las entidades políticos territoriales de la República, como son los estados. El órgano de gobierno que se estableció para esa “área metropolitana” fue la Alcaldía Metropolitana, la que finalmente es eliminada el 20 de diciembre de 2017 por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, por razones fundamentalmente políticas.

La capital de la República ahora no tiene ningún ente de planificación y coordinación por encima de los municipios que la integra. Es decir, la ciudad desde el punto de vista de su situación de gobernabilidad ha retrocedido al estado inicial del año 1999 cuando la Fundación Plan Estratégico de Caracas hizo su propuesta para el establecimiento un nuevo régimen de gobierno para Caracas.

El otro tema fundamental que afecta a Caracas es la metropolitanización, que tampoco se ha podido solucionar. Para ello debe existir un nivel de gobierno que abarque los 17 municipios que conforman la Gran Caracas o la Caracas Metropolitana, ubicados en Guarenas-Guatire, en los Altos Mirandinos, en los valles del Tuy Medio y en el Litoral Central. Ese nivel de gobierno metropolitano no tiene carácter político territorial, porque no es una entidad federal; es un gobierno de coordinación y planificación para la inversión, prestación y gestión de servicios fuera de los propios límites administrativos de los municipios. En la Gran Caracas o la Caracas Metropolitana cohabitan 3 entidades políticos territoriales (Estados Miranda y Vargas, y el actual Distrito Capital), 17 municipios y diferentes órganos del gobierno nacional, para brindar los servicios básicos a más de 4 millones de personas.

En otras palabras, tenemos múltiples y diferentes agencias públicas o privadas prestando servicios por toda la zona metropolitana con poca o nula coordinación entre sí. Por su impacto, la planificación del territorio, gestión del agua y la basura, así como operación del transporte público, son temas que deberían atenderse a nivel metropolitano y no a una escala local. Ya sea en coordinación o bajo un gobierno metropolitano.

20 años después el problema de la gobernabilidad de Caracas sigue siendo la principal prioridad estratégica de la urbe capitalina y de su área metropolitana extendida; su solución permitirá crear un contexto institucional adaptado a los nuevos tiempos de la compleja realidad metropolitana, condición prácticamente imprescindible para impulsar un proceso de desarrollo socioeconómico auténtico y sustentable, en correspondencia con una visión moderna para la capital de la República y su entorno metropolitano.